En la previa a las elecciones, al Gobierno se le escapa el aumento de precios. Salarios congelados. Impacto en alimentos.

El caballito de batalla de Milei comienza a trotar y al Gobierno se le complica sostener el relato sobre la desinflación. La suba del dólar oficial 6 por ciento la semana pasada empezó a mover los precios en las góndolas de los supermercados. No alcanzó la receta ortodoxa con incremento de las tasas de interés y aumento de los encajes bancarios -hasta el 40 por ciento- para frenar la escalada de la divisa estadounidense, y tampoco la presión de Economía sobre los empresarios para que no trasladen el impacto a las listas que ya llegaron actualizadas a los comercios.

En el mes previo a la elección en la provincia de Buenos Aires, el recalentamiento del dólar, más cerca del techo de la banda acordada con el FMI, vino acompañado de subas en todos los servicios. De acuerdo con la proyección de Orlando Ferreres & Asociados, para agosto, el índice de inflación podría rondar el 3 por ciento. Aunque el titular de la consultora considera que lo más preocupante no es la variación del costo de vida en ese porcentaje, sino la decisión de la administración libertaria sobre la tasa de interés que “afecta en los préstamos y en el crecimiento”. Se encuentra 40 puntos por encima de la inflación esperada.

“El último mes la base monetaria aumentó bastante y por lo tanto ese efecto puede notarse también en los precios al consumidor”, señaló Ferreres. Además, aseguró que hay beneficiados y perjudicados por la política económica que conduce el Ejecutivo. “Existen ganadores, como por ejemplo el sector de automóviles, que está vendiendo mucho más que el año pasado” y “perdedores, como la construcción, que está teniendo una actividad muy baja, lo mismo que el cemento”.

En una emisión de streaming, el ministro de Hacienda, Luis Caputo afirmaba que “El tipo de cambio subió 17 por ciento y los precios ni se movieron”. Horas después, distintas firmas se dispusieron a remarcar.

Para el economista jefe de BTG Pactual, Andrés Borenstein, el IPC en agosto podría llegar al 2,2 por ciento, cifra que no considera de gran impacto. De todas maneras, las estimaciones incipientes que se conocen para el octavo mes del año apuntan al alza.

Cuando los datos se contraponen con la situación de los ingresos populares, la crisis del consumo, el endeudamiento de las familias para comprar alimentos, las paradas de planta y los cierres de fábricas, cualquier movimiento obtura aún más las posibilidades de acceso a bienes y servicios.

Mientras el precio del dólar y de los productos en las góndolas se descongelan, los sueldos se mantienen frizados. Por ejemplo, en mayo, último relevamiento disponible del Indec, los salarios aumentaron 3 por ciento en promedio, pero los registrados privados lo hicieron apenas 2 por ciento; contra el 5,6 por ciento de los no registrados.

La realidad que marca el bolsillo no es la misma que prometen los números. En el caso puntual del IPC, según especialistas de distintos colores políticos, el indicador no pondera de forma correcta el costo de los servicios públicos en la canasta. Esto porque se sigue utilizando una encuesta cuya última modificación ocurrió durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando el peso de las tarifas era menor. Fue incluso el propio titular del organismo, Marco Lavagna, quien pidió autorización para actualizar el formulario, solicitud que resultó desestimada de inmediato.

“La inflación tiene fecha de defunción a mitad del año que viene. Y se va a terminar porque la política monetaria actúa con un rezago que oscila entre 18 y 24 meses. Ahora es el momento de empezar a pensar en crecer”, declaró Milei en abril de 2025, cuando expuso en el Congreso Económico Argentino, de Expo Argentina de Economía, Finanzas e Inversiones (EFI).

Lo que no estaba entre las líneas leídas por el Presidente era la disparada del dólar y el parate de la actividad económica. El repunte en V que parece no encontrar el rebote. La variación porcentual interanual de la inflación en los últimos 12 meses se ubicó en el 39,4 por ciento y la acumulada en 2025 hasta junio quedó en el 15,1 por ciento.

Este martes el Banco Central publica el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que para junio había estimado 1,8 por ciento de inflación y para julio 1,7 por ciento. El informe incluye perspectivas sobre los precios minoristas, la tasa de interés, el tipo de cambio y el nivel de actividad, en base especialistas, locales y extranjeros.

El FMI, por su parte, estimó que la inflación anual de Argentina estará entre 18 y 23 por ciento este año, analizó el francés Pierre-Olivier Gourinchas, consejero económico y director del Departamento de Estudios del Fondo.

Las principales consultores privadas anticiparon que en julio el indicador estaría por debajo del 2 por ciento. El 13 de agosto se conocerá la cifra oficial. 

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Aunque se flexibilizaron metas y se espaciarán las revisiones, el Fondo alertó por el bajo nivel de reservas, el déficit externo creciente y pidió mantener un enfoque monetario contractivo.

El Gobierno nacional recibirá este lunes un nuevo desembolso de u$s2.000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), correspondiente al acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) firmado en abril, que destinará a reforzar las reservas internacionales y a cumplir compromisos de deuda con el propio organismo. De hecho, apenas se concrete el giro, el Tesoro deberá abonar unos u$s824 millones en concepto de intereses y comisiones.

Con este segundo desembolso, el FMI habrá girado hasta ahora u$s14.000 millones de los u$s20.000 millones acordados en abril. Ese adelanto fue clave para frenar la pérdida de reservas y estabilizar el esquema cambiario, a cambio de compromisos como el abandono del deslizamiento controlado del dólar al 1% mensual, el levantamiento parcial del cepo y la adopción de una banda de flotación cambiaria entre $1.000 y $1.400 por dólar.

