NacionalPolítica & Economía
Comienzan las indagatorias a los exfuncionarios de Vidal por la causa de la «mesa judicial» bonaerense.

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak tomará indagatoria durante esta semana a los tres exfuncionarios del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal imputados en la causa en la que se investiga el supuesto armado de causas judiciales contra Juan Pablo «Pata» Medina y otros dirigentes de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) durante el 2017.
Los indagados serán el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas (18 de marzo); el entonces ministro de Infraestructura de la misma provincia Roberto Gigante (16 de marzo) y el subsecretario de Justicia Adrián Grassi (17 de marzo).
El turno de los exfuncionarios llega después de que fueran indagados los empresarios de la construcción que el 15 de junio del 2017 participaron de la reunión desarrollada en la sede porteña del Banco Provincia (Bapro) a la que también asistieron directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y en la que el tema exclusivo fue analizar acciones contra dirigentes de la Uocra de La Plata.
Los seis empresarios indagados desplegaron en sus descargos (la mayoría por escrito) conceptos similares: aseguraron que no sabían en la reunión del Bapro había agentes de la AFI, que asistieron convocados por el Ministerio de Trabajo para plantear «institucionalmente» sus conflictos con el gremio de la construcción y que jamás supieron que estaban siendo grabados.
Los exfuncionarios del Gobierno de Vidal no podrán recurrir a la misma estrategia: en el caso de Villegas fue señalado como el ministro convocante al encuentro, pero además, tanto él como Grassi, registran ingresos al edificio de la AFI durante el 2017 para reunirse con el exdirector de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra (que asistió a la reunión), por lo que resultaría extraño que plantearan que no sabían que era un espía.
Esa información está volcada en el expediente al igual que la información extraída de la agenda de trabajo del extitular de la cartera laboral bonaerense, donde figura un encuentro previsto para el 12 de junio de 2017 «en Capital», con Grassi y la exsubdiretora de la AFI Silvia Majdalani.
La recta histórica sobre la que trabajan los investigadores incluye también, quizás como hito iniciático, el dato de que Villegas coincidió con el exdirector de la AFI Gustavo Arribas en la Casa Rosada el 4 de mayo de 2017, una mañana en la que ambos llegaron al palacio de Gobierno con tres minutos de diferencia y anunciaron que iban a la secretaría privada.
La causa se inició por una denuncia que presentó la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, tras el hallazgo por parte de ese organismo de videos de la reunión celebrada en el Bapro.
Los registros de aquel encuentro fueron encontrados mientras se llevaban a cabo procedimientos de rutina de limpieza de discos rígidos, según se informó oficialmente.
«Créeme que, si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría«, se lo escuchaba decir al entonces ministro Villegas en los videos de la reunión con los empresarios y los funcionarios de la AFI.
En aquella cita, los funcionarios de Vidal y los directivos de la AFI -entre los que estaba también el entonces director de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián De Stéfano- instaron a los empresarios que manifestaban tener problemas con la Uocra a que presentaran notas ante el Ministerio de Trabajo provincial y que utilizaran palabras clave como «amenaza» y «extorsión».
Esos escritos fueron presentados luego ante la Justicia Federal de Quilmes en el marco de un expediente iniciado por una denuncia anónima contra el «Pata» Medina a la que el juez Luis Armella hizo lugar a pesar de que la fiscalía opinó que debía tramitar en La Plata.
El video fue el disparador de la investigación judicial pero la pesquisa no está solo centrada en eso: en la causa se detectaron decenas de llamadas entre los imputados y hasta con el juez Armella, quien finalmente fue el que dispuso la detención de Medina.
A los imputados se los acusa de haber participado, durante 2017, en la ejecución de una estrategia, elaborada por miembros de los gobiernos nacional, provincial y municipal de entonces, para impulsar denuncias e involucrar así en investigaciones penales a dirigentes de la Uocra de la seccional La Plata y allegados.
«La materialización de dicha estrategia se habría dado no sólo a través del aporte de elementos probatorios -tales como la formulación de denuncias, declaraciones testimoniales, entre otros- sino también de gestiones paralelas al desarrollo de los procesos penales, tendientes a producir efectos en ellos, que involucran actividades de inteligencia ilegal e infracción a disposiciones legales de orden procesal», según surge del expediente.

