La investigación sobre la existencia de una mesa judicial bonaerense para perjudicar a sindicalistas durante la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal cobró impulso el martes con un dictamen de la fiscal federal Ana Russo que amplió la imputación a 15 exfuncionarios y empresarios y con la decisión del Senado provincial de habilitar un allanamiento al despacho de un legislador de Juntos por el Cambio (JxC).

Además, la justicia federal analizará las llamadas realizadas entre Vidal y exfuncionarios de Cambiemos que participaron en el 2017 de una reunión, organizada en la sede porteña del Banco Provincia presuntamente para motorizar el armado de causas judiciales contra dirigentes gremiales.

La tarde del martes , la Cámara de Senadores bonaerense aprobó por unanimidad la autorización para que la Justicia federal de La Plata allane el despacho del legislador Juan Pablo Allan, uno de los asistentes a dicho encuentro del 2017, a pedido del juez a cargo de la causa, Ernesto Kreplak.

En esa reunión de 2017, registrada en un video encontrado y denunciado por la actual gestión de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), se ve que estuvieron presentes los entonces ministros Marcelo Villegas (Trabajo); Roberto Gigante (Infraestructura); Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia; y el intendente del municipio de La Plata, Julio Garro.

Participaron también cinco empresarios ligados a la construcción, Diego Dalmau Pereyra, exdirector de Contrainteligencia de la AFI; Darío Biorci, exjefe de Gabinete de Silvia Majdalani; y Juan Sebastián De Stéfano, exjefe del área de Jurídicos de la central de espías.

Todos ellos fueron imputados el martes en el marco del expediente que investiga «la supuesta organización de una estrategia, elaborada por el Gobierno nacional, provincial y municipal durante el año 2017, dirigida a impulsar denuncias para involucrar en investigaciones penales a personas vinculadas con la práctica sindical relacionada con actividades de la construcción en la ciudad de La Plata».

En la sesión extraordinaria del Senado bonaerense, el legislador Alejandro Ravinovich (Juntos) consideró «histórico» lo decidido en cuanto a la habilitación de un allanamiento y se ocupó de remarcar que el legislador Allan «siempre estuvo a disposición de la Justicia«, algo que expresó en dos oportunidades ante el juzgado que interviene en esta causa.

Luego del debate, los senadores de Juntos emitieron un comunicado en el que destacaron: «Los senadores y las senadoras de Juntos actuamos con suma responsabilidad y sin doble vara, brindando todas las herramientas para que la Justicia avance. No hubo jamás un accionar de persecución como intentan instalar«.

Por el Frente de Todos (FdT), en tanto, uno de los oradores fue el senador Omar Plaini, quien remarcó su «pertenencia al movimiento sindical» y se definió como «parte de esos damnificados por el armado de esa mesa judicial«.

«Mi organización sufrió la intervención a los 17 días exactos de ese 15 de junio de 2017, cuando 150 gendarmes y 10 carros de asaltos intervinieron el sindicato de canillitas y procesaban a su secretario general, quien les habla«, recordó.

Remarcó que a los 35 días, la justicia lo liberó y cerró el expediente -al que definió como «mamarracho» jurídico-, pero reflexionó: «Allí comenzaba el intento de disciplinamiento del movimiento sindical argentino, había un plan sistemático encabezado por (el expresidente) Mauricio Macri y (la exgobernadora) María Eugenia Vidal«.

«Y hay una declaración del subcomisario Hernán Casasa, encargado de los allanamientos, que dijo del armado judicial, la mesa que tenían Vidal, (el exministro de Gobierno Federico) Salvai, (el exministro de Seguridad Cristian) Ritondo y (el Procurador Julio) Conte Grand«, precisó.

Plaini consideró «necesario que den explicaciones» todos esos exfuncionarios y afirmó: «No hay segundas oportunidad para primeras impresiones y esto se veía en las dictaduras militares«, subrayó rotundo.

La senadora del Frente de Todos Teresa García juzgó que Vidal «es la responsable del armado de esa mesa judicial» y recordó sus pedidos de informes y de interpelación al Procurador Julio Conte Grand presentados en el 2018 ante irregularidades en su desempeño.

Posteriormente, en una conferencia de prensa que brindaron los senadores del FDT en el hall de la cámara, García fue consultada sobre el trámite necesario para iniciar el proceso de juicio político a Conte Grand, algo que promueve el oficialismo.

«Para la constitución de una Comisión Acusadora se necesita una mayoría simple. Luego estos miembros en función de las pruebas definirán la acusación. Luego sí se necesitan 2/3 para aprobar la acusación y que pase al Senado donde necesitamos los 2/3″, explicó García.

La senadora María Reigada apuntó que «lo más ético sería que (Conte Grand) se corriese, renunciase y pudiera avanzar la fiscalía con el camino allanado».

Por su parte, el senador José Luis Pallares analizó que «en los años más tristes y oscuros hubo un plan sistemático de desaparición de personas y también de persecución de dirigentes sindicales«.

«Nos causa mucha tristeza lo que está pasando. El Senado ha demostrado que va a estar al lado de la justicia y de la investigación», remarcó.

El juez federal Ernesto Kreplak había pedido al Senado bonaerense el 28 de diciembre último que, como parte de las diligencias judiciales, se permita el ingreso de miembros de su juzgado a las oficinas del senador Allan por haber sido uno de los participantes de la reunión en la que presuntamente se ideó el armado de causas judiciales contra gremialistas, en junio del 2017.

En ese encuentro, según se observa en el video, el exministro de Trabajo Marcelo Villegas manifestó su deseo de contar con una «Gestapo» -como la policía política del régimen nazi- para «embestir contra los gremios» en Argentina.