A pesar de esta reconfiguración monetaria, el FMI informó en su último staff report que la Argentina no cumplió la meta de acumulación de reservas netas del segundo trimestre. Al cierre de junio, el saldo era de u$s4.700 millones, lejos del objetivo de u$s1.100 millones. Esta desviación se atribuye a la demora en aprobar la primera revisión y motivó un ajuste a la baja de la meta de reservas, que fue reducida en u$s5.000 millones.

Relajación de metas y monitoreo más espaciado

Como parte del entendimiento alcanzado, el FMI también acordó modificar la frecuencia de las revisiones del programa, que pasarán a ser semestrales en lugar de trimestrales. La decisión responde al contexto de alta tensión económica que atravesó el Gobierno en julio, marcado por una fuerte suba de tasas y renovadas presiones sobre el dólar, que saltó 4% en un solo día, alcanzando los $1.380, para luego retroceder levemente a $1.375 el viernes.

El organismo advirtió que la Argentina se encuentra entre los países con menores niveles de reservas dentro del universo emergente, y recomendó que el Banco Central asuma un rol más activo en la acumulación anticipada de divisas, como lo hacen Chile, Colombia o México.

Déficit externo y presión por importaciones

Otro punto de preocupación para el FMI es el deterioro del frente externo. Según el reporte, el déficit de cuenta corriente cerraría 2025 en u$s11.800 millones, equivalente al 1,7% del PBI, frente al 0,4% registrado en 2024. Esta dinámica se explica, principalmente, por la apertura del cepo y la liberalización de importaciones, que provocaron un rápido aumento de la demanda de divisas.

“El superávit comercial se está reduciendo rápidamente impulsado por un aumento de las importaciones, en un contexto de elevada actividad, una moneda aún relativamente fuerte y una liberalización comercial y cambiaria”, señaló el FMI. No obstante, en junio se habría observado una moderación del 3% mensual en el nivel de importaciones, posiblemente reflejando una menor demanda interna y una depreciación real del peso cercana al 15% desde abril, según estimaciones del staff técnico.

Por último, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, insistió en que se mantengan condiciones monetarias contractivas para sostener el proceso de desinflación y remonetización, al tiempo que remarcó la necesidad de mejorar el marco de política monetaria a fin de reducir la volatilidad de tasas y consolidar un entorno macroeconómico más previsible.

/ámbito

Milei rechazó las normas aprobadas por el Congreso, alegando falta de financiamiento. El oficialismo confía en sostener el veto en Diputados, mientras la oposición busca revertirlo. La pulseada fiscal llega al Congreso en medio de tensiones con las provincias.

El presidente Javier Milei firmó el sábado los decretos que vetaron en su totalidad tres leyes sancionadas por el Congreso el 10 de julio, las cuales establecían aumentos en las jubilaciones, la reincorporación de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. Los decretos fueron publicados este lunes en el Boletín Oficial, cumpliendo así con el plazo constitucional de 10 días hábiles.

Las normas vetadas, identificadas como 27.791, 27.792 y 27.793, contemplaban un incremento del 7,2% en los haberes jubilatorios, excepto para los regímenes especiales, un aumento del bono previsional de $70.000 a $110.000 con ajuste por inflación, y la reapertura por dos años de la moratoria que permite acceder a la jubilación a quienes no completaron los 30 años de aportes. Además, la ley de emergencia en discapacidad establecía la creación de una nueva pensión no contributiva y actualizaciones automáticas de aranceles para prestadores.

El Ejecutivo justificó el veto argumentando que estas iniciativas carecen de financiamiento adecuado y presentaron irregularidades en su tratamiento legislativo. Según cálculos oficiales, las medidas representarían un incremento del gasto público del 1,68% del PBI en el caso de las jubilaciones, mientras que el proyecto de discapacidad implicaría un desembolso superior a los 2 billones de pesos en 2025 y 4,7 billones en 2026.

El decreto de veto fue refrendado por los ministros Guillermo Francos, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, Mario Iván Lugones, Patricia Bullrich, Mariano Cúneo Libarona, Luis Caputo, Luis Petri y Gerardo Werthein. En declaraciones previas, Milei había adelantado su decisión de rechazar las leyes e incluso judicializar el tema en caso de que el Congreso insistiera con su aprobación.

El desafío político en el Congreso

El Gobierno confía en contar con los votos necesarios para sostener el veto en la Cámara de Diputados, donde se requiere que al menos un tercio de los presentes respalde la decisión presidencial. Según fuentes oficialistas, existe un «altísimo entusiasmo» ante la posibilidad de que la oposición no logre reunir los dos tercios necesarios para revertir el veto.

La sesión prevista para el miércoles incluirá, además del tratamiento de los vetos, temas como el financiamiento universitario, la emergencia del Hospital Garrahan y del Sistema Nacional de Ciencia, así como decretos desreguladores que afectan a organismos como el INTI, el INTA y Vialidad. También se debatirán iniciativas de gobernadores para modificar la coparticipación de impuestos y el esquema de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene negociaciones con las provincias para atenuar el conflicto por la distribución de recursos, aunque aún no se definió el monto que se destinaría a los ATN. La disputa con los gobernadores sigue siendo uno de los principales desafíos para el Gobierno en su estrategia de consolidar el ajuste fiscal y evitar mayores presiones sobre el gasto público.

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