NacionalPolítica & Economía
Cristina denunció ante expertas de la OEA que es víctima de una «escalda de violencia».

La Vicepresidenta señaló que los ataques son «por motivos políticos y de género», y que la situación se profundizó «a lo largo de los mandatos» que ejerció hasta llegar al «intento de magnicidio» del 1º de septiembre pasado.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció ante una comitiva de expertas de la OEA especializadas en violencia contra la mujer que desde hace dos décadas ella es víctima de una «escalada de violencia por motivos políticos y de género» que se profundizó «a lo largo de los mandatos» que ejerció al frente del Ejecutivo hasta llegar al «intento de magnicidio» del 1º de septiembre pasado, al que definió en un informe de 96 páginas como «el hecho de mayor violencia política desde el retorno de la democracia».
El informe elaborado por el equipo jurídico de la presidencia del Senado fue entregado el jueves a las especialistas de la OEA y se difundió en su totalidad este viernes, tras el encuentro que mantuvo la titular del Senado con la delegación del comité de expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), a quienes presentó una investigación de 96 páginas que aborda y analiza con reproducciones de tapas de la revista Noticias, fotos de manifestaciones antikirchneristas y otros recursos las acciones de «hostigamiento mediático», de promoción del «discurso de odio», de «despersonificación» y «objetivación» de las que fue objeto en los últimos años.
El estudio fue recibido por la comitiva de mujeres de la OEA que integran la abogada peruana Huaita Alegre (presidenta), la especialista brasileña Leila Linhares Barsted, su par boliviana Lourdes Montero Justiniano y la psicóloga costarricense Sylvia Mesa Peluffo, quienes la tarde de este viernes encabezarán una rueda de prensa para difundir las conclusiones y recomendaciones preliminares sobre la violencia ejercida contra las mujeres que actúan en la vida política de Argentina.
La reunión de Cristina Kirchner con las expertas del organismo hemisférico se realizó la noche del jueves en el despacho de la Presidencia del Senado; y participaron también la secretaria técnica de Mesecvi, la abogada venezolana Luis Patricia Mejía Guerrero, y la responsable de comunicación, la periodista y politóloga colombiana Tatiana Bensa.
Al finalizar el encuentro, la Vicepresidenta difundió un video desde sus redes para informar que había entregado el informe en el que desarrolló las «violencias ejercidas» en su contra, al igual que «el intento de magnicidio, o de asesinato».
«Es difícil hablar de estas cosas en primera persona pero, bueno, las cosas sucedieron y no se pueden ocultar», confió, y compartió el relevamiento recibido por las integrantes de Mesecvi, que se titula «Informe sobre violencias ejercidas contra Cristina Fernández de Kirchner. El intento de magnicidio en su contra».
El documento, al referirse al intento de asesinato llevado a cabo por Fernando Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte el 1º de septiembre, lo encuadra como «el hecho de mayor violencia política desde el retorno de la democracia» y recuerda que «se transmitió en vivo» con imágenes que se «viralizaron» en todo el mundo.
«El arma, el ruido de la misma cuando se gatilla y la cercanía al rostro de Cristina Fernández de Kirchner, activaron las más sonoras alarmas democráticas», remarca el estudio, pero luego se remonta a episodios anteriores de intimidación y violencia dirigidos a la Vicepresidenta para demostrar que hubo una serie de acciones in crescendo.
En ese sentido, la investigación exige «no olvidar que la escalada en la violencia política derivó en un ataque concreto y directo a nuestra democracia».
El texto hace también un recorrido de «la escalada de violencia por motivos políticos y de género hacia Fernández de Kirchner a lo largo de sus mandatos», que buscó deshumanizarla para así «justificar e incentivar cualquier tipo de agravio, injuria o ataque en su contra».
Además, el informe denuncia que la Vicepresidenta «es la política más acosada mediáticamente de la historia de nuestro país» y propone a modo de prueba revisar «ciertos ejemplares de la revista Noticias», de la editorial Perfil, «para dar cuenta de la grotesca, violenta y explícita misoginia ejercida» contra ella.
En ese sentido, se reproducen 18 portadas del semanario periodístico que, de manera insistente, mostraban la imagen de Cristina Kirchner en situaciones imaginarias vinculadas a la faceta íntima como también a presuntas enfermedades, o incluso en escenas que remitían a la idea del suicidio o la muerte, pero en todos los casos haciendo foco en su condición de mujer.
«Utilizando herramientas propias del campo de la semiótica social visual para analizarlas, podemos advertir las referencias utilizadas», advierte el texto en el que luego se denuncia la «construcción de su figura política» atravesada por «los estereotipos de género de orientación sexista y misógina».
