En una nueva iniciativa de la agenda de seguridad y justicia que viene desarrollando la Cámara de Diputados, la Comisión de Legislación Penal dictaminó dos proyectos que reforman el Código Penal argentino. Este miércoles, podría obtener media sanción una propuesta que modifica las condenas contra reincidentes y reiterantes.
NacionalPolítica & Economía
Diputados avanzó con reformas en legítima defensa y el régimen de juicio en ausencia
Ambas propuestas modifican el Código Penal y Procesal Penal. Se incluyó un proyecto que penaliza a las fuerzas de seguridad que alteran una escena del crimen.
El proyecto con mayor consensos fue el de juicio en ausencias, que modifica la legislación procesal penal para garantizar que los procesos judiciales continúen incluso si el imputado no se presenta. Esta herramienta se aplicará en casos donde el acusado haya sido declarado en rebeldía por el juez tras no comparecer ante el tribunal, ausentarse de su domicilio sin justificación o fugarse de su lugar de detención. Los defensores de la propuesta entienden que la presencialidad es una garantía que puede ser renunciada, siempre y cuando su defensa esté debidamente garantizada.
Otras de las iniciativas promovidas por el oficialismo reforma los artículos 34, 237 y 238 del Código Penal. En el primer caso, pertinente a la legítima defensa, se entiende que actúa legítimamente quien intente «repeler un ataque a su integridad física o sexual o a la de terceras personas. Del mismo modo, quien se defendiere de un ataque mientras el agresor se aleja de la escena con un arma, real o falsa, y exista un peligro verosímil de muerte o de lesiones graves para quien se defendiere o para terceras personas».
Comisión de Legislación Penal.JPG
Las otras dos modificaciones se vinculan a delitos contra la administración pública, para lo que se reforma agravan las penas por «intimidación a funcionarios públicos«, que actualmente estaban establecidas de entre 1 mes a 1 año y pasarán a ser de entre 1 año y 3 años y 6 meses. A su vez, En casos agravados (posesión de armas, si se realiza de forma grupal o si es funcionario público), las penas se agravan a entre 4 y 6 años (actualmente, la máxima es de 2 años). En estos últimos casos, se incorpora la figura de «piedras, palos u otros objetos contundentes».
Posturas sobre reformas
En la Comisión de Legislación Penal, la disidencia a los dictámenes la expresó el diputado Martín Soria (Unión por la Patria), quien entendió que «el Poder Ejecutivo está aplicando la histórica receta de la derecha: palo y hambre» y que el objetivo del proyecto es que los ciudadanos «no se manifiesten y no protesten». Además, consideró que se profundizaría la «criminalización de la protesta e incentivar el gatillo fácil por parte de las fuerzas de seguridad».
En contrapartida, la titular de la comisión, Laura Rodríguez Machado (PRO) señaló que «no siempre quien se defiende es el agresor. Muchas veces las personas deben actuar para proteger su vida o la de sus seres queridos. Este proyecto reafirma que defenderse no debe ser castigado como un crimen, sino reconocido como un derecho fundamental”.
Otra de las diputadas que intervino fue Gabriela Brouwer de Koning (UCR), autora de la denominada «ley Blas«, considerando que «existen mafias dentro del Estado y de las fuerzas de seguridad». «Lo que queremos es que el funcionario público que esté en las fuerzas de seguridad y quiere manipular la escena del crimen no viva tranquilo«, sostuvo y aclaró que «el proyecto de ley incorpora la figura del arrepentido porque a veces es la única forma de esclarecer la verdad».
Gabriela Brouwer de Koning Diputada UCR.jpg
La iniciativa de la diputada radical busca modificar el artículo 189 bis del Código Penal, incorporando la penalidad de entre 10 y 20 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada para «el que siendo integrante de fuerzas de seguridad, policiales o penitenciarias y con el objeto de entorpecer una investigación, asegurar su impunidad o la de terceros o perjudicar la situación procesal de una persona, alterare pruebas o modificare la escena de un crimen o el lugar del hecho introduciendo armas, impropias o propias, operativas o no, u otro elemento que simule tener capacidad ofensiva o defensiva, que permitan suponer la existencia de una agresión o peligro que legitime a los funcionarios actuantes a neutralizarla».
Informe Fernando Brovelli.-
Ambito Financiero
NacionalPolítica & Economía
Milei firmó los vetos de los proyectos que aumentan jubilaciones y la ley de emergencia en discapacidad
Saldrán publicados en el Boletín Oficial del lunes. Ahora la oposición debería juntar dos tercios para insistir. Las normas habían sido aprobadas por el Senado a comienzos de julio.
El presidente Javier Milei firmó este sábado los vetos a las leyes votadas en el Congreso sobre aumento a jubilaciones y discapacidad.
Los vetos saldrán publicados en el Boletín Oficial del lunes. Ahora la oposición debería juntar dos tercios para insistir. No lo hará en la sesión del miércoles convocada este viernes.
Aunque las normas habían sido aprobadas por el Senado a comienzos de julio, el Poder Ejecutivo dilató la firma del rechazo con una estrategia política: evitar el pronto regreso del debate a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo teme una derrota si se logra el número necesario para rechazar el veto presidencial.
Los proyectos vetados
Los vetos alcanzan a dos normas. Una es la Ley de Movilidad Jubilatoria. Impulsada por la oposición dialoguista y el peronismo, contemplaba una fórmula que combinaba aumentos por inflación y por mejoras salariales, y establecía un piso de incremento mensual que superaba el esquema de actualizaciones por decreto utilizado actualmente por el Gobierno.
