Además del paquete judicial, figura una batería de iniciativas económicas solicitadas por Sergio Massa, como la Ley de Blanqueo o el Monotributo Tech. La convocatoria incluye 27 proyectos.

El pedido de juicio político no será el único proyecto con el que el gobierno nacional apuntará a la Corte Suprema en las sesiones extraordinarias: la convocatoria, que se oficializó en el Boletín Oficial a medianoche, incluye también la ampliación de la composición del Máximo Tribunal que ya tiene media sanción en el Senado. 

El temario fijado por Alberto Fernández junto a la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, comprende un ambicioso listado de 27 proyectos, entre los cuales se encuentran varias iniciativas judiciales enterradas hace tiempo en el Congreso debido a la imposibilidad de arribar a acuerdos con la oposición. Este es el caso del pliego de Daniel Rafecas para la Procuración General y la reforma del Consejo de la Magistratura. No son, sin embargo, los únicos: hay también una batería de iniciativas económicas solicitadas por Sergio Massa —como la Ley de Blanqueo o el Monotributo Tech— que, a diferencia de lo que ocurre con las reformas judiciales, el oficialismo tiene una genuina expectativa de poder aprobar. 

Luego de que Juntos por el Cambio amenazara con paralizar el Congreso si el Frente de Todos no daba marcha atrás con el juicio político a los cuatro jueces de la Corte Suprema, el Ejecutivo decidió redoblar la apuesta y promover no solo la destitución de los jueces, sino también la ampliación del Máximo Tribunal y la reforma del Consejo de la Magistratura. 

«Esperamos que la oposición no sea irresponsable, como lo ha venido siendo este tiempo, pero siempre hay tiempo para debatir y sentarse en el lugar de diálogo democrático que es el Congreso de la Nación», deslizó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, minutos antes de anunciar el listado de proyectos que formarían parte del temario de extraordinarias. Las sesiones se extenderán del 23 de enero hasta el 28 de febrero.

El escenario, sin embargo, es complicado. Y no solo porque Juntos por el Cambio decidió boicotear el tratamiento de cualquier proyecto impulsado por el oficialismo mientras durase el pedido de juicio político a la Corte. Sino también porque los tres proyectos de reforma judicial que fueron incorporados en el temario de extraordinarias —ampliación de la Corte, reforma del CdM y pliego de Daniel Rafecas para Procurador General de la Nación— han sido sistemáticamente bloqueados por la oposición en los últimos tres años. 

En el caso de la ampliación de la Corte de 5 a 15 integrantes o de la modificación de la composición del órgano encargado de seleccionar y sancionar jueces, las leyes han sido aprobadas en el Senado pero solo para ir a morir a Diputados. En la Cámara baja, los números para la sanción no están —no solo por el rechazo de JxC, sino por la oposición de gran parte de los bloques «del medio»— y el escenario no pareciera que fuera a cambiar. 

En el caso de la designación del procurador —un cargo que está siendo ocupado de manera interina hace cinco años por Eduardo Casal—, el pliego de Rafecas está trabado en el Senado, en donde se necesitan los dos tercios para poder aprobarlo. Según pudo saber este diario, el presidente no conversó previamente con ninguna autoridad de la Cámara alta, cuya presidenta es Cristina Fernández de Kirchner, sobre su intención de incluir el proyecto. «Nadie del Ejecutivo habló conmigo o con alguien que conozca para armar el temario de extraordinarias», aseguró una senadora cristinista. 

El plato fuerte de las sesiones extraordinarias será, sin embargo, el pedido de juicio político contra Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. El proyecto se presentará oficialmente este viernes y llevará la firma de un grupo de diputades del FdT. Si bien estará basado en el documento firmado por Alberto Fernández y los 11 gobernadores, el proyecto de los diputados incluirá nuevos elementos a la acusación. 

El objetivo del oficialismo es incluir en la iniciativa todos los pedidos de juicio político que se realizaron contra los actuales magistrados de la Corte en los últimos años, por lo que se incorporará un pedido de Vanesa Siley del 2020 contra Rosenkrantz por su actuación en causas de violación a los derechos humanos. Así como también uno de Elisa Carrió del 2017 contra Lorenzetti.

El resto de los 27 proyectos

Al igual que el año pasado, el Ejecutivo decidió encarar el verano de extraordinarias con un ambicioso temario. El desafío del FdT, en este caso, será evitar el desenlace de la convocatoria del 2022, que se caracterizó por no haber logrado aprobar ni una sola ley. 

En el Ministerio de Economía tienen el ojo echado a un conjunto de proyectos cuya aprobación consideran imprescindible. Este es el caso de la Ley de blanqueo o, más formalmente, la «Ley de Exteriorización del Ahorro Argentino», que apunta a utilizar el acuerdo de intercambio de información financiera con Estados Unidos como palanca para atraer los dólares de los argentinos que están sin declarar en el exterior. Otro es el «Monotributo Tech», un proyecto que crea un tipo de régimen simplificado para que exportadores de servicios, como los gamers, puedan facturar al exterior y contar con sus divisas sin necesidad de liquidarlas.

El temario también incluye otras iniciativas económicas como el régimen de fomento al desarrollo Agroindustrial, la modificación de la Ley de prevención del lavado de activos con la que se busca adecuarse a los estándares internacionales, y una Ley de promoción de nuevas energías. Está, además, el proyecto por el cual se busca modificar la ley de Presupuesto: esta iniciativa, que todavía no fue presentada en la Cámara de Diputados, debería instrumentar los mecanismos que le permitan al Tesoro recaudar los fondos para pagarle a la Ciudad de Buenos Aires el incremento de coparticipación que falló la Corte Suprema.

Por último, además de los proyectos de creación de universidades nacionales o la Ley de Alcohol Cero al volante, el temario incluye una iniciativa cuya sanción resulta urgente para más de 800 mil personas que entraron en edad de jubilarse pero no cuentan con la cantidad de años de aportes: el plan de pagos de deuda previsional. 

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