NacionalPolítica & Economía
El Frente de Todos prepara su estrategia para las etapas del juicio político a la Corte.

El Frente de Todos (FdT) prepara en la Cámara de Diputados su estrategia para enfrentar una de la etapas cruciales del proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, que es la admisibilidad del enjuiciamiento y la apertura del sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
La comisión de Juicio Político que conduce la legisladora oficialista Carolina Gaillard tiene previsto votar el 9 de febrero el dictamen que propondrá el FdT para establecer la admisibilidad de los pedidos de juicio político.
En la primera reunión, realizada el jueves pasado, el oficialismo logró quorum propio para iniciar el debate pese al intento de los representantes de Juntos por el Cambio (JxC) de boicotear el inicio de las sesiones. El quórum fue posible gracias a una bancada abroquelada detrás de la postura de impulsar el proceso de remoción de los cuatro ministros del máximo tribunal del país.
Tras amagar con ausentarse cuando se anunció la presentación del proyecto del oficialismo, los legisladores del interbloque opositor terminaron asistiendo al debate en la comisión y esto fue leído desde el FdT como una legitimación del procedimiento de juicio político a los integrantes de la Corte, que impulsa el Gobierno nacional con el apoyo de gobernadores.
La primera reunión de la Comisión marcó el pulso que tendrá este proceso legislativo, que desde su arranque se caracterizó por los fuertes cruces que mantuvieron los representantes del oficialismo y del JxC.
El oficialismo descuenta la presencia mayoritaria de sus 16 diputados en todas las reuniones, y voceros del FdT aseguran que eso es lo que sucederá el próximo jueves, a partir de las 11, cuando se presenten los autores de los 14 proyectos formulados para remover a los cuatro integrantes del alto tribunal.
En tanto, desde la Coalición Cívica se buscará solo la destitución de Lorenzetti, quien fue denunciado en varias oportunidades por la fundadora de ese espacio político, la exdiputada Elisa Carrió.
Las acusaciones por el juicio político.
El oficialismo promueve el juicio político contra los cuatro jueces con el impulso del presidente Alberto Fernández y mandatarios provinciales, quienes advierten que Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti incurrieron en la causal de mal desempeño en el ejercicio de su labor al frente del tribunal que ejerce el rol de superintendencia del Poder Judicial.
Las acusaciones del Ejecutivo se fundan principalmente en el fallo de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el litigio que mantiene con Nación por los fondos coparticipables, y también por reponer después de 16 años la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con una composición de 20 miembros, y que había sido derogada por el Congreso.
También se cuestiona al máximo tribunal el haber legitimado en 2017 el cómputo del «2×1» para que Luis Muiña, un represor de la última dictadura cívico-militar, accediera al beneficio de la libertad condicional.
Otro de los causales son una serie de «irregularidades, incumplimientos y desmanejos» en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), que es administrada por la propia Corte.
Un dato de cómo será el proceso lo marcó el oficialismo cuando anunció -ante una consulta de la oposición- que el proceso se hará mediante el mecanismo de plenario y no a través de una subcomisión como ha sucedido en el pasado, según explicó el presidente del bloque del FdT, el santafesino Germán Martínez.
Para que se abra la investigación deberá ser aprobada primero la admisibilidad de los 14 pedidos de juicio político, algo el oficialismo tendría asegurado con la mayoría que ostenta en la Comisión.
A partir de la apertura del sumario, el oficialismo impulsará el pedido de documentación y diagramarán la citación a los testigos.
El FdT quiere convocar al ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro; a mandatarios provinciales; a Silvio Robles -vocero y mano derecha de Rosatti-, y a Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño que se encuentra en uso de licencia.
A fines del año pasado trascendieron en los medios de comunicación una serie de chats intercambiados a través de la aplicación Telegram que fueron atribuidos a D’Alessandro, y en varios de esos mensajes había intercambios del funcionario porteño con Robles.
En esas conversaciones, el colaborador de Rosatti le sugería al ministro porteño distintas estrategias que debía llevar a cabo el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ante el litigio que la ciudad de Buenos Aires mantenía con Nación por los fondos coparticipables adicionales que Mauricio Macri redirigió al distrito porteño en 2016.
El oficialismo pretende que esos chats sean también motivo de análisis en la comisión de Juicio Político, como parte del proceso de remoción a los actuales magistrados de la Corte.
También serán convocados como testigos los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Jorge Capitanich (Chaco); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Ricardo Quintela (La Rioja); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Sergio Ziliotto (La Pampa); Raúl Jalil (Catamarca); Mario Arcioni (Chubut) y Gildo Insfrán (Formosa).
La lista se completará con abogados expertos en Derecho constitucional y organismos de derechos humanos, entre otras entidades.
A partir de allí habrá otra compulsa entre el oficialismo y la oposición sobre las potestades que tendría la comisión de Juicio Político al momento de citar de forma obligatoria a los testigos.
El reglamento establece que los magistrados y funcionarios indicados en el artículo 250 del Código Procesal Penal, con excepción del presidente y vicepresidente de la Nación y los gobernadores y vicegobernadores de las provincias, estarán igualmente obligados a comparecer a testimoniar ante la Comisión.
«Cuando la Comisión hubiera dispuesto la comparecencia de alguna de estas personas a declarar como testigo y las mismas injustificadamente no concurrieran, se remitirán los antecedentes del caso a los organismos que ejerzan autoridad disciplinaria sobre ellas, a los fines que correspondan, sin perjuicio de las responsabilidades penales y políticas que la Comisión entienda que puedan corresponder por la incomparecencia», establece el reglamento.
Para la segunda sesión del próximo jueves está prevista la exposición de los diputados del FdT Vanesa Siley, María Rosa Martínez, Pablo Carro y Eduardo Valdés, por los tres expedientes tramitados por el oficialismo.
En el primer caso se analizarán denuncias contra Rosenkrantz, y luego dos presentaciones contra los cuatro integrantes del máximo tribunal.
En tanto, la diputada de la Coalición Cívica (CC) Paula Oliveto expondrá sobre denuncias impulsados por la CC contra Lorenzetti.
La senadora Juliana di Tulio, del FdT, hará lo propio en relación a los dos expedientes que impulsa: uno contra los cuatro miembros de la Corte y otro concentrado en Rosatti.
También asistirán a esta reunión la Asociación Argentina de Juristas, que solicitó juicio político contra los cuatro magistrados, al igual que la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales, que lo hizo contra Rosenkrantz y Lorenzetti.
Los particulares Antonio De Martino, Ricardo La Greca y Patricia Isasa darán sus fundamentos en relación al pedido que realizaron contra los cuatro integrantes, mientras que el abogado Pablo Llonto junto a Diego Sánchez lo harán sobre los escritos presentados en relación al desempeño de Rosatti en relación a las causas por crímenes de lesa humanidad.

