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NacionalPolítica & Economía 

Diputados, asociaciones y abogados argumentaron el pedido de juicio a los miembros de la Corte.

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Legisladores oficialistas y opositores, asociaciones de juristas y de derechos sociales y abogados ratificaron este jueves en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados sus denuncias contra los ministros de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, a quienes acusan de mal desempeño de sus funciones.

Tras esas exposiciones, la comisión dará otro paso sustancial el próximo jueves, cuando se vote la admisibilidad de los pedidos de enjuiciamiento, para lo cual el oficialismo podrá imponer su criterio con la mayoría que ostenta en ese grupo parlamentario.

La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos), informó que el jueves «se analizará cuales serán los pedidos de juicio que serán admisibles» y dijo que luego de esa votación se podrá abrir el sumario para la recolección de pruebas.

El vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López (Coalición Cívica), solicitó que los cargos contra cada juez se voten por separado y no en un ‘paquete’, para que se de la posibilidad de marcar las disidencias que se pudieran suscitar.

Al abrir la segunda reunión, Gaillard anunció que la senadora oficialista Juliana Di Tullio comunicó a través de una carta que «por razones de fuerza mayor» no iba a poder concurrir a las deliberaciones.

Eduardo Valdés.

El pedido de juicio político del oficialismo fue argumentado por el diputado Eduardo Valdés, quien acusó a los ministros Rosatti, Rosenkratz, Maqueda y Lorenzetti de violar la Constitución y no tener «idoneidad» debido a la sentencia sobre coparticipación; de haber restituido una ley derogada del Consejo de la Magistratura, de querer aplicar la ley del 2×1 en un caso de lesa humanidad y el manejo de la obra social.

El legislador del Frente de Todos dijo que, según el artículo 112 de la Constitución Nacional, los miembros de la Corte «deben administrar justicia bien y legalmente».

Valdés fundamentó como una de las causas de mal desempeño contra los jueces del tribunal el fallo sobre coparticipación porteña, ya que, dijo, «distribuyeron recursos públicos violando el artículo 128 de la Constitución Nacional al no convocar a los gobernadores».

En esa línea, el legislador señaló que «es incomprensible que la Corte ni siquiera haya contestado a los gobernadores de Buenos Aires, Santiago del Estero, Chubut, La Rioja, Santa Cruz, Catamarca, Formosa, Chaco, Tucumán, Santa Fe, Misiones, La Pampa, Entre Ríos y Tierra del Fuego que se presentaron como amicus curiae del tribunal».

«¿Por qué no escuchó a los gobernadores? ¿Será por la relación de Rosatti con (Horacio) Rodríguez Larreta, vehiculizado por medio de Silvio Robles (colaborador del presidente de la Corte) y Marcelo D’Alessandro (ministro de Seguridad porteño con licencia), que ya habían sido recusados por la Procuración del Tesoro de la Nación por ese vínculo?», preguntó.

Asimismo, subrayó que «la Corte Suprema de Justicia de la Nación, asumiendo funciones legislativas, prohibidas por la Constitución Nacional, decide asignar recursos públicos, según su propio criterio, asumiendo funciones que la misma solo autoriza al parlamento».

Paula Oliveto.

La diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto, aseguró que el pedido de juicio político contra Lorenzetti «pertenece a nuestro bloque, data de 2017 y fue presentado por Elisa Carrió».

«En ese momento nosotros éramos gobierno y no fue acompañado por el presidente Mauricio Macri ni su ministro de Justicia, Germán Garavano», agregó, y destacó el «respeto» de sus compañeros de otros bloques que conforman JXC.

Oliveto señaló que el pedido de enjuiciamiento «no responde a ninguna motivación de presionar a la Corte Suprema ni es un factor de extorsión».

María Rosa Martínez.

La diputada oficialista María Rosa Martínez, que presentó un pedido junto a su par Pablo Carro sobre los cuatro integrantes del máximo Tribunal, precisó que «tiene que ver con el manejo de la obra social del Poder Judicial e incluye el mal desempeño y la posible comisión de delito de malversación».

«Desde el año 2008, en el que a partir de una acordada se determinan una serie de atribuciones que tienen que ver con el control de la misma por parte de la Corte, surgen faltas graves en auditorias, vacancias en el directorio y nombramientos, entre otras cuestiones», detalló.

Claudia Rocca.

Posteriormente, la presidenta de la Asociación Argentina de Juristas, Claudia Rocca, aseguró que en el marco de «la multisectorial por la democratización» de la Justicia presentó en 2022 «un pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema fundado en 10 hechos de la causal de mal desempeño».

