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Chile: Boric y el círculo vicioso del mismo modelo.

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Chile: Boric y el círculo vicioso del mismo modelo.

Nota de Juan Pablo Cárdenas Squella*. (publicada 14/04/22 en Nodal.am)

Bastaron solo dos semanas para que la derecha y el gran empresariado disiparan sus temores respecto del triunfo presidencial de Gabriel Boric. En pocos días estos sectores lograron instalar a un economista de su confianza en el Ministerio de Hacienda y asignarle a las “leyes del mercado” el rol fundamental en la marcha política y administrativa de la nación.  Pese a la molestia inicial del Presidente del Partido Comunista, todas las agrupaciones que conforman el abigarrado oficialismo terminaron por asentir con tal nombramiento bajo la excusa que el nombre de Mario Marcel concita confianza hasta en el extranjero.

Desde hace tiempo se asume que quien lleva esta cartera ministerial tiene más poder que el conjunto del Gabinete, además de constituir un enorme contrapeso a la posibilidad de que se emprendan cambios radicales y que amenacen los intereses de los grandes inversionistas nacionales y foráneos. En realidad, cuando algún gobierno se atreva a nombrar en este cargo a alguien que pertenezca al mundo político vanguardista, el país podría confiar en que se le cumplirán las demandas por tanto tiempo expresadas en la calle, las movilizaciones sociales y hasta  en la propia academia.

No deja de sorprender, además, el encantamiento que en pocos días La Moneda demuestra respecto de las Fuerzas Armadas y de Orden, las que se dijo que serían drásticamente reformadas después de la represión ejercida durante el gobierno derechista que acaba de culminar su período presidencial. A pesar de que el Ejecutivo actual decidió retirar a los militares de la caliente zona de la Araucanía o Walmapu, no se descarta que próximamente esta decisión sea revisada o se implemente otra que haga frente a la rebelión de la llamada macro zona sur, cuyas acciones cada día más iracundas no han cesado con los uniformados o sin ellos en la región.

Todo indica que los drásticos cambios que se prometieron en materia castrense se verán prontamente morigerados o postergados, aunque no deja de ser esperanzador que al menos el Poder Judicial siga resuelto a procesar y condenar a los oficiales corruptos, cuyos nombres abundan en los archivos judiciales y en prensa considerada incómoda para los objetivos de impunidad que algunos creen necesario para conjurar nuevos “ruidos de sables”.

Una ingenua, pero loable, actitud de las nóveles autoridades les llevó a pensar que la lucha mapuche que lleva más de dos siglos de confrontaciones y decepciones podría atenuarse con nuevos diálogos y promesas de solución. Todo indica, sin embargo, que nuestros pueblos ancestrales pueden ver hoy una real oportunidad a sus históricas demandas, pero siempre que el Gobierno implemente, primero, medidas efectivas que realmente signifiquen el reconocimiento de sus derechos, la devolución de sus territorios confiscados y una cierta amnistía e indulto en favor a sus combatientes procesados y condenados.

La distante guerra ruso ucraniana no hay duda que explica en buena medida las serias dificultades que ya viven los hogares chilenos, especialmente los de los más pobres y de la propia clase media. En efecto, la inflación ha encarecido enormemente el pan, los combustibles y los servicios domésticos básicos, de tal forma que el reajuste al salario mínimo prometido en su campaña electoral por el Presidente Boric se convertiría en prácticamente nada en relación a esta explosiva alza en el costo de la vida. Un incremento bastante discreto que, para los sectores más renuentes a los cambios, podría traerle más perjuicios a la economía. Asimismo, como manifiesta una firme oposición a la propuesta de que el Estado suprima el IVA, por ejemplo, a los productos más esenciales. Es decir, en plena emergencia quieren ponerle todo tipo de cortapisas a los subsidios estatales, iniciativa que se implementa sin mayores problemas en otras naciones capitalistas menos ortodoxas que la nuestra a fin de paliar los efectos del alza del petróleo, del gas, los transportes y los llamados comodities.

