NacionalPolítica & Economía
Contrabando a Bolivia: declaran como testigos los gendarmes que viajaron con el armamento.

Los gendarmes argentinos que integraron el primer comando Alacrán desplegado en Bolivia en 2019 tras el golpe de Estado contra Evo Morales comenzarán a declarar como testigos la semana próxima en la causa en la que se investiga el supuesto contrabando agravado de municiones desde Buenos Aires hacia La Paz en noviembre de 2019.
Se trata de los gendarmes que viajaron a Bolivia a bordo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina, que llevaba en su carga municiones anti-tumulto, granadas de gas lacrimógeno y otros pertrechos represivos que fueron a parar a manos de la policía y la Fuerza Aérea de ese país, según surge de la denuncia que dio origen a la causa judicial.
La ronda de testimoniales dispuesta por el juez en lo Penal Económico Alejandro Catania comenzará el martes y se extenderá hasta el 20 de mayo, según surge de la resolución en la que se dispuso la convocatoria a diez gendarmes.
El magistrado citó, concretamente, a «prestar declaración testimonial al personal que integró la misión de la Gendarmería Nacional que fuera desplegada en el Estado Plurinacional de Bolivia entre el 12 de noviembre de 2019 y el 12 de enero de 2020«, según surge de la resolución a la que accedió Télam.
El jueza Catania citó a 10 de los 11 gendarmes que integraron aquella primera misión que se desplazó a Bolivia: quedó afuera de la nómina el comandante del contingente, Martín Hidalgo, quien declaró en un sumario interno del Ministerio de Seguridad que no se hicieron trámites aduaneros al llegar al aeropuerto boliviano de El Alto.
En este expediente ya declararon los gendarmes que cumplieron funciones en La Paz entre el 10 de enero y el 1° de marzo del 2020, como también aquellos que integraron el contingente apostado en suelo boliviano entre el 28 de febrero y el 20 de junio del mismo año.
En esta investigación se busca reconstruir el destino de las municiones anti-tumulto que salieron de la Argentina con el supuesto propósito de ser utilizadas en la defensa de la sede de la embajada argentina en La Paz y de la residencia del embajador, pero que se habrían desviado hacia otras manos para ser usadas en la represión a los manifestantes del Movimiento al Socialismo que se oponían al golpe.
En la primeras dos rondas testimoniales los gendarmes confirmaron que no utilizaron las municiones trasladadas a Bolivia y que no realizaron prácticas de tiro, por lo que desacreditaron la hipótesis de que ese podría haber sido el motivo por el cual el material represivo no regresó a la Argentina, informaron fuentes con acceso al expediente.
En la primera tanda de testimoniales, los gendarmes de lo que fue el tercer contingente declararon que se trasladaron a Bolivia en vuelos comerciales, que no llevaron armas y que las que portaron en ese país -que les fueron entregadas allá- estaban almacenadas en un lugar de guardado de no más de dos metros cuadrados, por lo que allí no hubieran entrado, por ejemplo, las 70.000 balas de goma cuyo destino se investiga.
A partir de una investigación interna de la propia Gendarmería se pudo saber que las municiones transportadas a Bolivia no fueron utilizadas por los gendarmes que fueron desplazados a ese país, por lo que se presume que ahora el juez llegará a la misma información, pero en el marco del expediente judicial.
La Justicia busca determinar qué material fue descargado de aquel vuelo de noviembre de 2019, quién lo descargó, a dónde fue llevado y qué documentación existe al respecto; por lo que aún espera recibir desde Bolivia la documentación respaldatoria de los papeles incriminatorios que ya se encuentran en el expediente, porque fueron aportados por los denunciantes.
Los hechos que dieron origen a esta investigación fueron denunciados el 12 de julio pasado a través de una presentación que llevaba la firma del ministro de Justicia, Martín Soria; la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.
En el expediente se encuentran imputados el expresidente Mauricio Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; al exdirector general de la Gendarmería Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.
El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó también a los exfuncionarios de la administración Cambiemos Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación).
En el expediente fue asimismo imputado el comandante de Gendarmería Adolfo Héctor Caliba, señalado como quien coordinó con la Policía boliviana el envío de elementos represivos durante los días en los que se produjo el golpe de Estado contra Morales.
En la investigación paralela que lleva adelante la Justicia boliviana, el 30 de marzo declaró ante el Ministerio Público Fiscal un ciudadano de ese país que durante los últimos 20 años trabajó en la embajada argentina en La Paz y que para la fecha de los hechos investigados se desempeñaba como jefe de Seguridad de la representación diplomática; información que fue revelada por el diario Página/12.
En calidad de testigo, Jorge Bernardo Salinas Berros contó cómo fue la descarga de aquel avión de la Fuerza Aérea Argentina en el que fueron trasportadas las municiones.
«Me llamó la atención que varias personas, cuatro o seis, alzaban las cajas que aparentemente no eran grandes. Curiosamente pregunté qué es lo que hay adentro para que pesen tanto y me dijeron los policías que estaban cargando que los gases y las municiones eran pesados«, relató.
Salinas Berros detalló también que, para bajar todas las municiones, se debió recurrir a montacargas y que una parte de aquel cargamento se lo llevó la policía de Bolivia y otro la Fuerza Aérea de ese país, información que coincide con la denuncia.

