El Gobierno derogó 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura. La medida busca reducir la burocracia y limitar la intervención estatal a los controles de calidad del vino embotellado.
El Gobierno nacional derogó 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) con el objetivo de simplificar la regulación del sector y eliminar la intervención estatal en las etapas productivas. La decisión fue oficializada este viernes mediante la Resolución 37/2025, publicada en el Boletín Oficial.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que con esta medida se “deja atrás un régimen en el que el Estado pretendía controlar cada paso del proceso productivo para pasar a un modelo enfocado exclusivamente en garantizar la aptitud para consumo del vino”.
A través de sus redes sociales, Sturzenegger destacó que la industria vitivinícola argentina “ya mostró lo que puede dar”, al producir 900 millones de litros por año y exportar cerca de 800 millones de dólares anuales, posicionando al país como quinto productor mundial. Sin embargo, advirtió que el consumo global está en descenso y que los gustos cambian, por lo que consideró necesario “darle a la industria la flexibilidad y libertad necesarias para adaptarse a este cambiante entorno”.
De acuerdo con la resolución, el INV dejará de intervenir en las etapas iniciales e intermedias de la producción, como el viñedo, la cosecha, la elaboración o el transporte, para concentrarse únicamente en el control de los productos finales embotellados. Su función principal será garantizar que los vinos sean aptos para el consumo y no estén adulterados.
Además, los controles de trazabilidad —como las certificaciones de origen, añada y varietal— serán optativos y podrán ser gestionados por los propios productores o por entidades privadas, según las necesidades comerciales de cada empresa. El nuevo esquema alcanzará a productores de uvas, bodegas, fábricas de mosto y espumosos, plantas de fraccionamiento, distribuidores, exportadores, importadores y laboratorios enológicos.
El ministro remarcó que la magnitud del sistema anterior era excesiva: “En 2024, el INV emitió 140.000 permisos de tránsito y realizó más de 5.000 inspecciones a bodegas. Hay registros de empresas que recibían una inspección cada dos días”.
Sturzenegger afirmó que “menos burocracia son menos oportunidades para la corrupción” y explicó que, con la eliminación de las fiscalizaciones intermedias, “los inspectores sólo tomarán muestras de los productos embotellados y los enviarán a analizar, cerrando la puerta a la discrecionalidad”.
Finalmente, destacó que con esta reforma “ya no andarán los inspectores del INV interfiriendo en la producción de las bodegas”, y sostuvo que “la inmensa mayoría de las bodegas hace años que no tiene problemas. ¿Por qué tratarlos como delincuentes? Ya bastantes dificultades tiene el negocio en sí mismo para que el Estado ande complicando las cosas”, concluyó.
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