El titular de la cartera productiva habló de evitar el “club de amigos” entre proveedores mineros y cuestionó las “fiestas” de anuncios sobre temas técnicos, en referencia a las gestiones pasadas.

Gustavo Fernández está al frente del Ministerio de la Producción, Trabajo e Innovación, el cual se vincula con las actividades comerciales, industriales y de servicios, como el que genera la minería. En ese marco, reconoció que “hay algunos capitales mendocinos que han tomado interés por participar de la actividad minera”, dentro de la atención que ha generado San Juan a nivel regional e internacional para invertir. Así, cuestionó reclamos de sectores locales sobre ese desembarco mendocino, al señalar que “habría que preguntarle al empresariado sanjuanino por qué no se animan a comprar un pliego de 5 mil dólares y a armar un proyecto de exploración o asociarse con extranjeros para hacerlo”.

No fue lo único, ya que aprovechó para criticar al peronismo, al destacar que “tenemos que tratar de evitar que los proveedores locales que trabajan en la minería no sean un club de amigos”. Además, fue duro al indicar que se han “armado fiestas cuando empresas presentaban sus informes de impacto ambiental, creando la idea y la sensación de que, al año siguiente, el proyecto estaba en construcción”.

El reclamo de proveedores mineros y empresarios sobre la “invasión” de compañías de Mendoza y de otras provincias no es nuevo, ya que este medio reflejó el escenario en marzo. Primero, fue el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, quien dio a conocer su reclamo y, luego, fue Fernando Godoy, presidente de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA).

Ante la consulta del malestar de proveedores mineros por esa situación, Fernández resaltó en el programa “Demasiada información”, de Radio Light: “Si hay empresarios de origen en Mendoza que toman la decisión de comprar pliegos para conducir proyectos de exploración en San Juan y no ha habido sanjuaninos, es un tema que nos tenemos que cuestionar como sociedad”.

Así, el funcionario orreguista se preguntó: “¿Qué tipo de negocios son los que busca el empresariado sanjuanino? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Y qué niveles de riesgo está dispuesto a asumir a la hora de tomar decisiones de inversiones?

Por eso, se le consultó si el empresariado sanjuanino está acostumbrado a depender del Estado o no cuenta con el volumen suficiente para encarar tales inversiones. “Creo que los dos planteos forman parte de la respuesta”, respondió el ministro, a la vez que agregó: “Pienso que el terremoto (de 1944) marcó mucho al ecosistema empresarial sanjuanino. Hubo un cambio cultural, una mayor dependencia del Estado en el desarrollo empresarial. Eso ha sido un impacto cultural, del que el desarrollo minero que tuvimos a mediados de 2000 comenzó a torcerlo muy parcialmente y de manera muy imperfecta”.

En ese marco, explicó que, “para desarrollar negocios, se necesitan demandas de envergadura y de escala. Y, la realidad es que, quizás, en San Juan ha ocurrido que no hemos tenido sectores más allá del Estado provincial que ofrezcan esa demanda de gran escala que permita el desarrollo”. Excepto, señalo, “la minería, con altibajos, imperfecciones y con nuevas oportunidades, que son las que tenemos que aprovechar”.

De esa manera, remarcó que “tenemos que lograr que se desarrollen los proveedores locales” y “que la provisión en la minería no sea un club de amigos y que no haya oportunidad sin aprovechar para los proveedores locales. Es otra parte de la crítica a la historia de la minería en San Juan”.

No fue el único tiro al justicialismo, ya que cuestionó cuando se “montaron fiestas para anunciar que una empresa presentó su informe de impacto ambiental. Un informe requiere, mínimo, 12 meses de evaluación para que tengamos una declaración de impacto ambiental (DIA) aprobada, que normalmente es aprobada con una serie de condicionamientos que tiene que responder la empresa. En la medida que el contexto del país lo permite y la macroeconomía esté alineada con lo que significa la seguridad jurídica para esas grandes inversiones, recién ahí podemos tener la certeza de que un proyecto se va a concretar en términos de construcción”.

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Se trata del XXIX Seminario Nacional de Tesorerías Generales de la República Argentina.

La provincia de San Juan se convirtió en sede del XXIX Seminario Nacional de Tesorerías Generales de la República Argentina, actividad organizada en conjunto por el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda y la Asociación de Tesorerías Generales de la República Argentina (ATGRA).

La apertura se realizó en la jornada de este miércoles 14 de mayo, mientras que el encuentro se extenderá hasta el viernes. Encabezaron el acto el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; tesorero General de la Provincia de San Juan, Mario Enrique Fernández; subtesorero General de la Provincia de San Juan, Marcos Sánchez; presidenta de la Asociación de Tesorerías General de la República Argentina, tesorera General de la Provincia de Tucumán, María Teresa Clemente de Guevara; tesoreros generales de distintas provincias y representantes provinciales, además de ministros del gobierno de la provincia.

Cabe destacar que los congresos de Tesorería General surgen como una necesidad de generar un espacio de intercambio entre los tesoreros generales del país. En estos encuentros se comparten exposiciones y ponencias sobre problemáticas financieras actuales, como la aparición de nuevas modalidades de pago —por ejemplo, las pseudomonedas— que requieren actualizaciones normativas y adecuaciones en los sistemas.

