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NacionalPolítica & Economía 

Coparticipación: La Corte recibió la carta de los gobernadores por los fondos entre Nación y CABA.

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El Gobierno nacional entregó una nota a la Corte Suprema de Justicia con el planteo consensuado por los gobernadores sobre los fondos que la administración del expresidente Mauricio Macri le giró a la ciudad de Buenos Aires para financiar el traspaso de la policía al distrito, en la cual los mandatarios provinciales sostuvieron que «se violaron los principios de equidad, solidaridad e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional».

Lo hizo a través del Ministerio del Interior, luego de que los gobernadores se reunieron el miércoles en la Casa Rosada con el titular de esa cartera, Eduardo de Pedro, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur; encuentro al que se sumó luego el presidente Alberto Fernández.

El reclamo de los gobernadores se da en el marco de la disputa entre los gobiernos nacional y porteño por esos fondos que tiene estado judicial y es considerado por la Corte Suprema, donde la administración de Horacio Rodríguez Larreta radicó un pedido de cautelar para dejar sin efecto esa reasignación de recursos.

La Corte ordenó a ambas jurisdicciones buscar una solución a través de audiencias conciliatorias que se están realizando de manera semanal, antes de emitir una resolución.

El Gobierno nacional citó a las provincias y logró que se sumen a su criterio, para lo cual los gobernadores dispusieron enviar la nota con su postura al máximo órgano judicial y presentarse en el pleito como amicus curiae (amigo del tribunal), según informaron tras la reunión en la Casa Rosada.

En la misiva, los gobernadores señalaron que «el Régimen de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales previsto en la Ley N°23.548 ha sido fruto de un proceso político-jurídico complejo del que emergen los porcentuales de distribución que corresponden a cada distrito».

Y expresaron que «en el esquema de distribución de recursos vigente, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires percibe una participación de la parte que le corresponde a la Nación que deberá ser compatible con los niveles históricos, conforme lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley N°23.548. A partir de su autonomía, el porcentual se había establecido en 1,40% (cfr. Decreto N°705/03)».

Manifestaron que «sin embargo, por decisión del entonces presidente Mauricio Macri, mediante los Decretos Nros.194/16, 399/16 y 257/18, la Ciudad vio incrementada en forma desmesurada la distribución de recursos por la participación que recibe de la Nación. Así, el Decreto N°194/16 elevó su coeficiente al 3,75%, sin brindar mayor justificación que permita desentrañar las razones por cuales gozaría de ese beneficio».

Remarcaron que «apenas un mes más tarde, por el Decreto N°399/16, se indicaría que tales recursos serían destinados a atender las funciones de seguridad pública en todas las materias no federales allí ejercidas, tras la celebración del Convenio entre la Nación y la Ciudad sobre el particular».

«No obstante, tampoco se desprende de las actuaciones por las que tramitaran los decretos o de otra fuente de información, los motivos, cálculos o estimaciones realizadas para a determinar esa masa de recursos; todo lo cual expresa la irregularidad con que se llevaron a cabo tales actos», añadieron.

Según los gobernadores, «esta circunstancia se vio agravada por la omisión palmaria de someter a consideración del Congreso de la Nación el convenio de traspaso que nos ocupa y su financiamiento, conforme lo establece el artículo 75 inciso 2, párrafo 5°, donde explícitamente se prevé su intervención para aprobar transferencias de competencias, servicios o funciones y la reasignación de recursos».

«La decisión unilateral, discrecional e injustificada de la anterior administración del Poder Ejecutivo Nacional de aumentar el coeficiente de participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eludiendo la obligación constitucional de someter a tratamiento parlamentario el acuerdo de traspaso y los recursos comprometidos, constituyó una verdadera violación al federalismo», agregaron.

Para los gobernadores, «se rompió el equilibrio existente entre las jurisdicciones, se desoyó el procedimiento previsto en la Constitución Nacional y se violaron los principios de equidad, solidaridad y de igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional, aumentando los recursos de un distrito que se encuentra en una posición relativa de fortaleza presupuestaria y fiscal en comparación con la mayoría de las provincias argentinas

«Sentado ello, y como correlato del reclamo elevado al Gobierno Nacional desde las provincias, el Decreto N°735/20 vino a recomponer transitoriamente el equilibrio quebrantado por los mencionados Decretos Nros 194/16, 399/16 y 257/18, mientras que la Ley N°27.606 dio aprobación al Convenio que nos ocupa y dispuso las pautas presupuestarias para financiar el traspaso», refirieron.

