Mientras prepara la presentación judicial contra la cautelar de la Corte, el Poder Ejecutivo llamaría a sesiones extraordinarias. En ese ámbito, el oficialismo buscará tratar la moratoria previsional y abriría el debate sobre cómo financiar los recursos extra que el máximo tribunal le concedió a la Ciudad de Buenos Aires. Una opción es modificar el presupuesto, otra es crear nuevos impuestos.

En medio de los festejos navideños del fin de semana, el Gobierno estuvo dedicado a planificar los pasos a seguir para enfrentar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dijo que el Estado nacional deberá pagarle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires unos 180 mil millones de pesos más de los que ya percibe por coparticipación –con el costo de la policía local incluido–. Mientras en Balcarce 50 aseguran que esa medida cautelar es «incumpible, inédita y política», están evaluando escenarios. Por un lado, confirman que este lunes no se pagará porque la Corte aún ni siquiera notificó al Banco Nación. Por otro, adelantan que esta semana avanzarán en el frente judicial con una presentación de la que se encargará el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y que a la vez llamarán a sesiones extraordinarias para tratar, entre otros proyectos, la ley de moratoria previsional. Una opción bajo análisis es que en ese período también presenten una ley para modificar el Presupuesto, o una para crear nuevos impuestos y conseguir los recursos necesarios para pagarle a CABA si no les queda otra opción y la Corte los obliga, lo cual, sin recursos extra, obligaría al Ejecutivo a violar la Ley de Presupuesto ya aprobada por el Congreso.

El Poder Ejecutivo, con el acompañamiento de una mayoría de gobernadores, realizó la semana pasada un movimiento inédito. Hasta el momento el presidente Alberto Fernández y los distintos miembros del Frente de Todos venían cuestionando los fallos del máximo tribunal y señalaban, como repite la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que ya no se trata de un Poder Judicial sino de un partido judicial con intereses políticos y partidarios. Lo cierto es que, esta vez, no solo se dijo, sino que, además de avanzar en el plano discursivo, el Gobierno avanzó en los hechos para que el fallo de los supremos pueda ser revisado dentro de la institucionalidad. 

Según explicaron en un pronunciamiento conjunto el Presidente y los gobernadores del Frente de Todos –con el posterior respaldo de otros cuatro mandatarios provinciales de partidos locales– cumplir con el fallo de la Corte implicaría no respetar el Presupuesto de 2023 que fue aprobado en el Congreso.

En esa línea, el exmiembro de la Corte Raúl Eugenio Zaffaroni subrayó en diálogo con el programa Rayos X que “la Corte Suprema le ordenó al Presidente que tome dinero y le pague a CABA, pero como hay una Ley de Presupuesto votada, si el Presidente utiliza el dinero para algo no previsto en la ley incurre en el delito de malversación de fondos«. Es decir, la CSJN -dijo el jurista- «coacciona al Presidente a cometer un delito». Algo similar opinó el abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat: «La resolución cautelar de la Corte suspende la aplicación del decreto del Presidente y la ley del Congreso que ratificó las alícuotas dispuestas. Se alza contra una ley. Es correcto calificar este conflicto entre poderes como el más grave desde el recupero de la democracia», dijo.

Para no incumplir con el Presupuesto votado, entre las opciones que analiza el Gobierno se cuenta conseguir los recursos por fuera de lo presupuestado. Una opción sería con la creación de impuestos: los trascendidos citaban posibles tributos a los bancos o al juego. Otra opción sería la aprobación en el Congreso de una modificación del Presupuesto. En ese caso, claro, los legisladores de las provincias, tanto del oficialismo como de la oposición, deberían votar para cambiarlo y que la Nación les quite dinero a sus distritos para obras, educación o salud y se lo dirija a CABA. Un escenario complejo para esos legisladores. También dejaría en un lugar difícil al alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que tiene aspiraciones presidenciales.

En los tribunales

Mientras el Ejecutivo piensa cómo avanzar en el área legislativa, también se prepara, mediante la Procuración del Tesoro de la Nación, la presentación judicial y el pedido de revocatoria de la medida de la Corte, que se haría efectivo esta semana. En lo inmediato, si hay un recurso, no habría incumplimiento del fallo de la Corte. El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y Horacio Diez, el procurador adjunto, estarían encargados del tema. Si bien desde distintas áreas trabajan en el asunto -como la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el ministro de Justicia, Martín Soria– no es función de ellos intervenir en este momento, sino de los abogados del Estado. «Corresponde técnicamente que lo haga la Procuración del Tesoro», explicaron en el Gobierno.

Más allá de eso, desde Economía, explican que el pago que se hace a cada distrito por coparticipación funciona del siguiente modo: AFIP recauda y manda el dinero a una cuenta del Banco Nación que, automáticamente, aplica el coeficiente que dice la ley o el decreto y lo envía. Es decir, según ellos, en el momento en que la Corte notifica al Nación, se debita. Según funcionarios del Gobierno, el Banco Nación, el domingo por la noche todavía no había sido notificado. No se sabe qué tiempo llevará que eso suceda, pero una estimación es que podría ocurrir recién en febrero. Según explicaron cerca del ministro de Economía, una vez que esa notificación existe, es «imposible» frenar el pago porque «no es discrecional».

Otras fuentes del Gobierno apuntaron que el fallo de la Corte perjudica a todas las provincias y, además, no corresponde pagar esa diferencia porque, en tal caso, tendría que haber estado establecido en el Presupuesto una afectación específica para el pago del traspaso de la policía porteña. La AFIP, explicaron, deposita al Banco Nación, pero es el Ministerio de Economía el que distribuye.

Desde el Ministerio del Interior, en tanto, explicaron que la cartera que conduce Eduardo «Wado» de Pedro «no toma intervención alguna en el pago del monto establecido en dicha norma para solventar el traspaso de competencias a CABA». De hecho, agregaron, «el Ministerio del Interior ni siquiera es parte en el expediente que tramita en el juicio ante la CSJN». «Quien lleva la defensa del Estado Nacional es Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro. Tanto es así, que todas las presentaciones realizadas en la causa debieron hacerse a través de su servicio jurídico», subrayaron.

En un principio, luego de la carta que el Presidente firmó el jueves junto a 14 gobernadores diciendo que el pago de 2,95 por ciento de la coparticipación a CABA era «imposible de cumplir», se estimaba que este lunes se concretaría la presentación formal del Gobierno ante la Corte, para el pedido de revocatoria «in extremis» de la resolución cautelar. Sin embargo, desde la Rosada precisaron que eso sucederá «en la semana».

Por su lado, el gobierno porteño también se presentará ante el máximo tribunal, pero para solicitar que se cumpla el fallo. La feria judicial comenzará el 1º de enero, por lo tanto, los cortesanos deberán definir si abren esa instancia de forma inmediata o la dejan para tratar en febrero, cuando vuelvan de la feria. 

El diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau resumió la situación en unas pocas palabras: «La Corte viene emitiendo sentencias que violan la Constitución arrogándose facultades del Poder Legislativo. Es la Corte la que utiliza acordadas como fallos y la que resucitó una ley derogada por el Congreso. Es la Corte la que suspende la aplicación de una ley vigente».

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