NacionalPolítica & Economía
Cristina de Kircher: «¿Habrá Códigos Penales y Procesales especiales redactados únicamente para mí?»

La expresidenta denunció nuevas restricciones impuestas por el tribunal que lleva su causa, que limitan sus visitas a un círculo cerrado y exigen autorización previa para cualquier otro contacto. “Se me aplica un régimen que no rige para nadie más”, afirmó.
La expresidenta Cristina de Kirchner volvió a criticar al Poder Judicial y anunció que sus abogados presentaron un recurso para que el tribunal revea los permisos previos de su círculo para poder visitarla. En un mensaje en redes sociales denunció un «régimen de exclusión arbitrario» que restringe su vínculo con el mundo exterior, más allá del núcleo familiar, legal y médico.
“Ayer, el Tribunal tuvo que aclarar que puedo salir al balcón de mi casa”, señaló la exmandataria. Según afirmó, la justicia le impuso un protocolo de visitas que limita el acceso a su domicilio solo a familiares directos, abogados y médicos, mientras que cualquier otra persona que desee visitarla deberá presentar previamente una solicitud formal al Tribunal y esperar su autorización.
Cristina calificó el mecanismo como un régimen “violatorio de los más elementales derechos civiles” y subrayó que estas condiciones no se aplican a otros ciudadanos en situaciones similares. “¿Habrá una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí y que nunca me enseñaron en la facultad?”, ironizó.
En la víspera el tribunal confirmó que puede utilizar el balcón, pero ordenó la colocación de la tobillera electrónica que se concretó durante la tarde.
Además de cuestionar la judicialización de su vida personal, la exvicepresidenta también dejó entrever críticas a la restricción de sus derechos políticos: “De mis derechos políticos, mejor ni hablemos… te la debo”, escribió.
/ámbito
NacionalPolítica & Economía
El desempleo escala al 7,9% en el primer trimestre, el nivel más alto de la era de Javier Milei

El mercado laboral argentino experimentó un aumento en el desempleo durante el primer trimestre de 2025, alcanzando el 7,9%, su nivel más alto en la gestión actual.
El desempleo en Argentina alcanzó el 7,9% durante el primer trimestre de 2025, lo que representa el nivel más alto registrado en la actual administración y desde 2021, período de recuperación pospandemia. Este incremento, aunque modesto en comparación con el 7,7% del mismo período en 2024, se produce a pesar de algunos signos de reactivación económica, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Al extrapolar esta cifra, se estima que aproximadamente 1.790.000 personas se encuentran desocupadas en el país.
La tasa de actividad (población económicamente activa sobre el total de la población) se situó en 48,2% en el primer trimestre de 2025, mientras que la tasa de empleo (proporción de personas ocupadas en relación con la población total) alcanzó el 44,4%.
Un aspecto notable de este período es el cambio en la composición del empleo. Según Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma, se observó un fuerte crecimiento del empleo por cuenta propia, que pasó del 21,9% al 23,5%, y de los asalariados no registrados, que aumentaron del 35,7% al 36,3% dentro de los trabajadores en relación de dependencia. Esta dinámica contribuyó a que la tasa de informalidad alcanzara el 42% entre enero y marzo de 2025, en comparación con el 40,8% del primer trimestre de 2024.
En cuanto a la tasa de desocupación juvenil (14 a 29 años), se observó un incremento preocupante: en mujeres, pasó del 17,3% al 19,2%, y en varones, del 14,1% al 15,1%. Desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) se destacó que el desempleo juvenil alcanzó niveles récord, con un incremento de 2,3 puntos porcentuales para esta población en los últimos dos años, mientras que para la población general el aumento fue de 1 punto porcentual.
El Gran Buenos Aires fue la región más afectada, registrando una tasa de desempleo del 9,1%, lo que la sitúa 1,2 puntos porcentuales por encima del promedio nacional. En contraste, la Patagonia presentó la menor tasa de desempleo, con un 4,9%, aproximadamente 3 puntos porcentuales por debajo del promedio general.
/DH
NacionalPolítica & Economía
La Corte Suprema reactivó la causa «Correo Argentino» tras el fallo contra Cristina Kirchner