NacionalPolítica & Economía
Pese a la tregua en Medio Oriente, sigue la tensión en los mercados

El alto el fuego entre Israel e Irán dio luz verde para volver a los activos de mayor riesgo y dejar de lado las preocupaciones inmediatas sobre una crisis energética.
Aunque el alto el fuego en Medio Oriente trajo algo de calma a los mercados, las bolsas aún no terminan de recuperarse. El dólar baja, mientras el petróleo, que era una de las grandes preocupaciones en medio de la guerra, sube.
El alto el fuego entre Israel e Irán dio luz verde para volver a los activos de mayor riesgo y dejar de lado las preocupaciones inmediatas sobre una crisis energética.
Las europeas bajan, mientras los inversores consideraron el alto el fuego entre Israel e Irán como una señal de relajación de las tensiones. El índice paneuropeo STOXX 600 avanzaba un 0,2%, hasta 542,12 puntos. Los grandes índices del Viejo Continente muestran retrocesos superiores al 1%.
El alto el fuego mediado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre Irán e Israel parecía mantenerse el miércoles, un día después de que ambos países señalaran que su guerra aérea había terminado, al menos por ahora. El enviado de Trump a Medio Oriente dijo el martes por la noche que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán eran «prometedoras» y que Washington tenía esperanzas de alcanzar un acuerdo de paz a largo plazo.
Los valores automovilísticos europeos lideraban las ganancias sectoriales con una subida del 1,2%, mientras que los valores de defensa subían un 0,9%. En el lado opuesto, las acciones de medios de comunicación descendían un 0,6%. Stellantis subía un 3,4% después de que la correduría Jefferies elevara la calificación del fabricante de automóviles de «mantener» a «comprar».
Los precios del petróleo avanzaban el miércoles, encontrando un respiro tras desplomarse en las dos sesiones anteriores. Los futuros del crudo Brent subían 85 centavos, o un 1,3%, a u$s67,99 el barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganaba 87 centavos, o un 1,4%, a u$s65,24. El Brent se situó el martes en su nivel más bajo desde el 10 de junio y el WTI desde el 5 de junio, ambos antes de que Israel lanzara un ataque sorpresa contra instalaciones militares y nucleares iraníes el 13 de junio.
Los precios habían subido a máximos de cinco meses después de que Estados Unidos atacara las instalaciones nucleares iraníes el fin de semana.
«Los precios mundiales de la energía se están moderando tras el alto el fuego entre Israel e Irán. La hipótesis básica de nuestros estrategas petroleros sigue anclada en los fundamentales, que indican una oferta mundial de petróleo suficiente», señalaron los analistas de J.P. Morgan en una nota a clientes.
Más adelante, la atención se centrará en la cumbre de la OTAN, en la que el gasto en defensa será uno de los temas principales.
Los inversores también estarán pendientes de la del presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, ante el Senado el miércoles.
En tanto, las bolsas asiáticas subieron. El índice japonés Nikkei aumentó un 0,3% y el índice de referencia de la bolsa australiana subió un 0,1%, mientras que el índice de Taiwán ganó un 0,9%. El Hang Seng de Hong Kong creció un 0,8% y los valores de primera fila de China continental sumaban un 0,5%. El índice MSCI de valores mundiales se mantenía estable tras alcanzar un máximo histórico el día anterior.
El dólar se debilitaba y se situaba cerca de mínimos de casi cuatro años frente al euro, y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años caían a mínimos de un mes y medio, mientras la bajada de los precios del petróleo reducía el riesgo de un repunte de la inflación para los bonos.
La inestable tregua se ha mantenido hasta ahora, aunque Israel dice que responderá con contundencia a los ataques con misiles iraníes que ocurrieron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el fin de las hostilidades.
«A pesar de que el alto el fuego entre Israel e Irán parece algo frágil, los mercados lo están ignorando», dijo Kyle Rodda, analista de mercados financieros de Capital.com. «Siendo realistas, a los mercados no les importa si continúa un conflicto limitado entre los dos países, compuesto principalmente de ataques aéreos», dijo. «Lo que realmente importa es la posibilidad de una guerra más amplia, con una mayor intervención estadounidense y un bloqueo iraní del estrecho de Ormuz. Y por ahora, los riesgos de que eso ocurra parecen bajos».
/ámbito
NacionalPolítica & Economía
Misión internacional de DDHH cuestionó la tobillera a Cristina Kirchner y exigió una condena digna