Señaló que una de esas denuncias está basada en una investigación de «El Destape», según la cual Rosenkratz «había intervenido en 56 fallos, siendo parte en el mismo clientes de su estudio jurídico, lo cual viola la garantía de imparcialidad».

Las denuncias están firmadas también por la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas, quien señaló ante la comisión que el pedido de juicio político a la Corte «llega muy tarde». Y consideró que «estos jueces han hecho mucho daño ya».

Federico Méndez.

El representante de la Asociación Civil por la Exigibilidad por los Derechos Sociales, Federico Méndez, dijo denunció «por la causal de mal desempeño a Rosenkrantz y a Lorenzetti, por haber manipulado un expediente judicial y haber utilizado información privilegiada, mediante una maniobra ilegal».

La exdetenida desaparecida durante la dictadura Patricia Isasa señaló que su petitorio busca que «no castiguen a Rosatti por la conducta incompatible con el cargo», sino que su búsqueda «en pos de una Justicia proba que se comprometa con la protección de los intereses públicos».

«Soy argentina, amo este país y nos merecemos gente proba en la Corte», dijo.

El particular Ricardo La Greca, también justificó su presentación: «Solo las pruebas condenan, no los jueces. Si un juez no permite producir la prueba eso es corrupción y si además actúa como defensor de los intereses de los encartados, el resultado es la total impunidad de los delincuentes».

El abogado Pablo Llonto, otro de los denunciantes, expresó: «Uno de los problemas en la Corte es Horacio Rosatti. La inactividad de la Comisión Interpoderes envía un mensaje y es que no se hagan problema si los juicios son lentos. Los juicios de lesa humanidad merecen la mayor celeridad».

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Cristina de Kircher: «¿Habrá Códigos Penales y Procesales especiales redactados únicamente para mí?»

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La expresidenta denunció nuevas restricciones impuestas por el tribunal que lleva su causa, que limitan sus visitas a un círculo cerrado y exigen autorización previa para cualquier otro contacto. “Se me aplica un régimen que no rige para nadie más”, afirmó.

La expresidenta Cristina de Kirchner volvió a criticar al Poder Judicial y anunció que sus abogados presentaron un recurso para que el tribunal revea los permisos previos de su círculo para poder visitarla. En un mensaje en redes sociales denunció un «régimen de exclusión arbitrario» que restringe su vínculo con el mundo exterior, más allá del núcleo familiar, legal y médico.

“Ayer, el Tribunal tuvo que aclarar que puedo salir al balcón de mi casa”, señaló la exmandataria. Según afirmó, la justicia le impuso un protocolo de visitas que limita el acceso a su domicilio solo a familiares directos, abogados y médicos, mientras que cualquier otra persona que desee visitarla deberá presentar previamente una solicitud formal al Tribunal y esperar su autorización.

Cristina calificó el mecanismo como un régimen “violatorio de los más elementales derechos civiles” y subrayó que estas condiciones no se aplican a otros ciudadanos en situaciones similares. “¿Habrá una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí y que nunca me enseñaron en la facultad?”, ironizó.

En la víspera el tribunal confirmó que puede utilizar el balcón, pero ordenó la colocación de la tobillera electrónica que se concretó durante la tarde.

Además de cuestionar la judicialización de su vida personal, la exvicepresidenta también dejó entrever críticas a la restricción de sus derechos políticos: “De mis derechos políticos, mejor ni hablemos… te la debo”, escribió.

/ámbito

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El desempleo escala al 7,9% en el primer trimestre, el nivel más alto de la era de Javier Milei

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El mercado laboral argentino experimentó un aumento en el desempleo durante el primer trimestre de 2025, alcanzando el 7,9%, su nivel más alto en la gestión actual. 

El desempleo en Argentina alcanzó el 7,9% durante el primer trimestre de 2025, lo que representa el nivel más alto registrado en la actual administración y desde 2021, período de recuperación pospandemia. Este incremento, aunque modesto en comparación con el 7,7% del mismo período en 2024, se produce a pesar de algunos signos de reactivación económica, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Al extrapolar esta cifra, se estima que aproximadamente 1.790.000 personas se encuentran desocupadas en el país.

La tasa de actividad (población económicamente activa sobre el total de la población) se situó en 48,2% en el primer trimestre de 2025, mientras que la tasa de empleo (proporción de personas ocupadas en relación con la población total) alcanzó el 44,4%.