NacionalPolítica & Economía
La morosidad en las familias volvió a crecer en abril: en tarjetas de crédito tocó un máximo desde 2021

El endeudamiento para consumo continúa como un fenómeno estructural en los hogares argentinos. En ese marco, la morosidad en créditos personales tocó un máximo en 20 meses y en tarjetas de créditos, un tope de tres años y medio.
El endeudamiento continúa creciendo entre las familias argentinas, a tal punto que la morosidad en los créditos personales trepó al 4,6% en abril, el nivel más alto en 20 meses, mientras que en tarjetas de crédito escaló al 3,2%, alcanzando un récord en más de tres años y medio.
Los datos se desprenden del último informe sobre entidades financieras del Banco Central (BCRA) para el cuarto mes del año, que constata que el crédito para el consumo persiste como un fenómeno estructural en los hogares y que la mora del crédito del sector privado creció «desde niveles acotados».
El ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 2,2% para el conjunto agregado de entidades en ese mes, 0,2 puntos porcentuales (p.p.) más que en marzo. El alza estuvo principalmente explicada justamente por el crédito destinado a las familias, donde la morosidad relativa aumentó al 3,7% (0,4 p.p. más que en marzo).
Al respecto, el director de EPyCA Consultores, Martín Kalos, señaló a Ámbito que el incremento se explica por la mayor frecuencia en que los hogares comenzaron a usar la tarjeta de crédito para «patear» gastos a partir del deterioro del poder adquisitivo de los salarios. «Hay no solo una caída profunda en los salarios reales, no recuperada aún, sino una precarización laboral mayor», expresó.
«Cuando uno mira que el salario privado registrado efectivamente recuperó niveles de hace un año y medio, tiene que entender que hay menos trabajadores registrados privados y mucha de esa gente está cobrando a la vez salarios peores, o pasaron a ser no registrados o hacer cosas por cuenta propia», continuó el economista.
En ese sentido, Kalos expresó que «este deterioro de los ingresos no tiene por ahora una perspectiva de mejora» por el tope que impone el Gobierno al ritmo de actualización de las paritarias a futuro, por debajo de las expectativas de inflación, marcando un desinterés en mejorar este aspecto.

El nivel de endeudamiento en los hogares argentinos empeoró en abril.
En diálogo con este medio, el director de Analytica Consultora, Claudio Caprarulo, explicó que el crédito desaceleró su crecimiento en los últimos meses, mientras «la carga de la deuda sobre los ingresos de las familias está cerca de los niveles récord del 2018», a diferencia de un año atrás cuando se encontraba en mínimos.
Según el experto, la clave es que hacia adelante los ingresos de las familias «frenen la caída que tuvieron en marzo y abril, tanto en lo que respecta a salarios como a jubilaciones», y que baje el costo del financiamiento, ya que «las tasas quedaron altas, producto de la desinflación», más allá de los factores que las ubicaron allí.
Por otra parte, el indicador de irregularidad de crédito a las empresas totalizó 0,9%, un nivel cercano a mínimos de 20 años. Asimismo, el informe de la autoridad monetaria señala que el nivel actual del coeficiente de mora del sistema financiero se encuentra por debajo del promedio de la regional, donde es del 2,8%, y de la media local en las últimas dos décadas, la cual es del 3,1%.
A su vez, los créditos del sector privado respaldados por garantías preferidas representaron el 16% del total, con un nivel de morosidad del 1,6%, sin variaciones significativas respecto al mes anterior ni en la comparación interanual. En contraste, los préstamos sin este tipo de respaldo presentaron un ratio de irregularidad más elevado, del 2,3%.
El ratio entre los cargos por incobrabilidad devengados y el saldo de crédito del sector privado se ubicó en 4,7%, sin cambios a nivel mensual y con una baja de 0,3 puntos porcentuales en la comparación interanual. En tanto, el nivel de previsionamiento alcanzó el 142% del financiamiento en situación irregular a abril, por encima del promedio de los últimos 20 años, que fue del 129%.
Crece la mora en los servicios financieros no bancarios
Por otra parte, desde la Cámara Argentina de Empresas de Servicios Financieros no Bancarios (Caesfi) advirtieron a Ámbito que la morosidad entre sus clientes aumentó un 5% en los últimos seis meses en comparación con el segundo semestre de 2024.
Según detallaron, este incremento refleja las crecientes dificultades que enfrentan los hogares para cumplir con sus compromisos financieros, en canales de crédito alternativos al sistema bancario tradicional.
/ámbito
NacionalPolítica & Economía
Javier Milei se adjudicó que «están mandando presos» a los «kirchneristas»

