La Policía de San Juan y la Justicia Federal realizaron un allanamiento en Rivadavia, donde incautaron cocaína, dinero en efectivo y elementos de fraccionamiento. Los involucrados quedaron a disposición de la Justicia

En un operativo conjunto entre el Departamento Drogas Ilegales (D-5) de la Policía de San Juan y la Unidad Fiscal Federal de la provincia, efectivos realizaron un allanamiento en un domicilio de Villa Lourdes, Rivadavia, que culminó con el secuestro de cocaína y distintos elementos vinculados al narcomenudeo.

La irrupción estuvo a cargo del Grupo GERAS, que actuó en apoyo a la investigación judicial. Durante la inspección, el can antinarcóticos Farkas detectó una sustancia en polvo blanco oculta en un mueble. Tras las pruebas correspondientes, se confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína distribuida en varias dosis, con un peso aproximado de 100 gramos.

En el procedimiento también se incautaron dinero en efectivo de baja denominación, una balanza de precisión, varios teléfonos celulares y otros elementos relacionados con el fraccionamiento y la comercialización de estupefacientes.

Las personas involucradas quedaron a disposición de la Justicia Federal, que lleva adelante la investigación.

Desde la Unidad Fiscal Federal destacaron que este tipo de resultados son parte de un trabajo sostenido entre las fuerzas de seguridad y la justicia, con el objetivo de atacar las redes de venta de drogas en los barrios de la provincia.

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La Policía confirmó que esta tarde dieron con el paradero de Rubén Víctor Guzmán.

Luego de poco más de una jornada desaparecido, fue encontrado el hombre de 54 años, identificado como Rubén Víctor Guzmán, quien era intensamente buscado por la Policía de San Juan. Precisamente, la fuerza de seguridad provincial informó que dieron con su paradero y que se encuentra en buen estado de salud general.

Cabe destacar que, Guzmán fue visto por última vez este jueves por la tarde, luego de lo cual no se supo más nada y por eso sus familiares realizaron la denuncia. Así, se activó el programa provincial ‘San Juan te busca’.

De esta manera, y tras una intensa búsqueda, se pudo dar con Guzmán.

El fiscal de Estado en San Juan, Sebastián Dávila, habló de las medidas que están dispuestos a tomar para evitar que sigan dándose amenazas de bomba que implican gastos y daños que le producen el Estado y la sociedad.

«Lamento profundamente que esto se haya puesto de moda, que no se dimensione la gravedad que tiene porque la aplicación de los protocolos. Nosotros queremos hacerles sentir las consecuencias porque no podemos dejar que pase desapercibido, no podemos decir ‘ah bueno hice un chiste, una broma y ya está’. Nosotros vamos a tratar de profundizar en lo máximo posible dentro de las normas y de los procesos legales correspondientes, pero lo máximo posible para que haya un castigo para que esto no suceda», dijo este viernes el fiscal de Estado, Sebastián Dávila, sobre la situación tras una ola de amenazas de bomba en San Juan en el Centro Cívico, el Hospital Rawson, el show de Lali y escuelas.

Cada operativo conlleva un gran despliegue de fuerzas policiales y de bomberos, la evacuación del lugar y un costo millonario para el Estado. Dávila, que es quien defiende a la provincia como abogado, expresó que la situación es insostenible y por eso están pensando decidir en no más de dos semanas cómo cambiar el sistema de castigos, para poder llegar con un mensaje más contundente a la sociedad y evitar estas situaciones, según dijo el funcionario en declaraciones a Radio Sarmiento.

Sobre la acción civil, explicó que comprende lisa y llanamente el inicio de una acción por daños y perjuicios que obligue a pagar un resarcimiento al responsable de la amenaza, a la par del costo del operativo. «Porque no es solamente la reparación al Estado, el Estado no solamente se conforma con que las personas paguen el procedimiento que se hizo del protocolo de seguridad, sino que también, se incluyan todos aquellos elementos que produjeron un daño. En el caso del señor Salem, por ejemplo, paralizar durante un determinado lapso de tiempo el show de Lali Espósito, con todo lo que involucró, porque eso tenía no solamente la seguridad propia del espectáculo, sino también hubo que aplicar los protocolos por este tipo de amenaza. Entonces, todo eso involucra un gasto y un daño. Es un daño que se le produce al Estado, y el Estado lo va a salir a defender totalmente».

En el caso de las escuelas, ejemplificó también, «el hecho de que se paralice la actividad donde un profesor o un maestro no puede trabajar porque tiene que respetar los protocolos de seguridad y todo el funcionamiento del establecimiento se paraliza, eso también genera genera un daño al Estado O en el caso del Centro Cívico, del Hospital Rawson».

¿Y los menores de edad que amenazan?

«Lo estamos estudiando porque tampoco queremos dar pasos en falso, así que es una es una situación firme que va encaminándose, estamos en pleno proceso y también más que nada estamos con el tema de los menores que es algo más más dificultoso de llevar a cabo porque tenemos que de alguna manera tratar de involucrar a quienes ejercen la patria potestad de esos chicos», dijo Dávila.

Además, consignó «estamos tratando de vincularnos. Hay un un proceso con la Justicia Restaurativa Juvenil que viene proyectándose, que en donde el Poder Judicial la está impulsándolo y capacitando gente, la idea es ver si podemos adelantar unos pasos».

¿Cómo sería este abordaje? «No es un castigo propiamente dicho, es una instancia de reeducación, de readecuación en donde se involucra a todo el contexto social en el que vive es el menor, que son padres, tíos, primos, etcétera, donde se hace un trabajo social profundo con los vecinos, con una serie de medidas que lleven a que se reencause el menor, no solamente en el ámbito individual sino en un ámbito social, que todo el ámbito que rodea de esa persona caiga en la cuenta de que hay algunas cosas que no se hacen como cometer delitos».

Por ejemplo, el abordaje «mediante talleres, cursos más que nada apuntalados a que tome consciencia de la conducta que una persona tiene que tener», dijo.

No descartó que el menor termine en una institución para que allí se le ayude a entender lo la gravedad de sus actos. «Eso se tiene que dar», dijo. «No podemos, seguir con esto de que yo entiendo que es darle una palmadita y decir, mire, no lo haga más y nada más. O sea, me parece que requiere de un tratamiento más extenso, con mayor desarrollo de los profesionales especializados en el tema para que esto no vuelva a suceder y si se quiere, este, también ir a las escuelas a brindar charlas porque realmente deberían aprender que estas cosas tienen una gran gravedad como sociedad».

Dávila dijo que se pondría el circuito a punto para este abordaje más integral, como son los institutos de menores y profesionales en acción.

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