Es muy pronto para evaluar el desempeño de los nuevos equipos de gobierno, pero algunos nombramientos inquietan a los sectores más radicales del izquierdismo y los hace temer que el mandato de Boric será del estilo de los gobiernos concertacionistas que nunca se atrevieron a cumplir con lo prometido en cuanto a restablecer una institucionalidad democrática más plena y emprender medidas para recuperar para el Estado los bienes, empresas, yacimientos y facultades perdidas con la Dictadura. Recordemos que ante la asunción del gobierno de Aylwin el terror del gran empresariado y de la derecha se hizo tanto o más ostensible que ahora. Temor que desapareciera muy rápidamente, entonces, a partir de la voluntad del mandatario de “hacer justicia solo en la medida de lo posible” y guardar para otra oportunidad tantas promesas socioeconómicas.

Pese a los buenos deseos y entusiasmo que se expresa en los nuevos gobernantes, inquieta que de nuevo aflore el descontento social, así como las protestas que conllevan el vandalismo y la destrucción de bienes públicos y privados, como los flamantes y caros buses de la locomoción colectiva que a diario resultan incendiados. De esta manera, complica a La Moneda que desde el Congreso Nacional se insista en aprobar nuevos retiros de los fondos de pensiones para que los imponentes puedan hacer frente a sus apremiantes necesidades. Una iniciativa que contara antes con el entusiasta apoyo de quienes hoy están en el poder, pero que ahora coinciden con la derecha y los gremios empresariales en cuanto a que estos han sido culpables de la inflación actual.

Ideológicamente hablando, desgraciadamente toma cuerpo la idea de darle aliento y garantía a las inversiones privadas y extranjeras. Por la gran prensa patronal se vuelve a insistir en que solo con el crecimiento y la inversión se puede esperar el desarrollo y la equidad social. Una falacia que no tiene en cuenta que cuando tuvimos por años un crecimiento sostenido en nada cambió la profunda desigualdad entre los chilenos. Y que el bullado y elevado PIB nacional solo sirve para esconder la inmensa concentración de la riqueza en unos pocos, así como la perpetuación de las carencias de la inmensa mayoría.

Sería muy conveniente que los que hoy gobiernan tengan en cuenta que, siendo importante el desarrollo, la justicia social solo puede resultar de una justa distribución del ingreso. Esto es en la posibilidad de que impida realmente la extrema riqueza y se implemente una verdadera “revolución” tributaria. Algo difícil de concebir dentro del modelo económico que todavía nos rige, cuando sabemos que el principal incentivo de los inversionistas de nuestro país es la posibilidad de contar con mano de obra barata, es decir, pésimamente remunerada.

Porque el cobre y otros productos naturales se encuentran en abundancia también en otros países, solo que más dignos y soberanos que el nuestro. Cuando aquí incluso una propuesta de royalty minero, en plena emergencia, parece inapropiado o peligroso para la sacrosanta “estabilidad de los mercados”.

De ceder el Gobierno a los cantos de sirena de las entidades empresariales y de sus medios de prensa, lo cierto es que se va a abonar una nueva explosión social, con visos esta vez de mayor convulsión e insurrección.

*Juan Pablo Cárdenas Squella es un periodista y académico chileno. Fue agregado de Prensa de la Embajada de Chile en México entre 1994 y 1999. Fue académico en el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y también se desempeñó como director de Radio Universidad de Chile y de su diario electrónico.


Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de Ahora San Juan

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Aseguran que la funcionaria judicial sanjuanina que sufrió un ACV en Punta Cana está «muy grave»

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Aseguran que la funcionaria judicial sanjuanina que sufrió un ACV en Punta Cana está «muy grave»

Daniela Riveros Muscarello sufrió una descompensación cuando estaba con su familia. Según confirmaron durante este lunes, la abogada se encuentra intubada. El ambiente de la Justicia local comenzó con colectas solidarias para ayudar a la letrada.

Revuelo en el ámbito jurídico por el estado de salud de una abogadaDaniela Riveros Muscarello, funcionaria del Poder Judicial de San Juan, sufrió un ACV mientras vacacionaba con su familia en Punta Cana. Según afirmaron, su cuadro es muy delicado.