En relación a esas ediciones de Noticias, el documento subraya que se mostraba a la entonces Presidenta «en claras posiciones que ostentaban connotaciones sexuales, demonizando que fuese una mujer la que ejerciera la Presidencia de la Nación, lo que implicó un claro ataque a su condición de género».
Además, el trabajo detalla que el tratamiento periodístico dedicado a Cristina Kirchner lleva a «pensar en la relación existente entre determinados monopolios mediáticos y la democracia», por lo que pide «reflexionar sobre la representación y el imaginario social que se construye desde determinados monopolios de comunicación».
«La figura pública de la Vicepresidenta se construyó mediáticamente a partir de discursos de odio que por dos décadas la caracterizaron como un personaje grotesco, cruel, tirano y corrupto, lo que implicó la negación de su humanidad», sintetiza la investigación, para finalmente plantear que de ese modo «se construyó un escenario idóneo para dar lugar a agresiones en su contra, que fueron escalando».
Al llegar a ese punto, el informe recibido por las expertas de la OEA enumera antecedentes violentos del intento de asesinato, como «la vandalización» de esculturas con su figura, «el ataque a su despacho en el Senado de la Nación» del 10 de marzo de 2022, así como «los incidentes en el Instituto Patria» registrados el 21 de julio también de 2022, cuando manifestantes antikirchneristas arrojaron basura y patearon las puertas de la sede de la calle Rodríguez Peña ante la inacción de la Policía de la Ciudad, como quedó registrado en varios videos.
En el análisis de 96 páginas se advierte también sobre «la impunidad procurada desde el Poder Judicial a todos los ataques» que se dirigían a Cristina Kirchner.
En materia judicial, la investigación cuestiona el accionar de Comodoro Py al advertir sobre «la falta de investigación para procurar la impunidad del intento de magnicidio» y la «manifiesta parcialidad de la jueza (María Eugenia) Capuchetti».
Finalmente, el informe considera que en la embestida contra la Vicepresidenta «se tejió una alianza espuria, ilegal y mafiosa entre medios de comunicación, sectores políticos y del poder real y ciertos sectores muy poderosos del Poder Judicial«, para coordinar «una feroz persecución política desde los estrados judiciales» dirigida contra «Fernández de Kirchner, su familia y sus funcionarios».
«No solo está demostrado que el atentado fue realizado con la asistencia en la planificación de un grupo político violento y fascista financiado por el empresario más cercano a (Mauricio) Macri», dice el informe en referencia a Nicolás Caputo.
Y agrega que «no solo está demostrado que un diputado nacional de esa fuerza política (por Gerardo Milman) sabía que se realizaría el atentado y había participado desde el Congreso de la Nación para asegurar que el mismo tuviese éxito, sino que también se encuentra demostrado que la jueza a cargo de la investigación (por Capuchetti) recibía dinero de ese mismo espacio político a través de contratos laborales falsos y ficticios, lo que claramente explica la paralización de la causa».
«Las denuncias en sede nacional ya no alcanzan, porque la degradación institucional de estos sectores mafiosos de poder es muy profunda y generalizada«, concluye el texto y agrega que «es necesario acudir a organismos internacionales» para «solicitar así su pronta e inmediata intervención».
@Télam.
/Imagen principal: Télam/

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Senadores aprobaron la ley de financiamiento universitario

El Senado aprobó el proyecto de ley de financiamiento universitario, que tiene media sanción en Diputados. El expediente replica el que el Congreso sancionó el año pasado y el presidente Javier Milei vetó.
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Golpe al oficialismo: los cinco decretos de Milei qué quedaron sin efecto

El Senado frenó este jueves cinco decretos clave del gobierno de Javier Milei, incluyendo la disolución de Vialidad Nacional y la transformación de INTI e INTA, en una sesión marcada por debates encendidos y amplio rechazo opositor.
El Senado argentino le aplicó este jueves un contundente primer golpe al gobierno de Javier Milei al rechazar cuatro decretos delegados y un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habían sido cuestionados por Diputados la semana pasada. La sesión, extensa y con debate encendido, continuará con el tratamiento de leyes sobre emergencia pediátrica y presupuestos universitarios.
Con amplio apoyo opositor, las resoluciones del Ejecutivo quedaron sin efecto, entre ellas la disolución de Vialidad Nacional y la modificación de los organismos INTI e INTA. Las medidas habían sido impulsadas desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger.
