La Corte Suprema hizo su movimiento al derogar la ley que definía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura e imponer la vieja norma de 1997 que le permitía al presidente de los supremos conducir el órgano que designa y desplaza jueces. Una maniobra apoyada y festejada por Juntos por el Cambio. No es para menos, los representantes del law fare en los tribunales no tendrán inconvenientes. El Frente de Todos no pudo cambiar la ley antes de que venciera el plazo impuesto por los supremos y hasta anoche parecía que no tendrían más remedio que acatar el fallo de la Corte. Sin embargo, se produjeron dos movimientos que si bien no modifican la decisión de los supremos, bien podría frenar la toma del Consejo de la Magistratura (CdM). El movimiento del oficialismo es táctico. Por un lado, el jefe del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, le pidió al titular de la Cámara baja, Sergio Massa que no designe consejeros hasta tanto se defina de manera correcta las minorías que deben representarse en el CdM. Cerca de la medianoche del martes, llegó el segundo movimiento que se produjo en el Senado. El Frente de Todos se dividió en dos bloques, el Frente Nacional y Popular que conducirá José Mayans y el de Unidad Ciudadana, con Juliana Di Tullio a la cabeza. De esta manera le quitan al PRO del Senado la condición de segunda minoría dejando al cordobés Luis Juez sin la poltrona a la que aspiraba. Es posible que algo similar ocurra en Diputados.

Durante todo el martes los representantes de Juntos por el Cambio insistieron con la imperiosa necesidad de designar a los representantes que faltan del Congreso para el Consejo de la Magistratura, según marca la vieja constitución del organismo con 20 miembros. Los opositores llegaron a amenazar al titular de la Cámara baja, Sergio Massa, y a la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner con denunciarlos penalmente si no nombraban a los dos representantes legislativos. Para los opositores esos deben ser Roxana Reyes de la UCR por Diputados y Luis Juez del PRO por senadores.

Mientras los representantes de JxC hacían sus reclamos, entre los representantes del oficialismo las reuniones se sucedían sin solución de continuidad. Según trascendió, una primera decisión se tomó durante la tarde cuando Martínez, en su condición de jefe de bloque de los diputados del FdT, le pidió a Massa por escrito que se «abstenga de avanzar en nuevas designaciones hasta que quede absolutamente claro el criterio de definición lo que se considera ‘el bloque con mayor representación legislativa’, ‘la primera minoría’ y la ‘segunda minoría'». Martínez, además de ser el reemplazante de Máximo Kirchner en la presidencia del bloque, es un hombre de confianza del presidente Alberto Fernández.

El pedido de Martínez no era extraño ni mucho menos una maniobra apresurada. La discusión de las minorías tiene que ver con la cantidad de integrantes que tiene cada bloque. La representación ante el CdM es por bloque y no por interbloques como es el caso de Juntos por el Cambio. Y allí reside el pedido de Martínez que pide determinar si el radicalismo, que propone a la diputada Reyes como representante ante el Consejo es realmente la representante de la segunda minoría.

Fuentes del oficialismo indicaron a este diario que «Mario Negri pide, como UCR, que designen a Reyes, pero no puede cobrar como primera minoría en 2018 y como segunda minoría en 2022». En esa línea, cuestionaron que Negri negocia las comisiones como interbloque y pide cargos en el Consejo de la Magistratura como bloque. «Hay que empezar a definir. ¿Qué son? ¿son un bloque? bueno, entonces son un bloque para el Consejo de la Magistratura y para el armado de las comisiones. Si no estamos en un problema porque cambian de acuerdo a la conveniencia», afirman en Diputados. Desde el oficialismo no quieren que la oposición comenta «tropelías parlamentarias», y aclaran que «si vamos a jugar con argumentos, juguemos con argumentos coherentes».

Lo mismo ocurre con Juez en el Senado, donde el PRO tiene 9 senadores y fue elegido por el interbloque de JxC que integra con radicales y representantes de partidos provinciales. Ante esta situación es que los senadores del FdT hicieron el segundo movimiento al dividir la bancada que dirige Mayans y, por lo tanto, se ganaría un puesto en la pelea por la poltrona que le corresponde a la Cámara alta desplazando al verborrágico Juez.

Ayer por la tarde, después de la reunión plenaria de comisiones que analiza el proyecto de recuperación de bienes fugados para el pago de la deuda con el FMI hubo una reunión en el despacho de Mayans. Allí se decidió la «división» del bloque que no significa «ruptura» sino un movimiento táctico para detener la avanzada de JxC en connivencia con la Corte en el Consejo de la Magistratura. Los dos bloques funcionarán como interbloque con la continuidad de Mayans al frente. Hoy miércoles se realizará la presentación formal de las notas que anoche circulaban por las redes sociales. La vicepresidenta Cristina Kirchner deberá aceptar la conformación de estos nuevos bloques. «No se hagan los rulos, seguimos unidos», confió a este diario un integrante del todavía Frente de Todos.

La incógnita es, en caso de que se decida avanzar en el nombramiento, quién ocuparía el cargo de cuatro integrantes para ingresar al Consejo de la Magistratura ya que el espacio mayoritario de la Cámara en la actualidad es el Frente de Todos y tiene una representante en el CdM, que es Vanesa Siley; el segundo espacio político más importante, Juntos por el Cambio, tiene al suyo que es Pablo Tonelli; el tercero, el Interbloque Federal, está representado por Graciela Camaño. Negri, asegura que ese puesto le corresponde a la UCR, pero desde el bloque oficialista se oponen. 

La diputada Siley ya había puesto esto en duda, cuando en diálogo con Am 750 dijo que lo del cuarto consejero «no es para nada una discusión saldada». En tanto, en Casa Rosada, sin embargo, aclararon en diálogo con Página/12 que «estamos en desacuerdo con lo que hizo la Corte. No nos gusta, pero es un tema del parlamento». Fuentes cercanas al Presidente, entre ellos ministros de su confianza, aseguraron a este diario que el mandatario «sigue el tema de cerca», que por ahora no se va a expresar al respecto y que «es un conflicto entre el Poder Legislativo y la Corte».

/Página12