Un aspecto notable de este período es el cambio en la composición del empleo. Según Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma, se observó un fuerte crecimiento del empleo por cuenta propia, que pasó del 21,9% al 23,5%, y de los asalariados no registrados, que aumentaron del 35,7% al 36,3% dentro de los trabajadores en relación de dependencia. Esta dinámica contribuyó a que la tasa de informalidad alcanzara el 42% entre enero y marzo de 2025, en comparación con el 40,8% del primer trimestre de 2024.

En cuanto a la tasa de desocupación juvenil (14 a 29 años), se observó un incremento preocupante: en mujeres, pasó del 17,3% al 19,2%, y en varones, del 14,1% al 15,1%. Desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) se destacó que el desempleo juvenil alcanzó niveles récord, con un incremento de 2,3 puntos porcentuales para esta población en los últimos dos años, mientras que para la población general el aumento fue de 1 punto porcentual.

El Gran Buenos Aires fue la región más afectada, registrando una tasa de desempleo del 9,1%, lo que la sitúa 1,2 puntos porcentuales por encima del promedio nacional. En contraste, la Patagonia presentó la menor tasa de desempleo, con un 4,9%, aproximadamente 3 puntos porcentuales por debajo del promedio general.

/DH

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La Corte Suprema reactivó la causa «Correo Argentino» tras el fallo contra Cristina Kirchner

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El máximo tribunal reanudó la investigación sobre el caso tras confirmar la prisión de 6 años a Cristina Kirchner. Nuevas decisiones incomodan al ex presidente.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó recientemente una decisión que reavivó la causa «Correo Argentino». El tribunal rechazó un recurso de queja presentado por la defensa de Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, ambos vinculados al Grupo Macri. Este nuevo giro ocurre tras la reciente confirmación de la condena de 6 años de prisión a otra figura política, Cristina Kirchner.

La información fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas, que tuvo acceso a los fallos de la Corte. La decisión, firmada digitalmente por los jueces Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti, no solo reactiva el expediente, sino que también impone una sanción económica a los recurrentes, que deberán realizar un depósito bajo apercibimiento de ejecución.

Se investigan distintas irregularidades relacionadas con un acuerdo entre el Estado Nacional y una empresa controlada por el ex presidente Mauricio Macri, concerniente a la deuda de Correo Argentino S.A.. La Corte desestimó la presentación directa de la defensa, argumentando que el recurso extraordinario, cuya denegación motivó la queja, «no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48)».

Jaime Cibils Robirosa, presidente de Correo Argentino S.A., junto a Jaime Kleidermacher, su abogado, estaban siendo investigados desde 2017 por el juez federal Ariel Lijo. Ambos intentaron recusar a los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico de la Cámara Federal porteña, alegando «temor de parcialidad». La defensa argumentó que ambos jueces manifestaron una “enemistad” hacia Mauricio Macri y, en consecuencia, hacia ellos, sugiriendo que la causa tenía un contenido político destinado a “destruir” la imagen del ex mandatario.

Imparcialidad cuestionada

Los directivos de Correo Argentino S.A., que es gestionada por SOCMA, la empresa familiar de los Macri, expresaron dudas sobre la imparcialidad de Farah por haber denunciado supuestas presiones del gobierno anterior. Además, se argumentó que Boico, antes de asumir como juez, había defendido a diferentes funcionarios kirchneristas, incluida Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, tanto la Cámara Federal como la Sala IV de la Cámara de Casación Penal ratificaron la decisión de rechazo a la recusación interpuesta. El juez Javier Carbajo, en un fallo unipersonal, destacó que «la defensa no logró substanciar objetivamente el temor de parcialidad» en este contexto particular.

Desenlace del recurso

El reclamo llegó a la Corte a través de un recurso de queja, donde se dictó una resolución clara: « Se desestima la presentación directa. Intímese a cada uno de los recurrentes a que, dentro del quinto día de notificados, efectúen el depósito que dispone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a la orden de esta Corte y bajo apercibimiento de ejecución«.

En esta causa, además de Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, se indagan a otros involucrados, como el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el ex responsable de Asuntos Jurídicos, Juan Manuel Mocoroa. Todos están acusados en relación a un acuerdo de 2016 por el cual el Estado decidió licuar el 98,87% de la deuda de Correo Argentino S.A. La fiscal Gabriela Boquin alertó sobre esta maniobra, calificándola como «ruinosa» y «abusiva», lo que logró detener la implementación del pacto.

Con esta decisión, la Corte confirmó la continuidad de la investigación, manteniendo bajo la lupa judicial a los directivos de Correo Argentino y, por ende, al Grupo Macri en esta compleja causa.

/m1

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