El debate comenzó pasadas las 12:30, luego de una serie de cuestiones de privilegio y la aprobación de acuerdos militares. El decreto que proponía disolver Vialidad Nacional generó el mayor consenso entre los legisladores provinciales en rechazo a la medida, que buscaba reasignar funciones esenciales del organismo y disolver la Agencia Nacional de Seguridad Vial para “reducir el gasto público”, argumentando que la Gendarmería Nacional podía asumir dichas tareas.
El senador radical Pablo Blanco criticó duramente la iniciativa: “El Gobierno toma una medida como si aparece un enfermo de cáncer y para no gastar dinero le pega un tiro. Se acabó el enfermo y se acabó el problema”.
Por su parte, Alfredo De Ángeli, jefe de bloque del PRO, defendió al INTA y destacó su relevancia internacional, mencionando avances tecnológicos como la primera cosechadora de algodón para varias provincias. El camporista Eduardo De Pedro centró su discurso en el Banco Nacional de Datos Genéticos, señalando que la reforma “quita competencias, reduce las capacidades y busca volver a la Argentina de la impunidad”.
Los decretos delegados también incluían transformaciones profundas:
- INTA e INTI: pasaban de ser entes autárquicos a organismos desconcentrados, dependientes de secretarías de Estado.
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte y Junta de Seguridad en el Transporte: cambios en sus funciones, absorbiendo o limitando competencias.
- Organismos culturales: modificaciones en estructura y presupuesto.
- DNU Marina Mercante: cuestionado por implicar desregulación y afectar derechos laborales.
El Senado votó de la siguiente manera:
- INTA e INTI: 60 rechazos, 9 afirmativos, 1 abstención.
- Organismos de cultura: 57 rechazos, 13 afirmativos, 1 abstención.
- Banco de Datos Genéticos: 58 rechazos, 12 afirmativos, 1 abstención.
- Marina Mercante: 55 rechazos, 13 afirmativos, 3 abstenciones.
- Vialidad Nacional: 50 rechazos, 10 afirmativos, 1 abstención.
En el recinto, el peronista Pablo Bensusán defendió la continuidad de INTA e INTI: “Destruir estas instituciones es destruir años de trabajo en ciencia, tecnología y desarrollo. Si no existieran, nuestros productores dependerían de multinacionales”.
Blanco agregó: “El Ejecutivo esconde la eliminación de los entes reasignando funciones y vaciando de contenido los organismos, subordinándolos a estructuras menores, eliminando su autonomía técnica y presupuestaria”.
Desde el peronismo disidente, Juan Carlos Romero (Salta) reconoció la relevancia del INTA pero advirtió que “se duplicaron empleados sin duplicar resultados”. Por su parte, Alfredo De Ángeli, del PRO, anunció que votaría contra las medidas pese a gestos anteriores de cercanía con el oficialismo.
El jefe del bloque libertario en la Cámara alta, Ezequiel Atauche, defendió la reorganización y afirmó que “las funciones se mantienen, no se trata de cierres sino de reestructuración legal”, destacando la optimización del personal y la reducción de exceso administrativo en organismos como el INTA.
La sesión representa un fuerte revés político para Milei, que ve frenadas varias de sus iniciativas de reorganización estatal y se enfrenta a un Senado opositor decidido a preservar la autonomía de organismos estratégicos del Estado.
/SJ8
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Por orden de Milei, Spagnuolo renunció a la ANDIS

La dimisión la comunicó la vocería presidencial pasada la medianoche. El ahora exfuncionario es amigo íntimo de Milei y también su abogado. En los audios detalla una serie de coimas a laboratorios desde el Estado.
El escándalo que sacudió al ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, alcanzó su punto de hervor en las oficinas de La Casa Rosada. El rumor de la renuncia del abogado a la titularidad del organismo comenzó a circular a media tarde de ayer. La filtración de audios donde se lo escucha dar detalles de una dinámica de coimas a los laboratorios para garantizar contratos con el Estado terminaron por eyectarlo ante la incapacidad del presidente Milei de dar una respuesta comprensible sobre esos audios. Este jueves, nueve minutos pasada la medianoche, la cuenta de X que tiene la Vocería Presidencial dio cuenta del final de Spagnuolo al frente de la ANDIS, aunque no dijo una palabra sobre las acusaciones del ahora ex funcionario sobre Lule Menem, Karina Milei y el propio Presidente.
«Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo», dice el tuit de la vocería a cargo de Manuel Adorni. En otro tramo, señala el tuit que «el ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad e informará en las próximas horas el nombre del interventor del organismo, en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento». En rigor no desmienten la veracidad de los audios que trascendieron.