En el marco del congreso libertario en Buenos Aires, el Presidente destacó la reciente resolución de la Corte Suprema contra Cristina Kirchner, y se la adjudicó.
En el marco del Congreso de La Libertad Avanza (LLA) que se llevó a cabo en la ciudad de La Plata, rumbo a las elecciones bonaerense, el presidente Javier Milei se encargó de cerrar el evento con un discurso al que no le faltaron polémicas, en especial cuando pareció reconocer que el Gobierno libertario interviene en la Justicia.
Con críticas al «kirchnerismo», y en lo que pareció ser un acto fallido, el Presidente se adjudicó estar «metiendo presos» a los dirigentes de la oposición. Declaración que surge mientras Cristina Kirchner cumple con la prisión domiciliara, tras la ratificación por parte de la Corte Suprema de la condena en la causa Vialidad.
«El experimento es el kirchnerismo y los resultados están siendo a la vista de todos. Solo han sido positivos para los políticos y sus amigos… bueno, por eso los estamos mandando presos… van a terminar presos. Que dicho sea de paso, ocurrió en este Gobierno», expresó el libertario durante su discurso leído.
Justamente, la parte en la que destacó estar «mandando presos» a los «kirchneristas» fue un comentario propio, que no fue leído.
La actividad se realizó en La Plata, y la apertura estuvo a cargo del diputado nacional José Luis Espert. A continuación, expusieron los ministros de Salud, Mario Lugones; Justicia, Mariano Cúneo Libarona; Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; Seguridad, Patricia Bullrich; y Economía, Luis Caputo.
Por su parte, el titular bonaerense del partido, Sebastián Pareja, brindó una disertación previo al discurso de cierre del jefe de Estado. También participaron la presidenta de La Libertad Avanza y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
La exposición de Milei también contó con fuertes agravios hacia el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al que llamó «soviético» y «pelotudo».
/m1
NacionalPolítica & Economía
La Justicia dejó sin efecto el decreto del Gobierno que eliminaba el Día del Trabajador Estatal

La noticia fue confirmada por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, en su cuenta de X, luego de la resolución de la jueza Moira Fullana.
La Justicia dio lugar al amparo presentado por ATE y dejó sin efecto el decreto emitido por el Gobierno de Javier Milei el día miércoles que derogaba el asueto del viernes 27 de junio por el Día del Trabajador Estatal.
La resolución del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 firmada por la jueza Moira Fullana frenó la disposición de la administración libertaria para eliminar el día no laborable para la administración pública.
En su sentencia, la jueza Fullana expresó: «Hacer lugar a la medida cautelar peticionada y suspender provisoriamente los efectos del artículo 2° del D.N.U. 430/25 en relación con la ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO y los trabajadores representados por dicha entidad gremial hasta tanto se dicte sentencia definitiva».
Previo a la decisión de la Justicia, este jueves por la mañana, Aguiar había señalado: “Este es un decreto trucho que no vamos a cumplir. Nadie está obligado a acatar normas contrarias a la Constitución Nacional. Se les nota mucho la impotencia, nos quieren castigar porque los estatales no nos entregamos y hemos sido el sindicato que los confrontó desde el primer día”.
Asimismo, la cuenta de X de ATE Capital celebró la medida y aseguraron que «años de historia no se borran de un día para otro».
Por qué se celebra el día del Empleado Público
La jornada de descansó para trabajadores estatales comenzó en 1978, cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 151 y la Recomendación 159 vinculada al derecho a la negociación colectiva y las relaciones de los trabajadores del Estado. Según el texto, se “pretendía llenar un vacío pidiendo a los Estados Miembros que fomentasen el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones”.
En nuestro país, este convenio fue ratificado recién en 1987 con la sanción de la Ley 24.185, que reguló las negociaciones colectivas entre la Administración Pública y sus empleados. Posteriormente, en 2013 – impulsado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) – el Congreso determinó el 27 de junio como el Día del Trabajador del Estado a nivel nacional.
De esta manera, se estableció una jornada de descanso para todos los trabajadores de la Administración Pública Nacional.
/ámbito
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