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NacionalPolítica & Economía 

Bullrich fue citada a indagatoria por un violento allanamiento a mapuches en 2017.

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La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue citada a indagatoria como sospechosa de haber ordenado un allanamiento ilegal a la comunidad mapuche Campo Maripe en junio de 2017, en la zona de Vaca Muerta, donde irrumpió la Gendarmería con una mecánica muy similar a la que se usaría semanas después en el operativo y la persecución que desembocaron en la muerte de Santiago Maldonado. La fiscala federal de Neuquén María Cristina Beute fue quien pidió interrogar a la exfuncionaria en base a los relatos de las mujeres denunciantes y las pruebas recolectadas. En su dictamen le atribuyó a la actual presidenta del PRO haber impartido a los gendarmes órdenes contrarias a la Constitución, privar ilegítimamente de la libertad, además de violar domicilios al ingresar al territorio sin orden judicial. 

Bullrich está citada para el 21 de diciembre a las 10 y podrá declarar de manera remota. También está convocado quien fue su mano derecha y jefe de gabinete, Pablo Nocetti, para un día antes. Los otros imputados que serán indagados son el jefe de la Agrupación XII Comahue de Gendarmería, Dante Zabala, el Comandante Principal Carlos San Emeterio, el comandante principal Jorge Elías Mariani y el comandante de Región V de Gendarmería Héctor Lagger. Es la primera causa penal que muestra avances en analizar los abusos del ministerio que comandaba la exfuncionaria y su particular ensañamiento con los pueblos originarios. 

En los comienzos de este caso hubo un hábeas  corpus presentado por el defensor federal Pablo Matkovic y luego la querella de dos mujeres de la comunidad, Olga Mabel Campos y Lorena Noemí Bravo, fue continuada por el defensor de la víctima, Pedro Pugliese, quienes consiguieron los llamados a indagatoria. «Por primera vez la exministra de Seguridad de Macri y actual presidenta del PRO deberá dar explicaciones ante un juez en el contexto de una causa que iniciamos por el accionar represivo contra el Lof Campo Maripe», dice un comunicado de la Confederación Mapuche de Neuquén. 

¿Qué fue lo que denunció la comunidad? El 21 de junio de 2017 cerca de las 10 de la mañana, agentes del Escuadrón Núcleo «Comahue» de Gendarmería Nacional ingresaron al territorio de la comunidad Campo Maripe sin orden judicial y desplegaron un operativo de seguridad en una zona llamada Loma Campana. La presentación hacía hincapié en que las medidas  se tomaron a pedido de la petrolera YPF, que quería desplegar su actividad en la zona, y con las órdenes de la cartera de Bullrich. La defensa pública informó que ingresaron en el lugar unos 60 gendarmes, dirigidos por el Comandante en Jefe San Emeterio quien decía contar con una orden de un juez que nunca exhibió, trató de manera violenta a la comunidad y bloqueó ingresos a la comunidad, por lo que las familias quedaron aisladas. El 22 de junio se repitió el operativo en el territorio comunitario sin que nadie exhibiera orden judicial. 

Es clave el análisis que hizo la Cámara Federal de General Roca cuando revocó el rechazo del hábeas corpus que había hecho en un comienzo el juzgado de primera instancia. El camarista Ricardo Barreiro había advertido: «Todo este desaguisado tiene origen en que la empresa YPF logró que el señor Nocetti, un alto funcionario administrativo de la cartera ministerial de la que depende la gendarmería, impartiera una orden a sus subordinados para que éstos intervinieran en el lugar y así facilitar labores petroleras. De esta manera sacrificaron libertades individuales en aras de resguardar un interés económico corporativo». Barreiro insistió en que la actuación de Gendarmería «obedeció a un propósito subalterno —una solicitud de YPF— y la orden para satisfacerlo fue dada verbalmente, lo que elimina toda legalidad».   

Pero no fue el único camarista tan contundente. Su colega Alejandro Silva, añadía: “El accionar de la Gendarmería Nacional desplegado los días 21 y 22 de junio del 2017 en el territorio delimitado que ocupa la Comunidad Campo Maripe, configuró un abuso de autoridad y de poder. Importó para los miembros de ese colectivo una efectiva amenaza de las libertades ambulatorias y de circulación por carecer de la respectiva orden emanada de una autoridad judicial competente…”. 

En el trámite del habeas corpus fue importante el desestimiento de las acciones contra el pueblo mapuche de la gestión del Ministerio de Seguridad ya a cargo de Sabina Frederic, cuando esa parte del expediente estaba en la Corte Suprema. Ese tribunal tiene desde desde 2019 sin resolver dos planteos ligados a la investigación sobre la desaparición y la muerte de Maldonado, una sobre espionaje sobre su familia, otra que pide apartar al juez Gustavo Lleral, quien había dicho que no hubo delito. Es fundamental porque se trata de otro expediente donde se advierte la matrícula de funcionamiento del Ministerio de Seguridad del gobierno de Cambiemos. Está por verse qué jueces/zas realmente se animan a desarmarla y analizar qué delitos se cometieron. 

