En menos de 48 horas, Javier Milei modificó las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior, que son parte del consenso post-dictadura. Era un viejo objetivo de Patricia Bullrich, que causa preocupación en la oposición y en organismos de DDHH.

En menos de 48 horas, el gobierno de Javier Milei modificó por decreto las leyes de Defensa Nacional (23.554) y de Seguridad Interior (24059) –que son parte del consenso democrático al que se arribó después de la experiencia criminal de la última dictadura. Con esta reforma, la administración de La Libertad Avanza (LLA) da nuevas herramientas legales para que las Fuerzas Armadas tengan mayor presencia y puedan intervenir en cuestiones de seguridad interior. Desde Unión por la Patria (UxP) advirtieron sobre una nueva incursión del Poder Ejecutivo sobre las facultades del Congreso.

“Prometimos, cumplimos”, escribió en sus redes sociales el ministro de Defensa, Luis Petri. Anunciaba así que, gracias al decreto 1112 que reforma el sistema de defensa nacional, Milei había ampliado la capacidad de las Fuerzas Armadas. “Ahora podrán intervenir no solo ante amenazas de otros Estados, sino también frente a actores no estatales como organizaciones terroristas y transnacionales. Además, permite el despliegue en zonas fronterizas para proteger a nuestra Nación donde más se necesita. Estamos jerarquizando y fortaleciendo a nuestras Fuerzas Armadas”, completó Petri.

El punto central del decreto 1112 –celebrado por el ministro de Defensa– es que deroga el decreto 727/2006 de Néstor Kirchner. En ese momento, por impulso de la ministra Nilda Garré, se había reglamentado la ley de Defensa Nacional –aprobada en 1988– diciendo que las Fuerzas Armadas solamente estaban facultadas a intervenir ante agresiones externas de otros Estados.

Durante el gobierno de Mauricio Macri se había derogado el decreto 727, estableciendo que las Fuerzas Armadas podrían intervenir ante agresiones externas, ya no hacía falta que fueran de otros Estados, lo que daba pie a la doctrina de las «nuevas amenazas» que tiene especial impulso desde Estados Unidos. 

Patricia Bullrich, quien logró instalar a Petri en Defensa, es una promotora de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Por el contrario, la vicepresidenta Victoria Villarruel –con quien la ministra sostuvo una trifulca por el gendarme argentino retenido en Venezuela– sostiene su oposición a que los militares se inmiscuyan en el conflicto interno a sabiendas de que no están facultados a “combatir” con civiles.

El jueves, la administración Milei había dado otro paso hacia el borramiento de la distinción entre defensa y seguridad, que guió las últimas décadas de la democracia argentina. A través del decreto 1107, el Presidente decidió que las Fuerzas Armadas pueden ser afectadas a la custodia de “objetivos de valor estratégico”, a los que definió con vagamente como “cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas y las entidades materiales de vital importancia para el Estado nacional que, en caso de ser dañados parcialmente o destruidos, ocasionarían graves perjuicios a la vida y bienestar de los habitantes del país, a su economía, al ambiente o a la propia seguridad de la Nación, limitando, posponiendo o impidiendo su desarrollo”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que, a partir de este decreto, el Presidente puede decidir la intervención de las Fuerzas Armadas en un conflicto o problema de seguridad interior. “Es decir, puede militarizar la protección de Vaca Muerta, los aeropuertos y puertos, Plaza de Mayo o la CABA (como centro político y económico del país)”, escribieron en sus redes sociales.

Es que es el Poder Ejecutivo Nacional el que tiene la competencia “exclusiva”para fijar qué es un objetivo de valor estratégico. La decisión, dice el decreto, puede quedar en manos del jefe de gabinete, la ministra de Seguridad y el ministro de Defensa.

El decreto le da un poder especial a Bullrich, ya que el ministerio de Seguridad puede convocar a las Fuerzas Armadas para custodiar estos objetivos de valor estratégico. En ese supuesto, Bullrich tendría a su cargo a las fuerzas militares y las fuerzas de seguridad.

“Es un paso más que da un proyecto político que viene con esta idea desde hace mucho tiempo”, dice Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del CELS. “No es que se haya verificado alguna situación nueva que planteara un desafío sino una idea que busca poner en práctica un sector que acumula lugares de poder”.

Durante el gobierno de Cambiemos, Bullrich había intentado avanzar en esta línea, pero encontraba resistencias dentro del ministerio de Defensa, que estaba manejado por los radicales. En la administración de LLA pudo avanzar varios casilleros, más incluso de lo que anunciaban algunos de sus asesores en campaña. El coronel retirado Marcelo Rozas Garay, que integraba los equipos de Bullrich y actualmente es subsecretario de Planeamiento de Defensa, había dicho: “Se abandonará el concepto de que (las Fuerzas Armadas) solo actuarán frente a agresiones externas”. Fueron más allá.

“Además, modificaron las atribuciones de las Fuerzas Armadas, que deberían estar reguladas por ley, sin pasar por el Congreso”, destacó Tufró. En esa línea, un grupo de diputados de UxP hizo saber su “profunda preocupación” por los avances del Poder Ejecutivo Nacional sobre las facultades exclusivas e indelegables del Poder Legislativo Nacional. La declaración es impulsada por Ricardo Herrera, Leopoldo Moreau, Paula Penacca, Eduardo Valdés, Blanca Osuna y Eduardo Toniolli, entre otros.

“Lo primero que hay que decir es que no prosperó en el Congreso el proyecto para reformar la ley de Seguridad interior y encontraron una vía alternativa”, hace notar la exministra de Seguridad Sabina Frederic, que expresa su preocupación por el borramiento de los límites entre Seguridad y Defensa. “No solo porque estamos convencidos de seguir en este camino, sino porque, además, no hay nada que justifique ese movimiento”, dice.

“Las fuerzas de seguridad crecieron en todas las jurisdicciones, también a nivel federal. Argentina tiene la mayor tasa de policía en la región. No hay nada que justifique este desplazamiento de las Fuerzas Armadas a cuestiones de seguridad interior. Es ideológico. No está destinado a resolver ningún conflicto y va a tener consecuencias graves sobre las fuerzas. Va a generar un caos porque hace 35 años que Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad están separadas”, dice la antropóloga.

El exministro de Defensa Agustín Rossi explicó en declaraciones a AM750 que el gobierno va en contra de la tendencia mundial. En un contexto mundial de hostilidades políticas y conflictos bélicos en Oriente Medio y Europa, Rossi afirmó que no parece «estratégico» involucrar al Ejército argentino en cuestiones domésticas, y aseguró que debilita la tarea de la defensa nacional ante posibles agresiones externas.

«Ellos vienen insistiendo hace mucho tiempo que un desplazamiento militar, es decir, un convoy de camiones del Ejército que va desde Córdoba a Campo de Mayo se asemeja a un regimiento y que, entonces, ante cualquier agresión, no necesitarían un accionar de las fuerzas de seguridad, sino que podrían accionar por sí mismos», ejemplificó Rossi.

No está claro aún cuán convencidas están las Fuerzas Armadas de emparentarse con las fuerzas de seguridad. La familia militar más rancia se opone. De hecho, después de que Bullrich y Petri anunciaran la reforma en marzo de este año, Cecilia Pando y compañía salieron a reclamarles que antes de involucrar a los militares en el conflicto interno «solucionen» la situación de los que siguen presos por los crímenes que cometieron.

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