El Gobierno defendió con cifras los avances económicos que sitúan a Bolivia en tercer lugar de crecimiento económico de la región, la creación de alrededor de un millón de empleos, la inflación del 0,9% que es la más baja de la región, la creación de nuevas empresas, el superávit comercial, la reducción de la pobreza y otros como consecuencia de la aplicación de un modelo económico que muestra buenos resultados.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, destacó una a una las medidas económicas asumidas por el gobierno boliviano para impulsar la demanda y la oferta, retomar la senda de la estabilidad política y el crecimiento económico, y revertir la recesión que alcanzó niveles históricos durante el régimen de facto de Yañez, además cuestionó que la oposición política intente desprestigiar los logros de gestión con el argumento de que son una mezcla de factores como la “suerte” y el “efecto rebote”.
«El 2021 fue el inicio de la reconstrucción de la economía y del inicio de la estabilidad y consolidación económica que tiene el modelo Económico Social Comunitario Productivo. Hay una estabilidad de precios, ha descendido el desempleo que es una variable muy importante, más de 1,1 millones de personas se han insertado en el mercado laboral, la actividad económica ha vuelto a generar nuevos ingresos, nueva generación de bienes y servicios, eso es lo que mide el PIB”, señaló la autoridad gubernamental.
Una de las primeras medidas que tomó fue el pago del Bono Contra el Hambre, que terminó con una inyección de 4.035 millones de pesos bolivianos (u$s535 millones).
También, se puso en marcha el Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP), el Fideicomiso para la Reactivación y Desarrollo de la Industria Nacional (Firedin), para la Sustitución de Importaciones (SIBOLIVIA), que hasta la fecha desembolsó Bs 654 millones (u$s95 millones) que beneficia a 6.035 productores dedicados a la industria manufacturera, agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y otros.
Impuesto al Valor Agregado del 0% para la importación y comercialización de bienes de capital, plantas industriales y maquinaria pesada, que permitió importar bienes de capital por más Bs 938 millones (u$s136 millones). A ello, se suma la reactivación de las empresas estatales como la Planta de Amoniaco y Urea (PAU), las plantas industriales de litio y otras compañías estratégicas que fueron paralizadas por el régimen de facto y que ahora comenzaron a producir y exportar su producción.
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