Esta articulación es clave porque las tesorerías generales representan el último eslabón del trámite administrativo que culmina en pagos concretos, como subsidios, certificados de obra o sueldos. Si no se analiza adecuadamente el comportamiento de los recursos, pueden producirse desfasajes frente a las obligaciones que el Estado asume a través de sus distintos ministerios.

En este contexto, durante la apertura, el ministro Gutiérrez dijo: “Este seminario se da en un contexto desafiante, donde el rol de las tesorerías cobra aún más relevancia. Durante tres días, vamos a poder compartir conocimientos, capacitarnos y reflexionar sobre nuestra tarea, que es clave para lograr una administración pública moderna, eficiente y transparente. Les deseo unas jornadas muy provechosas y que también puedan disfrutar de nuestra provincia”.

Mientras que, por su lado, María Teresa Clemente de Guevara aseguró que «ATGRA es una asociación que nuclea a las tesorerías provinciales desde agosto de 2013, aunque su origen se remonta a la década del noventa, cuando, a partir de la ley de administración financiera nacional, comenzó a funcionar como un foro de tesorerías. Es fundamental que las tesorerías se unan para compartir experiencias, capacitar a sus equipos y mejorar la gestión. La capacitación fortalece nuestras funciones, ya que manejamos fondos públicos y debemos garantizar transparencia y orden en los gobiernos”.

El seminario se realizará hasta el viernes 16 de mayo, e incluirá mesas de trabajo, disertaciones y talleres durante todo el día.

/SiSanJuan

Al cabo de 2 audiencias, el magistrado que los enjuiciaba advirtió que debía intervenir un tribunal. El debate se hará de nuevo.

El primer e histórico juicio ‘complejo’ del sistema acusatorio federal, que comenzó el 8 de mayo pasado y no superó dos audiencias contra 10 sospechosos de participar en el comercio agravado de estupefacientes (‘La Banda de los Rosales’), sufrió también un traspié histórico: fue anulado por el propio juez del debate, Daniel Doffo (Tribunal Oral Federal). Sucedió que el magistrado advirtió un error procesal, ya que en lugar de un juez, la ley (el nuevo Código Procesal Penal Federal) establece que debía intervenir un tribunal, por una cuestión elemental: la escala penal de los delitos en juego, contempla castigos de entre 6 y 20 años. Y esa situación impone que el debate sea dirigido sí o sí por tres magistrados.

¿Por qué? la ley procesal establece tres posibilidades: en los delitos con un máximo de 6 años de castigo, interviene un juez. El imputado y su Defensa podrán optar por un tribunal cuando la escala penal no supere de 15 años de cárcel. Y será obligatoria la presencia de 3 magistrados, para aquellos casos con eventuales castigos superiores a 15 años, como el que anuló el juez Doffo.

‘(…) se trata de un vicio del proceso que provoca una nulidad que no es convalidable o subsanable ni siquiera con acuerdo de partes, puesto que la errónea interpretación (…) vulnera las garantías constitucionales del debido proceso, juez natural y de defensa en juicio’, dijo el magistrado en su fallo.

Y agregó: ‘Cierto es que esta advertencia parcialmente tardía ha producido desgaste jurisdiccional pero, la continuación del juicio en estas condiciones, traería aparejado un desgaste mayor y el mismo e irremediable final’.

¿A quién atribuirle el error? las miradas apuntan contra la delegación local de la Oficina Judicial y también al juez mendocino que intervino en la audiencia de control de acusación (ahí se depura la prueba y se pasa el caso a juicio), Manuel Pizarro. Aunque el descuido también pudo advertirlo el propio fiscal, Fernando Alcaraz.

De todos modos esa misma Oficina Judicial deberá ahora designar a un tribunal, en el que Doffo podrá intervenir, o no, ya que hasta que decidió anular todo desde su designación (antes no conoció la causa), pudo oir a unos 15 testigos, algunas escuchas telefónicas y varios videos con la investigación de los pesquisas de la Drogas Ilegales de la policía provincial, quienes pusieron al descubierto el comercio de drogas entre el 5 de agosto y el 29 de noviembre pasado.

Cuando el juez ordenó múltiples allanamientos, los investigadores confirmaron sus sospechas, pues secuestraron un total de 590 gramos de cocaína, 17 plantas de marihuana y 9 gramos de esa hierba, hongos alucinógenos, 2.256.060 de pesos, balanzas de precisión, elementos para fraccionar, teléfonos y cinco vehículos, entre otras evidencias que los complicaban.

Los principales imputados son Franco Marcelo ‘Gordo’ Carrizo (defendido por Claudio Vera), acusado de llevar la droga hasta 9 de Julio para Sergio Maximiliano Rosales y su pareja María Eugenia Parra. Esta pareja, la distribuía después entre otros parientes, como Evelin y Noelia Ríos, Miguel Parra, Isaías Varela, Milagros y Priscila Rosales (acusados son defendidos por Alejandro Castán y Manuel Giménez Puchol). El último de los imputados es el comerciante Angel Andrés ‘Gallego’ Gunella (lo defiende Rubén Pontoriero), que actualmente se encuentra en proceso de rehabilitación, indicaron.

/DC