Fuentes oficiales confirmaron a este diario que la letrada se encuentra “muy grave”. También afirmaron que está intubada en un nosocomio de la ciudad de República Dominicana.

Según detallaron allegados a Tiempo de San Juan, la magistrada de 46 años, quien es titular de la Defensoría N°8, quedó internada hace tres días con el pronóstico de ACV hemorrágico y permanece en cuidados intensivos.

Si bien la familia había contratado un seguro médico para el viaje, aparentemente el gasto que implica su internación es superior a la cobertura y no cuentan con el dinero necesario. Al mismo tiempo, la familia espera que sus hijos, dos chicos adolescentes y dos niñas más pequeñas, puedan regresar a la provincia, para lo cual también necesitan fondos.

En ese contexto, tanto desde el Foro de Abogados de San Juan como desde el Colegio de Magistrados, compartieron posteos a través de las redes sociales pidiendo la colaboración de todos los que puedan ayudar:

/TSJ

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De 12 horas a 15 minutos: el drástico cambio que simplifica el paso a Chile desde Mendoza

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De 12 horas a 15 minutos: el drástico cambio que simplifica el paso a Chile desde Mendoza

Debido al intenso flujo de turistas, la Aduana chilena habilitó 15 puntos de atención, entre las 9 de la mañana y las 21 horas. En horario nocturno también sumó más personal para garantizar una atención fluida.

Debido al intenso flujo de turistas, la Aduana chilena habilitó 15 puntos de atención, entre las 9 de la mañana y las 21 horas. En horario nocturno también sumó más personal para garantizar una atención fluida. También hubo una simplificación del lado argentino.

El Paso Internacional Cristo Redentor, que conecta Mendoza con Chile, experimentó un cambio significativamente positivo en los tiempos de espera para cruzar la frontera. Tras las largas demoras de hasta 12 horas registradas durante las fiestas de fin de año y el inicio de 2025, los tiempos de espera se redujeron drásticamente a 15 minutos.

Uno de los factores clave que contribuyeron a la mejora en los tiempos de espera fue el operativo llevado a cabo por las autoridades chilenas en el complejo fronterizo Los Libertadores. Allí, se reforzaron los recursos de Aduanas, Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI), el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes.

Asimismo, se habilitaron 15 puntos de atención para los viajeros entre las 9 de la mañana y las 21 horas, mientras que, en horario nocturno, se sumó personal para garantizar una atención fluida. Estas medidas permitieron reducir significativamente las demoras, que pasaron de 8 horas registradas el 3 de enero a tan solo 15 minutos en ciertos momentos de este último viernes. Además del refuerzo operativo, el menor flujo de turistas también fue determinante en la disminución de las demoras.

Desde el lado argentino, una de las medidas más destacadas para agilizar el cruce es la eliminación del Formulario OM-2261, que hasta ahora se utilizaba para la salida y admisión temporal de vehículos. Esta decisión permite que los datos vehiculares se gestionen automáticamente a partir de los registros migratorios.

El nuevo sistema, que comenzó a regir el lunes 6 de enero, reduce considerablemente los tiempos de espera al evitar que los conductores tengan que completar formularios manuales en los complejos de Horcones (Argentina) y Los Libertadores (Chile).

En su lugar, los viajeros pueden descargar un comprobante electrónico a través del portal ARCA Viajeros (https://www.afip.gob.ar/viajeros/), que centraliza toda la información necesaria para cruzar la frontera.

Según la Dirección General de Aduanas, esta medida se encuentra en una etapa piloto de 30 días, durante la cual se evaluará su impacto y viabilidad para implementarse de manera definitiva. En el ACI Horcones, todos los carriles de atención operan bajo este nuevo sistema, mientras que en Los Libertadores su aplicación es parcial, con la posibilidad de extenderse en el futuro.

El cambio en los trámites fronterizos forma parte de la Resolución General 5460/2023, publicada en el Boletín Oficial, que sustituye normativas anteriores relacionadas con la salida temporal de vehículos particulares. Esta resolución se inscribe en el Convenio de Turismo Argentino-Chileno, cuyo objetivo es promover la cooperación binacional y la integración a través del turismo.

