viernes, octubre 31, 2025
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Con el expediente de La Superiora y testimoniales a jueces, Diputados avanza con el pedido de juicio político

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La comisión investigadora de Diputados tomó medidas para avanzar en el pedido de juicio político.

Antes de que finalice noviembre, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados deberá tomar una decisión sobre el pedido de juicio político que el empresario Sergio Vallejos Mini presentó contra tres ministros de la Corte de Justicia. Para definir si le dan curso a la denuncia o si definen el rechazo, el cuerpo tomó una serie de medidas, las que incluyen el envío completo del expediente completo del juicio por la expropiación de la exbodega La Superiora, testimoniales jueces que participaron en cada instancia judicial de la causa y resoluciones del Tribunal Electoral por los comicios provinciales del año pasado, entre otros. Así lo confirmaron fuentes oficiales, las que indicaron que parte de las medidas ya se completaron, como el expediente judicial, mientras que el resto, esperan tenerlas listas esta semana. Entre los testimoniales, no se descarta que sea convocada la Jueza del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, y también la jueza miembro de sala IV de la Cámara Civil, María Josefina Nacif.

La denuncia que presentó Vallejos en la Cámara de Diputados levantó polvareda en el ámbito político. Es que, en definitiva, no es una denuncia judicial, sino que se trata de una presentación política prevista en la Constitución Provincial para que cualquier ciudadano realice una denuncia por el desempeño en sus funciones de las autoridades provinciales como el Gobernador, el vicegobernador, los ministros de la Corte, el Fiscal General y el Fiscal de Estado. En esa línea, la Cámara de Diputados es la que tiene que tomar la decisión sobre si el pedido de destitución tiene validez o si debe ser rechazado.

La semana pasada la comisión investigadora de Diputados se reunió y tomó medidas

 

Tal como lo prevé la norma, quienes recibieron la denuncia fueron los diputados que integran la comisión Investigadora de la Sala Acusadora. Dicho cuerpo tiene como miembros a los legisladores oficialistas Carlos Jaime y Marcela Quiroga, a los peronistas Pedro Albagli y Sonia Ferreyra, y al libertario, Fernando Patinella. Fuentes oficiales confirmaron que los diputados ya definieron los pasos a seguir para evaluar la denuncia. En ese marco, le solicitaron al Poder Judicial que reenvíe todo el expediente de la causa por la expropiación de la exbodega La Superiora. Eso es, tanto los escritos presentados por el municipio de Rawson, como los de la empresa Cuyo Inversiones, los que dio origen a la sentencia de primera instancia, que firmó Tettamanti. También, todos los documentos de segunda instancia, de la Sala IV, sumados a los presentados en la Corte de Justicia, la que definió que, para que se determine el monto que debe pagar el municipio por el 15 por ciento del predio, se debe Realice una nueva tasación y así determinar el “valor real y actual” del inmueble.

Eso no es lo único ya que también solicitaron que le sean reenviados todos los documentos correspondientes a las elecciones provinciales del 2023, las que tuvieron la particularidad que fueron divididas por una sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vallejos reclama que los cargos municipales y provinciales no deberían haber sido desdoblados a los cargos de Gobernador y vice, como finalmente ocurrió.

Sobre la documentación, las fuentes indicaron que la comisión ya cuenta con parte, por lo que esta semana tendrán varias reuniones para analizar el expediente. Además, también se espera que esta semana se presente la jueza Tettamanti y también María Josefina Nacif. Ambas darán su testimonio sobre el trámite del expediente por la expropiación de La Superiora.

Un punto clave que trascendió es que la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora, quiere producir todas las medidas probatorias que crea conveniente para luego emitir un dictamen fundado sobre si debe admitirse la denuncia o si se debe rechazar.

La denuncia de Vallejos se presentó en los primeros días de octubre y, según la Constitución, la comisión tiene un plazo de 40 días para emitir una resolución. Según las fuentes, dicho plazo se cumple la última semana de noviembre.



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