Y ampliaron: «De esta manera, el costo surge del Presupuesto General, a contrario sensu del mecanismo anterior, que se financiaba bajo el régimen de coparticipación. Esta determinación resulta congruente con lo previsto en la cláusula I.6 el Consenso Fiscal 2020 que acordaron la Nación y 22 provincias y fue aprobado por Ley N°27.634″

«En este contexto, es de trascendental interés para las provincias argentinas reafirmar la dimensión histórica de la decisión que debe adoptar el Máximo Tribunal en la presente causa«, aportaron los jefes distritales.

«Resulta indudable que si la Corte Suprema convalidara, ya sea con el dictado de una medida cautelar o al momento de decidir sobre el fondo de la cuestión, el aumento de la participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuesto durante la gestión de Mauricio Macri en forma discrecional, injustificada y contrario a lo previsto por la Constitución Nacional, estaría sentando un precedente de graves consecuencias para el federalismo y consolidando un paradigma de desigualdad que desde el 10 de diciembre de 2019 se intenta revertir con el accionar coordinado entre los gobiernos provinciales y nacional», completaron.

«Es por ello, que quienes suscribimos la presente solicitamos a los Señores Ministros que al momento de resolver tengan en consideración los argumentos reseñados precedentemente, coadyuvando a la construcción de un federalismo justo y equitativo», concluyeron

La nota fue firmada por los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Sáa (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

No fue firmada por los radicales Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza).

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Encontraron a Diego Spagnuolo y le secuestraron el teléfono celular

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En el marco de la investigación por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, se ordenaron múltiples allanamientos y encontraron a Diego Spagnuolo en su casa de Pilar.

Diego Spagnuolo fue encontrado en el mediodía de este viernes 22 de agosto en su casa de Pilar. «Intentó escaparse», relataron en el programa Argenzuela por Radio 10.

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Nuevo «Che Milei» de Cristina Kirchner: «¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no la conocés a tu hermana? Daaale…»

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La expresidenta Cristina Kirchner publicó un duro posteo contra el presidente Javier Milei y su hermana Karina.

Cristina Kirchner publicó un fuerte posteo contra Javier Milei, relacionado con los audios del amigo y abogado del presidente, Diego Spagnuolo.

En el nuevo «Che Milei», CFK hace foco en el escándalo de los audios de Spagnuolo, donde se habla de supuestas coimas que recibían Karina Milei, la hermana del presidente, y Lule Menem.

El mensaje de Cristina Kirchner contra Javier Milei

Che Milei… ¿Te acordás de la “doctrina Vialidad”?… ESA QUE INVENTARON PARA METERME PRESA Y PROSCRIBIRME, con el argumento de que: “Una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional”.

Bueno… dejame decirte que las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muyyyyy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal. Porque si yo como presidenta “debía saber” y por lo tanto era responsable penal directa de lo que hacía cada funcionario público… Imaginate vos… después de que TODOS LOS ARGENTINOS HEMOS ESCUCHADO a tu amigo y abogado personal Diego Spagnuolo (al que nombraste titular de la Agencia Nacional de Discapacidad), relatar cuando te fue a ver para informarte personalmente de las andanzas de “EL JEFE” y su pandilla, cobrando retornos nada más ni nada menos que con los medicamentos en el área pública de discapacidad a la que le pasaste la motosierra…

Más escandaloso y vergonzoso no se consigue y, encima, ¿lo único que se te ocurre es rajar al que te fue a contar lo que pasaba? ¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías? ¿Que no te enteraste? ¿Que “quién es ese Spagnuolo”? ¿Que no la conocés a tu hermana? Daaale…

P/D 1: los audios de tu amigo Spagnuolo prueban que te avisó lo de las coimas y… hermano… ¡NO HICISTE NADA! O sea… ni siquiera te van a poder aplicar la “doctrina Vialidad” porque vos Milei, ¡SÍ QUE SABÍAS!

P/D 2: Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería “La Suizo Argentino S.A” (la mayor proveedora de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad), mencionada en los audios por Spagnuolo como el dispositivo a través del cual se cobraban las coimas, es amigo personal de Mauricio Macri, con quien juega al pádel, igual que los fiscales y los jueces que me condenaron. En dichos audios Spagnuolo también menciona que “le pusieron” como director a Daniel Garbellini “Un delincuente que estaba en la gestión de Macri”, según expresiones textuales. Como siempre digo… Todo tiene que ver con todo.

P/D 3: cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un Poder Judicial que funciona como Partido e instrumento político del poder económico y de los intereses extranjeros contra los intereses de Argentina.

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Javier Milei arremetió contra el Senado tras otro revés en el Congreso: «En octubre se va a terminar»

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La Cámara alta sancionó este jueves, por segundo año consecutivo, la ley de Financiamiento Universitario. Además, dio de baja cinco decretos presidenciales.

