El juez federal Sebastián Casanello ordenó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que, en 72 horas, informe la cantidad de productos alimenticios que tiene stockeados y, de acuerdo a la fecha de vencimiento y tipo de producto, establezca  «de inmediato» un plan de distribución. La respuesta de Casanello respondió a un planteo formulado por el dirigente social Juan Grabois, al que se adhirieron comedores populares que denuncian la falta de provisión de alimentos. En paralelo, se dio a conocer el cronograma de indagatorias para los dirigentes de comedores populares denunciado por el Ejecutivo. 

Los alimentos en los galpones

Grabois dio a conocer la existencia de 5 mil toneladas de alimentos que el Ministerio de Capital Humano tenía guardado en dos galpones, uno en la localidad bonaerense de Villa Martelli y otro en Tafí del Valle, Tucumán. Ante ese dato, publicado por el sitio El Destape, el Gobierno salió a defenderse diciendo que no entregaba los alimentos a los comedores populares por algunas irregularidades que están bajo investigación del propio Casanello; hasta que el secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, salió a decir que el alimentos guardado era para «casos de emergencia». 

«Dado que las existencias fueron reconocidas por todas las partes», indicó Casanello en su resolución para exigirle al Ministerio de Capital Humano que «en el marco de sus competencias» elabore un plan de distribución de dichos alimentos. El plazo para relevar los alimentos a disposición de la cartera conducida por Pettovello y la presentación de un plan de distribución es de 72 horas. 

Para hacer efectiva la medida, el juez federal ordenó que sea notificada esta mañana por personal del Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina ante la secretaría que dirige De La Torre. «La seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, el desarrollo de igualdad de oportunidades para los sectores más vulnerables», recordó Casanello a los funcionarios de Ministerio de Capital Humanos sobre las funciones que deben ejercer. 

El juez reclamó que se le informe el tipo de alimento, y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería que está guardada en los galpones de Villa Martelli y Tafí del Valle; para poder cotejarlo con el plan de distribución «en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino». Además, solicitó los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha. 

De esta manera, el juez pretende avanzar en la distribución de los alimentos que estuvieron en el debate público desde el jueves pasado, cuando Grabois denunció la situación, y que De La Torre aseguró tenían otro destino. «La comida está en perfecto estado, no está vencida y no se está pudriendo. Se utilizan en casos de emergencia. En la Argentina hay una catástrofe cada 10 o 15 días que asistir»,  sostuvo el secretario de Niñez y Familia durante el fin de semana, algo que deberá cotejarse con los ingresos y egresos de mercadería. 

Grabois: «Hay gente con hambre y 5000 toneladas de comida pudriéndose en galpones»

En una nueva denuncia pública, a través de sus redes sociales, Grabois cruzó a Pettovello y De La Torre y lanzó: «Dicen que está guardada para catástrofes… supongamos que les creyéramos.. ¿acaso el temporal de Bahía Blanca del 16 de diciembre no fue catástrofe suficientemente para entregar los alimentos? ¿O el temporal de Corrientes en marzo de este año? ¿El que hubo en Buenos Aires ese mismo mes? Nos están tomando el pelo».

La información que De La Torre deberá brindar en menos de 72 horas permitirá corroborar los dichos públicos del fin de semana, cuando fue entrevistado por Radio Mitre para responder a las denuncias. «Son alimentos no perecederos y según las necesidades de cada provincia vamos mandando. Es para tener un stock, pasa en todos los países del mundo», sostuvo el secretario de Niñez y Familia al tiempo que siguió justificando sus decisiones con el efrentamiento contra las organizaciones de base: «Hoy Grabois no tiene la bolsa de alimentos para extorsionar a la gente y dar las bolsitas para que vayan a las marchas».

«Hay gente con hambre y 5000 toneladas de comida pudriéndose en galpones. Esta es la realidad», les respondió Grabois y apuntó que «ni con millones de difamaciones pueden tapar los 5.8 millones de pobres más que hay desde que iniciaron el gobierno, ni con millones de ensobrados pueden tapar los 2.5 millones más de indigentes mientras subejecutan». 

Además, el dirigente social resaltó que «es falso que auditaron los comedores que reciben alimentos del Estado» sino que hicieron un informe sobre un registro de comedores inscriptos durante la pandemia. «En el expediente de la denuncia que hicimos, tuvieron que reconocer que solo el 17 por ciento de los comedores relevados recibían asistencia nacional», les marcó Grabois y subrayó que «no solo relevaron mal sino que tan solo lo hicieron en el 5,8 por ciento de los comedores». 

«De esos los que registran como supuestos fantasmas ya detectamos decenas de casos en que mintieron impune y groseramente porque sus propios relevadores registraban que el comedor existía, pero no recibía alimentos desde enero y por ende, obviamente, no podía funcionar», apuntó contra el discurso armado desde el Gobierno.  

Dirigentes sociales a indagatoria 

En paralelo, Casanello ordenó una serie de indagatorias sobre los dirigentes sociales de comedores populares denunciados por el Gobierno, entre ellos, el referente del Polo Obrero Eduardo Belliboni. En la causa donde se investigan presuntas irregularidades en los comedores sociales, el juez federal dio a conocer un cronograma de indagatorias, del 11 al 19 de junio, durante el cual deberán asistir a tribunales una veitena de integrantes de la Asociación Polo Obrero y Cooperativa El Resplandor Ltda.

Casanello señaló que las indagatorias llegan luego de «avanzar en el estudio patrimonial de las personas investigadas» y consideró que «habrían administrado de manera indebida, al menos una parte, de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa Potenciar Trabajo».

Casanello basó su apreciación en «la comprobación del empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos«. «Se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado. Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria», subrayó el juez. 

Casanello advirtió sobre «una distorsión de la noble política estatal –en defensa de los más necesitados- de la que participaban algunos actores» y marcó posibles exigencias a los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo como «concurrir a movilizaciones político-partidarias (con banderas identificatorias), aportar sumas de dinero a la organización y hasta votar por un candidato en particular». 

@Página12.