El Estado Nacional, que ya tenía participación, volcó US$15 millones y se quedará con el 63,7%. Se suma como accionista la provincia de Mendoza, que aportó otros US$5 millones y tendrá el 21,2% del paquete.
Matías Kulfas escuchó las plegarias de la empresa metalúrgica Impsa, fundada por la familia Pescarmona. En un Zoom que compartió con el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, y el CEO de la firma, Juan Carlos Fernández, el ministro de Desarrollo Productivo anunció un aumento de la participación accionaria que deja al Estado con el 85% del control sobre la firma. Un movimiento que, a diferencia del que se intentó hacer sobre Vicentin, fue abiertamente solicitado por la empresa y conversado a lo largo del último año.
Tanto fuentes oficiales como de la empresa buscaron evitar el término “estatización”. Insisten en que se trata de un aumento de la participación accionaria del Estado Nacional, que volcó US$15 millones y se quedará con el 63,7% de la empresa, y de la incorporación como accionista de la provincia de Mendoza, que aportó otros US$5 millones y ostenta el 21,2% del paquete. El porcentaje restante (15,1%) permanecerá en manos privadas: 9,8% en un fideicomiso de acreedores y 5,3% en la familia fundadora.
La firma mendocina, que exporta el 80% de su producción, tiene una deuda de US$500 millones reperfilada a fines de 2020 y niveles de actividad golpeados por la pandemia. Ya en diciembre pasado el Ministerio de Desarrollo Productivo había diseñado un programa a imagen y semejanza de las necesidades de la empresa —el Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos (Paeerp)— con el que se hizo cargo del 75% de los salarios brutos de los 720 empleados de Impsa durante cuatro meses. Antes la había socorrido por la vía del ATP.
En junio de 2020 el CEO de Impsa, Juan Carlos Fernández, le envió una carta al ministro Kulfas en la que le solicitó la asistencia necesaria para «garantizar la continuidad de proyectos nacionales de importancia estratégica” para la Argentina como el desarrollo del reactor nuclear Carem, la renovación de las turbinas de Yacyretá o la provisión de equipos para YPF. Proyectos que, alegaba, no podían ser concretados por otra firma local.
/ElDiarioAR