El presidente Javier Milei cuestionó con dureza a los senadores luego de que rechazaran por amplia mayoría cinco decretos de desregulación de organismos estatales y aprobaran la ley de financiamiento universitario. Según sostuvo, con esas medidas buscan “destruir el programa económico”.

A través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estadoapuntó contra “el cinismo del Senado”. “El mismo día que los honorables senadores votan leyes para destruir el programa económico que van a empobrecer a los argentinos se vuelven a aumentar el sueldo una vez, como han hecho a lo largo de todo el año”, denunció, en alusión al aumento de las dietas firmado en la Cámara alta.

De acuerdo con estimaciones, los trabajadores del Congreso y los legisladores pasarán a cobrar más de $10,2 millones en bruto desde noviembre. Para Milei, esa decisión implica “escupir en la cara de los argentinos que tanto esfuerzo han hecho para salir adelante”.

En su mensaje, el mandatario insistió en la necesidad del “sacrificio” social para avanzar con el programa económico y vinculó el escenario político con las elecciones legislativas. “Una vergüenza que esperemos que en octubre se va a terminar”, concluyó.

Otro golpe al Gobierno: la oposición en el Senado sancionó la ley de Financiamiento Universitario

Nuevo revés para Javier Milei en el Congreso. Luego de que el Senado le rechazara cinco decretos delegados al hilo, la oposición se asestó un nuevo triunfo. Con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, sancionó –por segundo año consecutivo— la Ley de Financiamiento Universitario que el presidente Javier Milei prometió vetar por su impacto fiscal.

En primer lugar, la oposición sancionó el proyecto impulsado por rectores: Ley de Financiamiento Universitario. Su redacción apunta a la reapertura de paritarias (paralizadas desde octubre del año pasado); fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico y la conformación de una caja de $10.000 millones, con actualización anual por IPC, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas. En Diputados, el texto consiguió 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones.

«Los argentinos perdimos más de un año sin que se haya construido ni un aula, los docentes y no docentes perdieron el 30% del poder adquisitivo. La educación universitaria es la forma para generar movilidad social ascendente», dijo Eduardo «Wado» de Pedro, senador de Unión por la Patria, al defender la iniciativa.

«Hay un informe de la Conadu de junio del 2025 que señala que la inversión en educación superior es hoy actualmente el 0,43 % del PBI cuando históricamente ha sido del 0,8 % del PBI”, alertó su par, Fernando Salino.

La senadora de Provincias Unidas Alejandra Vigo señaló que “si bien el Poder Ejecutivo ha realizado recientemente un aumento del 29% a través del decreto 425/25los recursos asignados para la educación superior se ubican en el nivel más bajo de las últimas dos décadas de Argentina». Asimismo, la cordobesa destacó que, en términos reales, «el financiamiento para 2025 es un 9% inferior al del año pasado, que ya venía con retraso, y acumula una caída del 32% desde 2023, por lo que el recorte compromete el funcionamiento de las universidades”.

Una vez más, la oposición desafió a Milei en el Congreso.

Una vez más, la oposición desafió a Milei en el Congreso.

«No hay nada que te pueda dar el Estado que transforme tanto tu vida y la de tu descendencia como la educación universitaria», dijo a su turno el radical, Martín Lousteau, al anticipar que acompañaría la iniciativa. Y remarcó: «Hoy, los docentes buscan otra actividad para complementar, dejan la docencia o se van a universidades privadas».

«La educación pública es una prioridad para este Gobierno«, dijo a su turno el jefe de la bancada oficialista, Ezequiel Atauche. Dicho esto, dijo coincidir en que este tema debería haber sido incluido en el Presupuesto, pero que como la oposición no acompañó el proyecto que apuntaba al déficit cero, «no se pudo seguir» con su sanción.

Para finalizar, el jujeño señaló que su Gobierno viene a “combatir el país donde los egresados que valen 500 millones de pesos y hay universidades inventadas”.

En septiembre del año pasado, el Senado ya había sancionado esta ley, pero luego, esta fue vetada por Milei. Y, en aquella instancia, el Presidente logró que la Cámara baja se lo blindara. En aquella oportunidad, el texto había reunido 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Esta última fue del cordobés Luis Juez. Mientras que los senadores del PRO Carmen Álvarez Rivero, Martín Goerling y Alfredo De Angeli había votado en contra, en tándem con el oficialismo.

Es decir, mientras que Losada había acompañado la ley, en esta oportunidad votó en contra. Mientras que De Angeli «se dio vuelta». Pasó de rechazar la ley a ausentarse al momento de la votación.

Luego de que la oposición blindara este miércoles la Ley de Emergencia en Discapacidad, al Presidente se le complica, cada vez más, blindar los vetos en el Congreso.

/ámbito

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