Es importante destacar que, aunque se eliminó el formulario OM-2261, sigue siendo obligatorio para vehículos de arrastre, como casas rodantes y remolques, siempre que no transporten carga ni pasajeros con fines comerciales. Por otro lado, los vehículos de alquiler y aquellos con patente de países del Mercosur o terceros estados están sujetos a normativas específicas.

Para cruzar a Chile desde Mendoza en auto, los requisitos actualizados incluyen:

  • DNI o pasaporte actualizado.
  • Cédula verde o cédula azul (si el vehículo no pertenece al conductor).
  • Registro de conducir vigente.
  • Seguro internacional que cubra Chile.
  • VTV al día y patente grabada en los vidrios del vehículo.

/DH

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Denuncian a militares de Israel en varios países

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Denuncian a militares de Israel en varios países

Decenas de acusaciones penales contra uniformados identificados por organizaciones que apoyan a Palestina los pusieron al borde de la detención en el exterior. En Chile, Argentina y Brasil, entre otros países. 

Los crímenes de guerra cometidos en Gaza por el Estado de Israel empiezan a ser un grave problema jurídico para los integrantes de sus fuerzas armadas. Decenas de denuncias penales contra uniformados identificados por organizaciones que apoyan a Palestina los pusieron al borde de la detención en el exterior. Ocurrió en Brasil, Chile, Francia, Suecia, Países Bajos, Eslovenia, Chipre, Tailandia y Sri Lanka e incluso en la Argentina se iniciaron acciones legales para someterlos a proceso por delitos como “ataques a la población civil” y utilización de “escudos humanos” según consta en un documento al que tuvo acceso PáginaI12.

La fundación Hind Rajab (HRF) promovió varias de estas imputaciones basadas en la prueba documental que generaron los propios militares en sus redes sociales. Se mostraban sonrientes o en actitud desafiante en viviendas destruidas durante la operación de represalia contra Hamas en la Franja y que se transformó en un genocidio. La situación llevó al régimen de Benjamin Netanyahu a imponer restricciones a la prensa para proteger la identidad de sus soldados. Medios israelíes calculan que alrededor de cincuenta denuncias recibió la Justicia en varios países repartidos por tres continentes.

En Brasil

La que llegó más lejos se presentó en un tribunal de Brasil e involucró a Yuval Vagdani, de 21 años, investigado por la Policía Federal después de permanecer en Morro de San Pablo, a 60 kilómetros de la ciudad de Salvador, Bahía. El militar pudo abandonar el país con asistencia de la embajada de Israel y luego de que abriera una causa la jueza federal Raquel Soares Chiarelli, el 30 de diciembre pasado. El 1° de enero Vagdani regresó a Tel Aviv donde declaró para el canal 12 que no volvería a subir videos desde Gaza.

Sus propias imágenes lo incriminaron. Según el medio brasileño Metrópoles, -citando a la fundación HRF- se lo acusó de “participar en la destrucción del corredor de Netzarim, en la Franja de Gaza, acción que presuntamente tuvo lugar fuera de combate y causó daños indiscriminados a la población civil”.

Hind Rajab, que lleva ese nombre en homenaje a una niña palestina de 5 años asesinada el 29 de enero de 2024 junto a seis miembros de su familia y dos paramédicos que intentaron rescatarla, denunció a Vagdani “por participar en demoliciones masivas de viviendas civiles en Gaza durante una campaña sistemática de destrucción. Estos actos forman parte de un esfuerzo más amplio para imponer condiciones de vida insoportables a los civiles palestinos, lo que constituye genocidio y crímenes contra la humanidad según el derecho internacional”.

La página oficial de la fundación señala que “las pruebas presentadas incluyen imágenes de vídeo, datos de geolocalización y fotografías que muestran al sospechoso colocando personalmente explosivos y participando en la destrucción de barrios enteros”. El intento de HRF por detener al militar en Brasil no prosperó. Maira Pinheiro, abogada de la organización, había señalado: “El sospechoso debe ser arrestado, no simplemente detenido y liberado, para asegurar la integridad de la investigación y evitar que escape a la justicia”.