/Página12

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Orrego y 21 gobernadores pidieron hacer coparticipable el impuesto a los combustibles líquidos

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Piden que el 14,29% quede en el Tesoro Nacional, el 57,02% se distribuya entre las provincias y el 28,69% se destine a la ANSES para cubrir obligaciones previsionales.

22 gobernadores del país, entre ellos Marcelo Orrego, junto a senadores del Congreso, firmaron un proyecto de ley que busca que el producido del Impuesto a los combustibles líquidos sea coparticipable con las provincias de la Argentina. 

En el articulado del texto que cuenta con la firma los mandatarios provinciales, se propone una modificación del artículo 19 de la ley 23.966 que establece la forma de distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos. 

El proyecto fija que los fondos de este impuesto “se distribuirán de la siguiente manera: a) Tesoro Nacional: 14,29%. b) Provincias: 57,02%. c) Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales: 28,69%”.

En la misma iniciativa se prevé modificar el artículo 20 y establece que los fondos que corresponden a las provincias según lo previsto en el artículo anterior se distribuirán en un 25% en partes iguales entre las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tanto que el 75% restante se repartiría de acuerdo a los porcentajes de coparticipación provincial que están fijados en la Ley 23.548.

En los fundamentos del proyecto, los firmantes explicaron que los fondos en cuestión eran administrados por el Gobierno nacional, pero tenían afectación específica y se financiaban en gran parte con impuestos que no le eran propios. Bajo esa premisa, aseguraron que el cambio propuesto no impactaba negativamente en las finanzas públicas nacionales.

La iniciativa también se enmarcó en el plan de reorganización administrativa y eliminación de entes extrapresupuestarios que había impulsado el Ejecutivo nacional a través de la Ley Bases. Los gobernadores y senadores argumentaron que, en el actual contexto fiscal, resulta difícil sostener mecanismos de distribución tan segmentados, y que es necesario redirigir esos recursos hacia funciones esenciales como educación, salud, seguridad y justicia.

Finalmente, señalaron que la nueva propuesta fortalecía el federalismo, respetaba los criterios de coparticipación vigentes y no afecta la sustentabilidad económica del Estado nacional. Por ello, solicitaron el acompañamiento del Congreso para su aprobación.

/C13

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Cristina Kirchner sobre la visita de Lula: “Fue un acto político de solidaridad”

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La expresidenta recibió al mandatario brasileño que se encuentra en el país para participar de la cumbre del Mercosur y destacó que la visita “fue mucho más que un gesto personal”. “Lula también fue perseguido, también le hicieron lawfare hasta meterlo preso, también intentaron callarlo. No pudieron. Volvió con el voto del pueblo brasileño”, recordó. Además, señaló que la Argentina vive un “terrorismo de Estado de baja intensidad”.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió en San José 1111 al presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, y destacó que su visita “fue mucho más que un gesto personal: fue un acto político”. “Lula también fue perseguido, también le hicieron lawfare hasta meterlo preso, también intentaron callarlo. No pudieron. Volvió con el voto del pueblo brasileño y la frente en alto”, recordó.

“Terrorismo de Estado de baja intensidad”

La expresidenta señaló que “los ojos del mundo” miran al país porque atraviesa una situación de “terrorismo de Estado de baja intensidad” como consecuencia de la “deriva autoritaria” del Gobierno de Javier Milei.

“Nos costó demasiado construir la democracia argentina como para permitir que ahora, paso a paso, la desmantelen. Sin embargo, esa misma democracia hoy está siendo vaciada desde adentro por un Gobierno que se dice ‘libertario…pero que solo le da libertad a los más ricos”, apuntó.

Para ejemplificar, CFK mencionó el caso de las detenciones de Alexia Abaigar, Eva Mieri y otras tres personas acusadas de haber puesto excremento y una pancarta frente a la casa del diputado José Luis Espert. La expresidenta afirmó que las mujeres, todas ellas militantes y peronistas, fueron detenidas por orden de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a pedido de Espert.

/P12

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La visita de Lula a Cristina Kirchner

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El presidente brasileño llegó al edificio del barrio porteño de Constitución donde la exmandataria argentina cumple prisión domiciliaria. Se trata de la primera visita de peso político internacional que recibe CFK desde su detención. 

Luego de participar de la Cumbre del Mercosur, el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva visitó a Cristina Fernández de Kirchner en el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la exmandataria argentina cumple prisión domiciliaria. Se trata de la primera visita de peso político internacional que recibe CFK desde su detención. 

Para poder concretar la visita, la defensa de la expresidenta tuvo que pedirle autorización al Tribunal Oral Federal N° 2, cumpliendo así uno de los insólitos requisitos que le impuso la justicia a CFK el pasado 17 de junio al dictarle la prisión domiciliaria, que establece que solo un listado de personas (familiares, abogados, médicos y custodia) puede visitarla libremente en San José 1111, mientras que el resto deberá solicitar autorización al tribunal. 

/P12

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