Tras semanas de tensión y amenazas de paro, la Unión Tranviarios Automotor y las empresas de transporte sellaron un acuerdo clave: se pagarán las diferencias salariales de mayo y junio con reconocimiento de antigüedad, viáticos y aguinaldo.

Después de varios días marcados por la incertidumbre y el riesgo de paralización del transporte público, finalmente la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) alcanzaron un acuerdo este martes que destraba el conflicto salarial en San Juan. Así lo confirmó en diálogo con Diario Huarpe Héctor Maldonado, secretario general del gremio, tras la audiencia mantenida con todas las empresas del sector en el marco de la conciliación obligatoria.

“Fuimos convocados por los empresarios para intentar llegar a un acuerdo y evitar tener que debatir una vez más acá en la Secretaría de Trabajo. Afortunadamente pudimos destrabarlo mejorando la última propuesta empresarial”, explicó Maldonado. El dirigente sindical reveló que la propuesta previa había sido rechazada por considerarla insuficiente, ya que planteaba saldar las diferencias salariales de mayo y junio en tres cuotas fijas para todos los trabajadores, sin respetar las particularidades de cada empleado.

Finalmente, el acuerdo contempla el pago de la deuda correspondiente al mes de mayo el próximo 25 de julio, con el reconocimiento de antigüedad, viáticos, y otros ítems salariales, tal como exige el convenio colectivo. Por su parte, las diferencias de junio se abonarán el 20 de agosto, también con los ítems correspondientes. “Querían dar un monto fijo de $70.000 a todos, como si fuera un bono, sin respetar derechos básicos. Para un chofer inicial, la deuda real superaba los $96.000, con viáticos incluidos”, precisó Maldonado.

Además, confirmó que el acuerdo fue firmado por todas las empresas que integran la Cámara Empresaria, incluyendo a las que habían estado ausentes en reuniones anteriores. Esto garantiza la homologación del convenio, el cierre del expediente y la finalización de la conciliación obligatoria, así como también deja sin efecto cualquier amenaza de medida de fuerza.

Este entendimiento se produce tras una escalada de tensiones que tuvo su punto más alto durante la audiencia del martes 8 de julio. En esa ocasión, no hubo avances entre las partes y se fijó un cuarto intermedio hasta el viernes, mientras el gremio advertía sobre una inminente medida de acción directa.

Desde el sector empresarial, se había insistido en que no pueden mejorar los sueldos sin antes recibir un aumento en los fondos compensatorios estatales, a pesar de que el Gobierno ya habilitó una suba del boleto a $810 para la primera sección. Los empresarios remarcaron que no piden subsidios, sino mecanismos para afrontar los compromisos con los choferes.

En paralelo, Maldonado confirmó que el gremio sigue reclamando la devolución del día descontado por el paro del 6 de mayo, aunque la mayoría de las empresas ya habrían saldado esa deuda. “Aún quedan tres firmas que prometieron regularizar esa situación entre jueves y viernes”, indicó.

Respecto de la millonaria multa impuesta por la Secretaría de Trabajo a la seccional de UTA, el dirigente fue claro: “Seguiremos discutiéndola, estamos convencidos de que no corresponde y vamos a agotar todas las instancias legales”.

Por ahora, el transporte en San Juan seguirá funcionando con normalidad. El gremio logró evitar que se impongan condiciones que vulneren derechos laborales, mientras los empresarios ganan tiempo para organizar los pagos. El acuerdo alcanzado no es ideal para ninguna de las partes, pero evitó una nueva paralización del servicio y le puso freno a una crisis que parecía inevitable.

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Desde esta asociación informaron el monto actualizado que calcularon para la canasta básica alimentaria, luego de realizar sus habituales relevamientos.

Como ocurre todos los meses, desde la Asociación de Amas de Casa del País compartieron el informe sobre el monto actualizado de la Canasta Básica Alimentaria. En ese sentido, informaron que una familia tipo necesita casi $600.000 al mes para poder comer adecuadamente.

