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NacionalPolítica & Economía 

Denunciaron a nueve jueces por proteger a las empresas de Macri.

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El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, denunció ante la Justicia nacional a nueve jueces del fuero Comercial a los que acusó de haber obstaculizado investigaciones a empresas vinculadas al expresidente Mauricio Macri y a directivos del Grupo Clarín, entre otras.

Los jueces fueron acusados de defender y, en ocasiones, asesorar a ciertos integrantes de grupos de poder y/o económicos, entre los que se encontrarían José Antonio Aranda (Grupo Clarín), Alejandro Jaime Braun Peña (pariente del exjefe de Gabinete de Macri, Marcos Peña Braun), Juliana Awada (esposa del expresidente), Pablo Clusellas (exsecretario Legal Técnico de Macri) y el propio Mauricio Macri.

La denuncia penal es contra nueve magistrados de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial a los que les imputó los delitos de “abuso de autoridad; incumplimiento de los deberes de funcionario público; prevaricato; usurpación de funciones y retardo de justicia”, indicaron a Télam fuentes judiciales.

En la denuncia se indicó que los jueces denunciados utilizaron el poder jurisdiccional que les fuera conferido en forma contraria al mandato que los alcanza, al boicotear investigaciones promovidas por la IGJ que tiene entre sus funciones la de fiscalizamos a las sociedades comerciales con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.

La IGJ también se dedica a fiscalizar el funcionamiento de las asociaciones civiles, fundaciones, sociedades por acciones y sociedades extranjeras que actúan en suelo porteño, control que, en algunos casos, se extiende a todo el país, como en el caso de las sociedades de capitalización y ahorro, sobre las cuales la competencia del organismo tiene carácter federal.

En la denuncia se señalan una serie de maniobras tendientes a lograr que siempre intervengan los mismos jueces de alzada quienes, a la postre, adoptan resoluciones siempre favorables a las empresas y grupos económicos fiscalizados por la IGJ.

Se trata de los jueces Héctor Chomer, Maria Elsa Uzal, Alfredo Kolliker Frers, Julia Villanueva, Eduardo Machín, Pablo Heredia, Miguel Bargallo, Ángel Sala y Hernán Moncla, según detallaron a Télam fuentes al tanto de la presentación judicial.

Los jueces denunciados buscaron siempre limitar la actuación de IGJ como organismo de control, neutralizar el poder de policía de ese organismo, revocar cada una de sus resoluciones y permitir la actuación de empresas off shore, señalaron las fuentes consultadas por esta agencia.

“Lejos de actuar como garantes de la legalidad -y de la vigencia de la Constitución Nacional-, la han avasallado, usurpando funciones que no les fueron asignadas, para terminar dictando decisiones que se basan exclusivamente en su mera voluntad, voluntad que está movida por una determinada ideología política y tal vez otros motivos, igual de mezquinos y todo tipo de subterfugios”, señalaron.

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Misión internacional de DDHH cuestionó la tobillera a Cristina Kirchner y exigió una condena digna

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Los expertos afirmaron que la imposición de la tobillera electrónica «podría implicar un trato cruel, inhumano o degradante y constituir una forma de tortura psicológica».

Una misión internacional de especialistas en Derechos Humanos publicó un dictamen que apuntó contra la tobillera electrónica que dispuso la Justicia a la ex presidenta Cristina Kirchner para cumplir su condena y la consideró innecesaria, inadecuada, desproporcionada y violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En tanto, exigió al Poder Judicial a «garantizar que el cumplimiento de la pena respete la dignidad, los derechos y garantías de toda persona privada de libertad«.

En un texto público, la misión integrada por personalidades del ámbito jurídico, político y académico de América Latina consideró “innecesaria, inadecuada, desproporcionada y violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” la imposición de un dispositivo de vigilancia electrónica a la exnpresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa en su contra.

Irregularidades en las disposiciones de la condena de Cristina Kirchner 

El documento hizo un análisis sobre las condiciones de cumplimiento de la prisión domiciliaria de la ex presidenta y apuntó en particular sobre la decisión judicial que impone la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica (tobillera), no se expide sobre el fondo de la causa penal ni sobre el proceso general que derivó en la condena, «aunque el caso se encuentra bajo seguimiento atento por parte de los expertos internacionales debido a las reiteradas denuncias públicas de irregularidades, vulneraciones de garantías y afectación del debido proceso».

/Ed

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El Gobierno eliminó dos obras sociales por irregularidades

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El Ejecutivo continúa un proceso iniciado por la Superintendencia de Servicios de Salud, que ya dispuso la baja de otros prestadores.

A través de las resoluciones 1092/2025 y 1093/2025 publicadas en el Boletín Oficial este lunes y firmadas por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el Gobierno resolvió dar de baja del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS) a dos obras sociales: la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda y la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín.

Con estas medidas, ya suman cinco las obras sociales dadas de baja del RNAS en los últimos días. La semana pasada fue excluida la Obra Social del Personal Aduanero. Además, se iniciaron trámites de baja para la Obra Social del Personal de la Industria Botonera y la del Personal Cinematográfico de Mar del Plata.

Según la Superintendencia de Servicios de Salud, las decisiones son el resultado de una evaluación integral de la situación institucional de las diferentes entidades, realizada por personal técnico del organismo, que viene realizando auditorías en profundidad desde el inicio de la gestión.

Según las resoluciones publicadas, ambas entidades estaban declaradas en situación de crisis desde hace más de dos años. Durante ese período, la Superintendencia había formulado observaciones y solicitado que se subsanen las irregularidades detectadas. No obstante, las administraciones de las obras sociales no presentaron la documentación e información requerida, lo que motivó la baja de la inscripción en el registro nacional.

Respecto a los demás casos, las conclusiones establecieron que presentan una crítica situación institucional y prestacional. «Esto es debido a la merma en su población beneficiaria, con la consecuente reducción de aportes y contribuciones, al incremento de los costos de insumos médicos, a deudas originadas en amparos judiciales y a dificultades en la contratación de prestadores, de acuerdo a lo que alegó la entidad», señalaron.

Es importante destacar que los beneficiarios de la Obra Social tienen garantizada la continuidad de la cobertura de salud a partir de ejercer el derecho a realizar la opción de cambio a otro Agente. De no hacerlo, será la Superintendencia de Servicios quien asigne una cobertura de similares características, aclaró el Ejecutivo para todos los casos.

Esta medida se da en el marco del reordenamiento del sistema de salud que impulsan el Ministerio de Salud y la Superintendencia con el objetivo de alcanzar la sustentabilidad de los Agentes y garantizar servicios de salud de calidad a sus beneficiarios.

/ámbito

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Milei celebró estar del «lado correcto de la historia» tras el ataque de EE.UU a Irán

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El Presidente compartió el posteo del ministro de Defensa, Luis Petri, tras la escalada en el conflicto de Medio Oriente.

El presidente Javier Milei rápidamente se hizo eco del ataque de Estados Unidos a las centrales nucleares de Irán. A través de sus redes sociales, el mandatario se encargó de repostear apoyos al accionar del país norteamericano y celebró que Argentina «esté del lado correcto de la Historia».

/Ed

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