La otra es la Emergencia en discapacidad. Declaraba la emergencia en el sector por el recorte de fondos y buscaba garantizar prestaciones básicas, transporte y atención integral. Fue impulsada ante los múltiples reclamos de organizaciones del sector por la discontinuidad de pagos y servicios.
Maniobra dilatoria y negociaciones en marcha
La Casa Rosada se encuentra en plena ronda de negociaciones con gobernadores y bloques parlamentarios aliados con el objetivo de sostener el rechazo a las leyes vetadas.
El oficialismo intenta blindar sus votos mediante ofrecimientos que incluyen el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), así como acuerdos puntuales con miras a las elecciones nacionales del 26 de octubre.
El Ejecutivo argumenta que las leyes vetadas son “fiscalmente inviables” en el marco del plan de ajuste estructural que impulsa la administración de extrema derecha, con el objetivo de alcanzar el déficit cero. En esa línea, el Presidente ya había anticipado públicamente su decisión de rechazar cualquier norma que implique un aumento del gasto público.
/P12
NacionalPolítica & Economía
Justicia interviene luego de que suspendan contratos millonarios entre una obra social y un socio de Martín Menem
El dueño de la compañía, Sergio Andrés Aguirre, es socio del presidente de la Cámara de Diputados en otra empresa.
Nuevo cauce judicial luego de la intervención del Gobierno a la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera): se anunció la suspensión de contratos millonarios con la empresa HTECH Innovation, luego de que se detecte que pertenecía a Sergio Andrés Aguirre, socio de Martín Menem en la compañía TR Nutrition. El hecho se conoce luego de que trascendiera que una compañía de la familia Menem se adjudique de una licitación millonaria por prestar servicios de seguridad al Banco Nación.
La obra social de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) fue intervenida por el Ejecutivo en agosto del 2024, quedando designado Marcelo Petroni en medio de las investigaciones por presunto lavado de dinero. Al detectar irregularidades, ahora el propio interventor decidió dar de baja dos contratos por servicios tecnológicos con la compañía de Aguirre, en simultáneo a la puesta en marcha de una investigación judicial y dos auditorías.
Un informe del canal C5N exhibió las primeras facturas que emitió la compañía a Osprera. correspondientes a noviembre del 2024: son las facturas iniciales de HTECH Innovation (0000001 y 0000002) y se concretaron por montos de $40.251.879 y $7.733.119. Luego se renovaron esos valores mensualmente con sumas de entre $16 millones y $20 millones hasta la actual suspensión, superando los $150 millones de facturación. Otra situación irregular es que HTECH Innovation se constituyó seis meses antes, en abril del 2024.
La causa, radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal n.º 4 de Ariel Lijo, fue impulsada por el extitular de la UATRE, José Voytenco, quien además acusa de asociación ilícita y de desvío de fondos de la obra social a otro dirigente libertario: el diputado nacional Pablo Ansaloni, también extitular del gremio de ruralistas.
La obra social OSPRERA se encuentra intervenida por el Gobierno.
Por su parte, la resolución de Petroni a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) justifica la decisión de la suspensión de contratos “por la difusión a través de distintos medios de comunicación de presuntas irregularidades en la facturación de una empresa de tecnología contratada por la obra social” corresponde “verificar la efectiva regularidad del servicio” prestado por HTECH Innovation.
Empresa de la familia Menem estará a cargo de la seguridad del Banco Nación
La empresa Tech Security SRL, de la familia Menem, fue adjudicataria de una licitación del Banco Nación por casi $4.000 millones para prestar servicios de vigilancia en edificios de la entidad estatal. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue socio hasta el 6 de diciembre de 2023, cuando le cedió las acciones a su hermano.
El contrato al que accedió la compañía es para brindar sus servicios en la casa central de la banca pública, ubicada en Bartolomé Mitre al 300, y en otros cuatro establecimientos: el edificio Maipú, la sede donde acuden los funcionarios y la sucursal ubicada en el Aeroparque Jorge Newbery. La información fue publicada el 4 de julio en el Boletín Oficial, donde se indica que es por un monto total de $3.933.026.507.
El contrato de Tech Security con el Banco Nación es por un período de 24 meses. Sin embargo, cuenta con la opción de dos renovaciones de 12 meses cada una, que podrían ampliar la extensión total del convenio a cuatro años, con un nuevo desembolso de dinero por parte de la entidad pública.
La compañía nació en 2005, a partir de la sanción de la Ley de Seguridad Privada en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no fue sino hasta 2014 que la familia Menem ingresó en la empresa como socios. Semanas previas a la asunción de Javier Milei, el titular de Diputados figuraba como accionista junto a sus dos hermanos, Adrián y Fernando Menem.
/ámbito
NacionalPolítica & Economía
Cristina Kirchner cruzó a Milei por el dólar: «Le echás la culpa a la amiga de Videla, cobarde»
La dos veces presidenta le cuestionó a Milei argumentar que la disparada del 4% del dólar en un día fue por culpa de Victoria Villarruel y el kirchnerismo.
Tras la fuerte escalada del dólar y su inminente pasaje a precios, la exmandataria Cristina Kirchner cuestionó al presidente Javier Milei y a su ministro de Economía, Luis Caputo, al recriminarles que «lo único que se les ocurre» es participar de una entrevista y «echarle la culpa a la amiga de Videla y a los kukas», en referencia a su Vice, Victoria Villarruel, y al peronismo.
«¿Y a vos y al Toto Caputo lo único que se les ocurre es ir a un streaming a echarle la culpa a la amiga de Videla (tu vicepresidenta) y a los ‘kukas’? ¡Ves que sos un Presidente muy cobarde!», escribió Cristina Kirchner en su cuenta de X.
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