Los expertos afirmaron que la imposición de la tobillera electrónica «podría implicar un trato cruel, inhumano o degradante y constituir una forma de tortura psicológica».
Una misión internacional de especialistas en Derechos Humanos publicó un dictamen que apuntó contra la tobillera electrónica que dispuso la Justicia a la ex presidenta Cristina Kirchner para cumplir su condena y la consideró innecesaria, inadecuada, desproporcionada y violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En tanto, exigió al Poder Judicial a «garantizar que el cumplimiento de la pena respete la dignidad, los derechos y garantías de toda persona privada de libertad«.
En un texto público, la misión integrada por personalidades del ámbito jurídico, político y académico de América Latina consideró “innecesaria, inadecuada, desproporcionada y violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” la imposición de un dispositivo de vigilancia electrónica a la exnpresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa en su contra.
Irregularidades en las disposiciones de la condena de Cristina Kirchner
El documento hizo un análisis sobre las condiciones de cumplimiento de la prisión domiciliaria de la ex presidenta y apuntó en particular sobre la decisión judicial que impone la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica (tobillera), y no se expide sobre el fondo de la causa penal ni sobre el proceso general que derivó en la condena, «aunque el caso se encuentra bajo seguimiento atento por parte de los expertos internacionales debido a las reiteradas denuncias públicas de irregularidades, vulneraciones de garantías y afectación del debido proceso».
/Ed
NacionalPolítica & Economía
El Gobierno eliminó dos obras sociales por irregularidades

El Ejecutivo continúa un proceso iniciado por la Superintendencia de Servicios de Salud, que ya dispuso la baja de otros prestadores.
A través de las resoluciones 1092/2025 y 1093/2025 publicadas en el Boletín Oficial este lunes y firmadas por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el Gobierno resolvió dar de baja del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS) a dos obras sociales: la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda y la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín.
Con estas medidas, ya suman cinco las obras sociales dadas de baja del RNAS en los últimos días. La semana pasada fue excluida la Obra Social del Personal Aduanero. Además, se iniciaron trámites de baja para la Obra Social del Personal de la Industria Botonera y la del Personal Cinematográfico de Mar del Plata.
Según la Superintendencia de Servicios de Salud, las decisiones son el resultado de una evaluación integral de la situación institucional de las diferentes entidades, realizada por personal técnico del organismo, que viene realizando auditorías en profundidad desde el inicio de la gestión.
Según las resoluciones publicadas, ambas entidades estaban declaradas en situación de crisis desde hace más de dos años. Durante ese período, la Superintendencia había formulado observaciones y solicitado que se subsanen las irregularidades detectadas. No obstante, las administraciones de las obras sociales no presentaron la documentación e información requerida, lo que motivó la baja de la inscripción en el registro nacional.
Respecto a los demás casos, las conclusiones establecieron que presentan una crítica situación institucional y prestacional. «Esto es debido a la merma en su población beneficiaria, con la consecuente reducción de aportes y contribuciones, al incremento de los costos de insumos médicos, a deudas originadas en amparos judiciales y a dificultades en la contratación de prestadores, de acuerdo a lo que alegó la entidad», señalaron.
Es importante destacar que los beneficiarios de la Obra Social tienen garantizada la continuidad de la cobertura de salud a partir de ejercer el derecho a realizar la opción de cambio a otro Agente. De no hacerlo, será la Superintendencia de Servicios quien asigne una cobertura de similares características, aclaró el Ejecutivo para todos los casos.
Esta medida se da en el marco del reordenamiento del sistema de salud que impulsan el Ministerio de Salud y la Superintendencia con el objetivo de alcanzar la sustentabilidad de los Agentes y garantizar servicios de salud de calidad a sus beneficiarios.
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