El máximo tribunal reanudó la investigación sobre el caso tras confirmar la prisión de 6 años a Cristina Kirchner. Nuevas decisiones incomodan al ex presidente.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó recientemente una decisión que reavivó la causa «Correo Argentino». El tribunal rechazó un recurso de queja presentado por la defensa de Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, ambos vinculados al Grupo Macri. Este nuevo giro ocurre tras la reciente confirmación de la condena de 6 años de prisión a otra figura política, Cristina Kirchner.
La información fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas, que tuvo acceso a los fallos de la Corte. La decisión, firmada digitalmente por los jueces Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti, no solo reactiva el expediente, sino que también impone una sanción económica a los recurrentes, que deberán realizar un depósito bajo apercibimiento de ejecución.
Se investigan distintas irregularidades relacionadas con un acuerdo entre el Estado Nacional y una empresa controlada por el ex presidente Mauricio Macri, concerniente a la deuda de Correo Argentino S.A.. La Corte desestimó la presentación directa de la defensa, argumentando que el recurso extraordinario, cuya denegación motivó la queja, «no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48)».
Jaime Cibils Robirosa, presidente de Correo Argentino S.A., junto a Jaime Kleidermacher, su abogado, estaban siendo investigados desde 2017 por el juez federal Ariel Lijo. Ambos intentaron recusar a los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico de la Cámara Federal porteña, alegando «temor de parcialidad». La defensa argumentó que ambos jueces manifestaron una “enemistad” hacia Mauricio Macri y, en consecuencia, hacia ellos, sugiriendo que la causa tenía un contenido político destinado a “destruir” la imagen del ex mandatario.
Imparcialidad cuestionada
Los directivos de Correo Argentino S.A., que es gestionada por SOCMA, la empresa familiar de los Macri, expresaron dudas sobre la imparcialidad de Farah por haber denunciado supuestas presiones del gobierno anterior. Además, se argumentó que Boico, antes de asumir como juez, había defendido a diferentes funcionarios kirchneristas, incluida Cristina Fernández de Kirchner.
Sin embargo, tanto la Cámara Federal como la Sala IV de la Cámara de Casación Penal ratificaron la decisión de rechazo a la recusación interpuesta. El juez Javier Carbajo, en un fallo unipersonal, destacó que «la defensa no logró substanciar objetivamente el temor de parcialidad» en este contexto particular.
Desenlace del recurso
El reclamo llegó a la Corte a través de un recurso de queja, donde se dictó una resolución clara: « Se desestima la presentación directa. Intímese a cada uno de los recurrentes a que, dentro del quinto día de notificados, efectúen el depósito que dispone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a la orden de esta Corte y bajo apercibimiento de ejecución«.
En esta causa, además de Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, se indagan a otros involucrados, como el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el ex responsable de Asuntos Jurídicos, Juan Manuel Mocoroa. Todos están acusados en relación a un acuerdo de 2016 por el cual el Estado decidió licuar el 98,87% de la deuda de Correo Argentino S.A. La fiscal Gabriela Boquin alertó sobre esta maniobra, calificándola como «ruinosa» y «abusiva», lo que logró detener la implementación del pacto.
Con esta decisión, la Corte confirmó la continuidad de la investigación, manteniendo bajo la lupa judicial a los directivos de Correo Argentino y, por ende, al Grupo Macri en esta compleja causa.
/m1
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