Vagdani logró salir hacia la Argentina y retornó después a Israel. La fundación consideró: “Esto no es solo un escándalo, sino una afrenta a la soberanía y al estado de derecho de Brasil”. Pese a todo, HRF describió la labor de la jueza Soares Chiarelli como “un hito en la búsqueda global de justicia y responsabilidad”. Su presidente, el libanés Dyab Abou Jahjah, apuntó: “Este es un momento histórico”. Algunos medios israelíes lo llamaron “terrorista” y recordaron que recibió entrenamiento militar de Hezbollah.

En su cuenta de X, Jahjah escribió: “los respeto por luchar contra sus hordas invasoras en el Líbano, pero simplemente no soy de esa ideología”. En un comunicado, la embajada de Israel en Brasilia afirmó que HRF “representa una organización extranjera y está explotando cínicamente los sistemas legales para fomentar una narrativa antiisraelí tanto a nivel mundial como en Brasil, a pesar de saber plenamente que las acusaciones carecen de fundamento legal”.

En Chile y Argentina hubo otros casos semejantes al de Vagdani. La fundación informó que inició acciones legales “contra Saar Hirshoren, miembro del 749 Batallón de Ingeniería de Combate de Israel que se encuentra actualmente presente allí”. Lo acusó de ser “responsable de crímenes de guerra cometidos en Gaza, y la HRF exige su arresto inmediato. Al mismo tiempo, se ha presentado una denuncia exhaustiva ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra todo el batallón y su liderazgo por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio”.

Hirshoren salió desde la Patagonia hacia Chile donde también lo alcanzó otra causa judicial promovida por la fundación. El Batallón 749 al que pertenece tiene denunciados ante la Corte Penal Internacional (CPI) a veinticuatro de sus integrantes desde el 24 de diciembre último. HRF aportó tres tipos de pruebas: publicaciones en redes sociales y vídeos de miembros del batallón que muestran la destrucción de viviendas, escuelas y hospitales civiles; admisiones públicas de los líderes del batallón indicando su intención de atacar a civiles e infraestructura más imágenes de satélite e informes de organizaciones internacionales que documentan la magnitud de la catástrofe humanitaria causada en Gaza.

En Argentina

Hind Rajab informó que el 2 de enero presentó “una demanda contra el teniente Amit Nechmya, comandante del Pelotón Latak del Batallón Rotem (435) de la Brigada Givati”. La acción fue promovida por el abogado que representa a la fundación en Argentina, Rodolfo Yanzón. HRF menciona que descubrió como Nechmya “destruyó evidencia crucial sobre su presencia y actividades en Gaza, lo que demuestra aún más su intento de evadir la rendición de cuentas”. En su paso por Buenos Aires visitó la Boca y se hizo filmar contando billetes de mil pesos en una habitación. La causa en la que se pidió su arresto quedó radicada en el juzgado federal de Daniel Rafecas.

En otro caso la acusación señala que “un incidente particularmente atroz fue el bombardeo de la Universidad Al-Azhar en diciembre de 2023, donde el oficial operativo David Zoldan se burló de la educación superior de Gaza en videos que celebraban el ataque”. HRF también accionó contra militares israelíes en diferentes países de Europa, como en Suecia, donde denunció a Boaz Ben David, un francotirador israelí del Batallón 932 de la Brigada Nahal.

Las causas iniciadas en varios tribunales llevaron a que el gobierno de Netanyahu impusiera restricciones contra la cobertura mediática del papel que desempeñaron sus militares en la guerra. Porque al viajar al exterior de vacaciones o por otro motivo, ahora corren el riesgo de ser detenidos por crímenes de guerra.

El portavoz del ejército, Nadav Shoshani, les comunicó a los periodistas el 8 de enero: “Esta es nuestra nueva directriz para proteger a nuestros soldados y asegurarnos de que estén a salvo de este tipo de incidentes organizados por activistas antiisraelíes en todo el mundo”. Hoy no solo corren peligro de ser arrestados los principales jerarcas del régimen sobre los que pesan órdenes de detención de la CPI: el primer ministro Netanyahu y su ex ministro de Defensa Yoav Gallant.

/P12

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