Todo comenzó cuando se emitieron una serie de audios en el programa Data Clave. Ahí se escuchaba una voz que se adjudica a Spagnuolo y que refería a un diálogo que habría tenido con Javier Milei: «Hablé con el presidente y le dije: ‘Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan, tengo todos los WhatsApps de Karina’”. En otro audio, dice: «¿Yo estoy denunciando el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita?» y agrega: «Entonces, cuando yo vaya y toque a uno, me van a decir ¿flaco, todo bien, pero venís a pedir guita con estos delincuentes?». Además, señalaría que de esos negociados Karina y Martín Menem se llevarían «de medio palo para arriba de medicamentos por mes». «Tengo todos los WhatsApp de Karina. A ella le llega el 3%», dice el titular de Andis, amigo de Milei. El repudio tras conocerse los audios no tardó en reflejarse en redes sociales, en la opinión pública y también en el Congreso.
Fuentes cercanas a la ANDIS aseguran que Spagnuolo es el protagonista de una crónica de una salida anunciada: su permanencia en el organismo tiene que ver únicamente por su relación personal con el presidente Javier Milei. Incluso señalan que no tenía diálogo con Martín Menem. Quienes lo defienden afirman que «nunca lo dejaron cambiar el sistema» de contrataciones y acuerdos con los laboratorios. Su designación fue una indicación directa del Presidente apenas asumió en 2023. Destacan que el vínculo es de larga data y que Spagnuolo llegó a ser abogado de Milei antes de que asumiera la presidencia en polémicas causas como, por ejemplo, la cautelar que presentó para frenar licitaciones del gobierno de Alberto Fernández luego de ganar el balotaje. El abogado llegó al organismo con la indicación de recortar.
El congreso alzó la voz
La filtración de audios no pasó inadvertida en el Congreso en el marco del debate por el rechazo al veto de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La oposición exigió que Spagnuolo explique los presuntos audios. El diputado Christian Castillo (Frente de Izquierda, FIT) dijo: “ Se aprovechan de la discapacidad. Pasó un día y no hubo aclaración alguna por parte del titular de la Andis”.
Por su parte, Pablo Juliano (Democracia por Siempre) sumó críticas, reclamando el cese de “del titular de la Andis reconociendo supuestos pedidos de coimas a laboratorios”. Juliano atribuyó la existencia de estos señalamientos a la falta de transparencia en la gestión actual y propuso que ordenar la agencia sería un paso imprescindible para evitar estas denuncias. En la misma línea, Esteban Paulón (Encuentro Federal) dijo que los audios representan “un jubileo de la corrupción”. El diputado anunció la presentación de una citación parlamentaria para que Spagnuolo y Karina Milei expliquen ante el plenario y den preciosiones sobre las grabaciones.
La denuncia
El abogado Gregorio Dalbon denunció penalmente al presidente Javier Milei y a su secretaria general, Karina Milei, por el “cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa de fondos públicos”. Dalbon destacó que ANDIS es “la columna vertebral de la política de discapacidad” y que “el desvío de fondos en este ámbito impacta en la población más frágil de la sociedad”. Encuadra los hechos en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública. Pide los allanamientos de la ANDIS, la Secretaría General de Presidencia y las oficinas de la droguería vinculada. Reclamó el secuestro de los teléfonos celulares de Spagnuolo, el requerimiento a la Unidad de Información Financiera para que analice los movimientos bancarios de la droguería, y a la Inspección General de Justicia para que informe su composición societaria y autoridades.
El camino de Spagnuolo
«Su discapacidad no es un problema del Estado. ¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no?». Esa fue la frase que recibieron Marlene Spesso y su hijo Ian Moche, el niño con autismo que es activista y concientiza sobre el trastorno, durante una reunión que tuvieron con Spagnuolo en medio de los recortes que afectan a las personas con discapacidad, que ven sus tratamientos demorados, postergados o directamente suspendidos por el ajuste y la motosierra del Gobierno de Javier Milei.
El único paso por la administración pública que se le conoce fue, además, gracias a un tipo muy particular de «casta»: acompañó como asesor a Carlos Kambourian —procesado por malversación de fondos públicos del Hospital Garraham— en la secretaría de Salud del municipio de Pilar durante la intencia de Carlos Ducoté. Para todas las organizaciones del colectivo siempre fue un desconocido. Ya en funciones, según denunció ATE, empezó por el despido de más de 200 trabajadores del organismo. Luego inició una costosa auditoría sobre las pensiones por invalidez, que tal como reveló Página/12 fue denunciada ante la ONU por su trato violento y discriminatorio hacia las personas con discapacidad. En lo que va de este año, además, la ANDIS ya dio de baja más de 100 mil pensiones. Spagnuolo también fue el responsable de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución que contenía términos como “idiotas” y “mogólicos” para referirse al colectivo.
/P12
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