Con una gestión marcada por un escenario externo inédito, atravesado por la pandemia de coronavirus y la guerra en Ucrania, el Gobierno de Alberto Fernández logró sostener el crecimiento económico mientras se pone el foco en la necesidad de mejorar la distribución del ingreso. Con crecimiento, inflación, y las elecciones en el horizonte, el gobierno cumple 3 años.

El Gobierno del presidente Alberto Fernández cumplirá este sábado tres años de una gestión que se vio marcada por un escenario externo inédito en los últimos 100 años, atravesado por la pandemia de coronavirus y la guerra en Ucrania, pero que en el plano interno logró sostener el crecimiento económico mientras se pone el foco en la necesidad de mejorar la distribución del ingreso y disminuir la inflación, con las elecciones presidenciales del año próximo en el horizonte.

En los casi 13 meses que pasaron desde las legislativas de noviembre del año 2021, la Casa Rosada vivió de todo: desde una temporal relajación de los efectos de la pandemia hasta el inicio de un conflicto bélico en Europa del Este que provocó el alza de los precios internacionales con el consiguiente recrudecimiento de la inflación local, y finalmente la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía tras la salida de Martín Guzmán y el breve interregno de Silvina Batakis.

El entendimiento con el FMI

Además, y aunque parece haber sucedido un siglo atrás, a finales de enero de este año la Argentina y el Fondo Monetario Internacional anunciaron un entendimiento para renegociar los más de 40.000 millones de dólares de deuda con el organismo que había tomado la gestión de Mauricio Macri.

Tal como se había comprometido en una ley, el Gobierno buscó que el Congreso refrendara el programa acordado con el FMI: ese proceso desembocó en un escenario inédito, con los legisladores del oficialismo votando divididos y la oposición de Juntos por el Cambio votando a favor, luego de extensas negociaciones.

Aquella división circunstancial del Frente de Todos (FdT) en torno a la estrategia con la que negoció con el organismo y sobre las consecuencias que acarrearía la aceptación del acuerdo en la asignación del presupuesto, o los efectos que hubiera implicado un rechazo, sigue siendo sostenida por los principales dirigentes de cada sector interno.

Así como el exjefe del bloque del FdT en la Cámara baja Máximo Kirchner y muchos dirigentes del kirchnerismo siguen defendiendo el rechazo al programa, los representantes del FdT más cercanos a Alberto Fernández -como la actual ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, por ejemplo- continúan ponderando la aprobación.

La guerra en Ucrania y cambios en el Gabinete

Sin embargo, es notorio que el acuerdo alcanzado con el organismo que dirige la economista búlgara Kristalina Georgieva se produjo en un mundo que cambiaría su fisonomía tan solo un mes después, a partir de la invasión de Rusia a Ucrania: las economías se cerraron, subieron los precios de los alimentos y de la energía, y la Argentina vio cómo su inflación se duplicaba.

Fernández lo alertó desde el inicio y lo sigue haciendo en cada foro al que asiste, desde el Mercosur, hasta el G20, pasando por el G7: «Los misiles vuelan en el hemisferio norte y generan hambre en el sur del mundo», señaló oportunamente.

En ese sentido, las últimas estimaciones señalan que la Argentina ya perdió 5.000 millones de dólares a causa de la guerra y, aunque ha cumplido con todas las metas acordadas con el FMI, tanto el jefe de Estado como el ministro Massa siguen insistiendo en la necesidad de hacer un replanteo porque el acuerdo con el Fondo, subrayan, ya quedó viejo.

Aunque Guzmán pronosticaba una «normalización» progresiva de las variables económicas, en junio Fernández recibió la renuncia de uno de sus hombres de confianza, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y un mes más tarde -con la inflación llegando a 7.4% mensual y en medio de lo que muchos analistas definían como una corrida- la del propio titular del palacio de Hacienda.

Massa asumió en Economía concentrando varios ministerios, con críticas a las negociaciones llevadas adelante por Guzmán, y con la prioridad de corto plazo puesta en sumar dólares en las reservas del Banco Central para impedir un shock financiero; al garantizarse cierta estabilización el objetivo pasó a ser contener los precios, requisito clave para darle competitividad al FdT en las elecciones presidenciales.

Con la llegada de Massa, el Gobierno logró además desbloquear el acceso a créditos de organismos multilaterales, en particular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyos fondos fortalecieron las arcas de la autoridad monetaria.

Con la economía creciendo por segundo año consecutivo y encaminada para hacerlo en 2023, el poder adquisitivo también será central: el jefe de Estado y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, coinciden en la necesidad de que los salarios deben ganarle a la inflación, aunque la dos veces primera mandataria va más allá y apunta contra las abultadas ganancias empresarias producto de la situación extraordinaria, que alejan cada vez más la distribución del producto del famoso «fifty-fifty».

También quedará para el año que viene la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner, la obra infraestructural que permitirá ampliar la provisión y exportación de energía, lo que a su vez significaría el comienzo del fin de los problemas de la matriz energética, uno de los puntos centrales de la sangría de divisas que el país sufre año tras año.

El Poder Judicial en el centro de las discusiones

En el plano político, el atentado contra Fernández de Kirchner y su reciente condena en primera instancia a seis años de prisión con inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos han sido y serán las marcas indelebles del 2022.

En ambas causas, el accionar del Poder Judicial quedó en el centro de las discusiones: en la primera, a través de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien es señalada por la demora en la investigación, por la escasa pericia mostrada en la recolección de pruebas -como la pérdida de datos del celular de Fernando Sabag Montiel-, y por sus vínculos con el principal partido opositor, el PRO.

Otro de los elementos que siembra sospechas sobre sectores de la Justicia es la estrecha relación entre fiscales y jueces, quienes han sabido compartir espacios de esparcimiento con el expresidente Mauricio Macri al igual que con representantes del Grupo Clarín, como Jorge Rendo y Pablo Casey, según se desprende de la reciente filtración de chats de un vuelo privado a Lago Escondido.

Los coletazos políticos no han sido menores: en su primera aparición pública luego del intento de magnicidio, la Vicepresidenta dijo que haría «lo que tuviera que hacer» para lograr que el pueblo pueda «organizarse en un proyecto de país» y, después de la condena de esta semana, anunció que en los comicios de 2023 no será candidata a ningún cargo.

Esas declaraciones, que se suman a las del Presidente al plantear que en este momento no piensa en candidaturas y a las de Massa que afirma que no cuenta con «contexto familiar para encarar una batalla electoral», abren todo tipo de especulaciones sobre el futuro binomio de candidatos que presentará el FdT en las próximas elecciones.

Fernández aspira a que el oficialismo retenga el poder; sostiene que quien asuma el 10 de diciembre de 2023 -cuando se cumplan 40 años del retorno de la democracia- contará con la oportunidad única de diversificar la matriz productiva al sumar a la tradicional exportación agropecuaria la capacidad de convertirse en proveedor mundial de gas, hidrógeno verde y litio.

El premio del esfuerzo, en todo caso, no será poco para quien gane.