La Cámara de Diputados aprobó este miércoles por amplia mayoría y giró al Senado, en una sesión especial, el proyecto que reforma la ley de integración socio-urbana de barrios populares, sancionada en 2018, y que prorroga por diez años la vigencia de la suspensión de los desalojos.

El plenario legislativo aprobó la iniciativa por 227 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el interbloque Federal, Provincias Unidas y la izquierda, mientras hubo dos sufragios negativos de Francisco Sánchez, del PRO, y Carolina Píparo, de Avanza Libertad. Tres abstenciones correspondieron a los macristas Gustavo Hein, Marilú Quiroz y Carlos Zapata (Ahora Patria-Juntos por el Cambio).

El proyecto sancionado forma parte de un paquete de iniciativas consensuadas que incluye un dictamen sobre tecnología y la expropiación del edificio donde funcionó el local bailable Cromañon, en el que en 2004 ocurrió una tragedia en la que murieron 194 personas.

La sesión especial -presidida por la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau– se inició a las 13 y en el primer tramo se aprobó la renuncia de Victoria Tolosa Paz, quien asumirá este jueves como ministra de Desarrollo Social, y se tomó juramento a la dirigente massista Micaela Morán, quien cumplirá su mandato hasta diciembre de 2025.

También se recordó a los exlegisladores que fallecieron en las últimas semanas: el socialista Héctor Polino y el correntino del Frente de Todos Fabián Ríos y se rindieron homenajes por el Día de la Diversidad Cultural.

Acerca de los barrios populares, la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional propone ampliar el alcance de la ley sancionada en 2018 (declarando la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios), prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años (como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda) y agilizar los procesos administrativos.

A través del proyecto también se promueve fortalecer el acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

El proyecto de ley busca actualizar el Registro Nacional de Barrios Populares, prórroga de la suspensión de desalojos como garantía para la implementación de la ley y resguardar el derecho a la vivienda por el plazo que dure la declaración de utilidad pública (10 años).

Asimismo, la iniciativa apunta a declarar la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años, garantizar los servicios públicos e incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.

El debate

Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Legislación General, Lucas Godoy (FdT), afirmó que este proyecto «es una política pública que se desarrolla a largo plazo y tiende a brindar las soluciones que propone la normativa», que son mejorar las «condiciones dignas y de calidad para los sectores populares».

«La modificación propuesta tiene que ver con ampliar de 4.416 barrios a 5.687, prorrogar la suspensión de los desalojos por el plazo de 10 años, declarar la emergencia socio-sanitaria y ambiental por 2 años e incorporar la perspectiva de género», agregó.

En el cierre del debate, la diputada del FdT-Patria Grande Natalia Zaracho afirmó que como miembro de un barrio popular en Villa Fiorito esta ley «fue muy importante» para tener en claro «cuantos barrios había» y por qué se «logró suspender los desalojos».

En su discurso, la diputada mostró su certificado de vivienda, del cual dijo que «es muy importante este papel que dice donde viven mis hijos y yo». Y sostuvo que la ley «es un compromiso» que se logró asumir entre todas las fuerzas políticas.

«Las obras llegaron a los barrios y ahora la gente vuelve a creer en la política. No estamos discutiendo una ley, sino una política pública que garantiza derechos», agregó.

El radical Fabio Quetglas defendió en la sesión la ley que originalmente fue aprobada en el Gobierno de Juntos por el Cambio, al afirmar que «si queremos un país de ciudadanos y ciudadanas con derechos y obligaciones» se necesita «pensar, desplegar y ensayar modelos de integración socio-urbanas».

Al hablar como miembro informante por JxC, Quetglas aseguró que la creación del Registro de Barrios Populares «tiene una importancia crucial en la historia urbana territorial de la Argentina porque, por primera vez a través de ese instrumento», el Estado argentino «ha tomado la decisión de conocer con exactitud cuántos metros cuadrados hay, cuántos conectados y en qué circunstancias están».

Por su parte, uno de los principales impulsores, el diputado del FdT-Patria Grande Federico Fagioli dijo que «esta política surgió del pueblo y de compañeros que salieron a exigir sus derechos. La integración socio-urbana es discutir y pensar cómo queremos que se desarrolle nuestro barrio, por eso se necesita una planificación a largo plazo».

El diputado de Juntos Somos Río Negro Agustín Domingo aseguró que «estamos frente a un problema transversal, no es problema solo de los grandes centros urbanos. Es importante que continúe esta política para que los vecinos de los barrios populares puedan acceder a una vivienda con todos los servicios».

Desde el PRO, Silvia Lospenato destacó que esta iniciativa se haya aprobado en el Gobierno de JxC y señaló que «la política tiene que hacerse cargo de haber fallado, durante muchas décadas, en darles una oportunidad a quienes les tocó habitar estos barrios populares. Esta es una verdadera política progresista y empareja la capacidad de las personas».

El legislador de Córdoba Federal Carlos Gutiérrez afirmó que «cuando tenemos ante nosotros políticas de Estado, como esta, debemos reivindicarlas porque se muestran cuando hay continuidad, sin importar el gobierno que la proponga; y más aún cuando son necesarias para resolver los problemas urgentes».

Desde la izquierda, el diputado jujeño Alejandro Vilca dijo que «la situación de los barrios precarios es algo que se genera por la política de los gobiernos; por la pobreza que genera este sistema. Hay una paradoja: la tierra es para garantizar el derecho a la vivienda o es para los negocios inmobiliarios».