La Municipalidad de la Ciudad de San Juan recibió un duro revés judicial. La jueza Adriana Tettamanti, titular del Contencioso Administrativo, determinó que, en la gestión de Franco Aranda, la comuna incurrió en «deficiencias e irregularidades administrativas» al pagarle a una persona que no tenía el poder ni la representación de la empresa que ejecutó parte de una obra. Por eso, condenó al municipio a desembolsar nuevamente el gasto a favor de la compañía, cuya suma asciende a 333 mil pesos más intereses, lo que, a la fecha, alcanzaría los 800 mil pesos.

El conflicto es del 2016 y, de quedar firme el fallo, el municipio pagará dos veces por tareas ya realizadas. Al tratarse de una resolución de primera instancia, tanto la comuna como la empresa que hizo el reclamo pueden apelar.

La demanda fue iniciada por el socio gerente de LV SRL en mayo de 2019, luego de agotar todas las vías administrativas en la comuna. La compañía denunció un «proceder antijurídico de la gestión municipal» de Aranda por «haber pagado a un tercero» los trabajos realizados por la empresa. El caso es sumamente llamativo, dado que la anterior administración capitalina señaló que ese tercero había participado en las obras. La tarea en cuestión fue la provisión, construcción y colocación de 100 rejillas para las tapas de acequias distribuidas en distintos lugares del departamento. En su momento, la situación fue tal que derivó en un conflicto dentro del Concejo Deliberante, ya que la oposición llegó a presentar una denuncia penal para que se investigue el presunto delito detectado e, incluso, hizo la misma presentación ante el Tribunal de Cuentas.

Según quedó plasmado en el expediente judicial, se demostró que la municipalidad de la Capital incurrió en desprolijidades y errores formales administrativos al pagarle a alguien que no correspondía.

Luego de llevar adelante la licitación correspondiente para la compra de 200 tapas de arbolado público, la comuna adjudicó las tareas a la empresa LV SRL por 566.280 pesos, bajo un presupuesto firmado por Manuel Mínguez, representación que no acreditó la comuna. El municipio no averiguó si Mínguez tenía poder para representar a la compañía. No solo eso sino que, a través de otros expedientes, las autoridades municipales si tenían conocimiento que esa firma tenía como socios gerentes a Víctor Vicente Quiroga y a Leonardo David Quiroga.

Después de tres meses, período en el que se instalaron 100 tapas, Mínguez se presentó en el municipio como «representante técnico» de LV SRL y cobró un cheque por 283.140 pesos. Dos meses más tarde, volvió a acudir como «Socio Gerente de la empresa», con una nota en la que informaba «la no continuidad en la entrega de las tapas», invocando como motivo «la falta de capacidad de trabajo de la empresa». La compañía expuso en su demanda que nunca tuvieron conocimiento de que Mínguez cobró por los trabajos y que se vieron sorprendidos «con la desadjudicación de la obra sin notificación formal ni fehaciente, sin expresión de motivos».

Después de esa situación, la comuna no realizó un nuevo concurso de precios sino que adjudicó, de manera directa, las tareas faltantes a otra empresa, ARG GRUP, representada, sorpresivamente, por Mínguez. Dichas irregularidades fueron detectadas por el Tribunal de Cuentas, que emitió un duro informe en contra de la comuna, el cual sirvió de base para la sentencia judicial.