Se trata de la pareja que habría recibido por error este pago millonario de una empresa, sin tener la intención de devolverlo.
Este martes finalmente se concretó la audiencia de formalización contra Dany Roberto Sarmiento, ex operario de Minera Andina del Sol, y su esposa Myriam Muñoz. Ellos están acusados de haberse quedado con una suma millonaria que la empresa transfirió por error. La jueza dispuso un embargo multimillonario y otras medidas cautelares para la pareja.
La causa tuvo varios idas y vueltas en torno a la competencia. En mayo pasado se realizó la primera audiencia, de manera virtual, cuando Sarmiento y Muñoz participaron vía Zoom. Como el dinero había ingresado a una cuenta radicada en San Luis, la defensa pidió que el caso quedara en manos de la Justicia puntana.
En esa instancia, la jueza Verónica Chicón se declaró incompetente, pese a la oposición del Ministerio Público Fiscal y de la querella representada por la abogada Juliana Vizcaíno, apoderada de la minera. La decisión de Chicón fue apelada y, en junio, el juez de Impugnación Renato Roca resolvió que la competencia correspondía a la Justicia sanjuanina. Además, ordenó que la propia Chicón continuara al frente del caso.
Con este marco, la audiencia se llevó a cabo este martes de manera presencial en San Juan, con todas las partes presentes, salvo los imputados que nuevamente intervinieron por Zoom desde San Luis.
El fiscal Guillermo Heredia, de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, solicitó la imputación por apropiación indebida por error o caso fortuito. La querella, en cambio, reclamó que también se considere abuso de confianza. La jueza hizo lugar a ambas calificaciones y fijó un plazo de seis meses para la investigación penal preparatoria.
Entre las medidas ordenadas se destacan:
- Embargo de un inmueble
- Embargo de tres vehículos
- Embargo de sus cuentas bancarias
- Inhibición general de bienes de ambos
- Embargo por 140 millones de pesos, cifra que refleja la actualización del perjuicio económico para la minera.
Además, Sarmiento y Muñoz deberán cumplir medidas de coerción mientras dure el proceso: presentarse una vez al mes en la comisaría más cercana a su domicilio y abstenerse de salir del país.
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