Laura Vera, autoridad de esta asociación, detalló que realizaron un relevamiento en cadenas de supermercados para controlar los precios respecto al mes de junio. El resultado de este trabajo arrojó una cifra que oscila entre los $578.000 y los $586.000.

Este monto varía dependiendo del lugar donde se elija realizar las compras. Sumado a esto, recordaron que se considera parte de esta canasta alimentos clave como aceite, leche, pan, entre otros, y también productos de higiene.

En ese sentido, manifestaron que los alimentos que mayor aumento han sufrido son los huevos y las carnes rojas. Esto mismo ocurrió con los jabones líquidos, shampoo y jabón de tocador.

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El director del Servicio Penitenciario de San Juan, Carlos Suárez, habló de las nuevas celdas en construcción, que suman espacio para 328 internos. De ellas, casi 100 son con forma de módulos, que es la primera vez que se usan en el Penal de Chimbas.

«Estamos próximos a finalizar la obra del Sector número 5 y ya comenzamos a partir de la semana pasada con la incorporación de un sistema modular que va a alojar a las personas privadas de la libertad con delitos menores y condenas cortas a través del Sistema Acusatorio», informó este jueves el director del Servicio Penitenciario de San Juan, Carlos Suárez, sobre los nuevos espacios que servirán para descomprimir el Penal de Chimbas, que está sobrepoblado hace años.

El nuevo pabellón tiene una capacidad promedio para 232 personas y el sistema modular, para 96, destinado a alojar a personas con hasta seis meses de condena, de acuerdo a lo informado por el funcionario en diálogo con Radio Sarmiento.

El sistema modular es toda una novedad. Se trata de estructuras que no son de material, no son containers, sino módulos habitacionales, de otro material, como los que usan las empresas mineras en la cordillera. Cada uno tendrá sus separadores con un lugar para que cada persona pueda tener su espacio físico.

En total son 8 módulos, que tienen una dimensión aproximadamente de 12,5 por 6 metros, con una capacidad para 24 personas cada uno. Se contempla un módulo sanitario, un módulo para atención médica, un módulo para el personal del organismo técnico y profesional, un módulo para visitas, y un módulo para el personal que brinda condiciones de guardia con un sistema de cámaras de seguridad. La idea es que en 45 días o a más tardar en 60 días estén funcionando y ya con internos allí alojados.

¿Cómo será el sistema de seguridad para estos módulos, para controlar a ese casi centenar de internos? Cada módulo va a tener un promedio de 24 personas alojadas, según dijo el funcionario. «Es un sistema con un material reforzado, obviamente que no es el mismo material de una construcción tradicional. Pero la calidad del módulo va a tener un sistema que pueda soportar y pueda mantener la seguridad del lugar, con perímetro cerrado, vallado de tela, puestos de seguridad y un sistema de cámaras», dijo el director del Penal.

Escáneres sí, inhibidor de señal no

«Estamos trabajando para que se pueda concretar en conjunto con la Secretaría de Seguridad y el Gobierno la posibilidad de la compra y la incorporación de un sistema de dos equipos más de escáneres. En principio sería uno de personas y el otro de bolsos. Porque se va a habilitar el Sector número 5, que es donde está apuntado el sistema de escáneres», dijo Suárez.

Por otro lado, sobre sumar un inhibidor de señales, lo descartó por el momento. «El sistema de inhibidor de señales se estuvo trabajando, pero había ciertas cuestiones técnicas que requerían de algunos cambios ahí. Porque afectaba alguna parte del vecindario», destacó.

«Trabajamos de manera permanente y continua con los procedimientos de registro todos los días en distintos pabellones y sectores, para obviamente minimizar el manejo del uso clandestino de teléfonos celulares que puedan tener en su poder algunas personas privadas de libertad. Si bien los internos cuentan con un teléfono celular que es un corporativo manejado por el personal de contacto de igual que pueden realizar las llamadas telefónicas tanto a sus defensores como a sus familiares. Pero el tema del teléfono dentro de un pabellón, no. Por eso se trabaja con los controles de requisa de manera permanente», concluyó.

/TSJ