Tras la sanción del Senado que dejó en pie la Emergencia en Discapacidad, el bárbaro posteo contra el senador del PRO, su familia y su hija discapacitada fue lanzado por Daniel Parisini, conocido como «Gordo Dan» en las redes.

Hasta Guillermo Francos tuvo que salir a repudiarlo: «Lo repudio totalmente, me parece fuera de lugar, repudiable, no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma que se expresa, ni el fondo de la cuestión», sostuvo el jefe de Gabinete tras una consulta periodística, y aseguró que no había podido hablar con Javier Milei sobre el tema porque el Presidente estaba de viaje en Estados Unidos.

Tras las declaraciones del funcionario el referente de Las Fuerzas del Cielo borró su tuit. Pero insistió, con sorna: «Ahí va con más respeto. Luis Juez utiliza la situación de su hija para hacer política barata y justificar la quiebra del estado argentino con el consiguiente empobrecimiento del estado argentino. “Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei”. 

El repudio, como es lógico, siguió creciendo.  

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Tras el rechazo del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad por parte del Congreso, el Gobierno de Javier Milei analiza recurrir a la Justicia para frenar su aplicación.

Luego de que el Senado rechazara el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, la Casa Rosada evalúa recurrir a la Justicia para frenar la aplicación de la norma. La medida, que fue impulsada por legisladores de la oposición y recibió amplio respaldo en ambas cámaras, podría abrir un nuevo frente judicial y político para el Gobierno nacional.

Según publicó el diario Clarín, los equipos técnicos de la Secretaría Legal y Técnica y del Ministerio de Justicia ya trabajan en los fundamentos legales para una eventual presentación ante la Justicia, aunque en el propio gabinete de Javier Milei hay dudas sobre la conveniencia de avanzar con esta estrategia, en un contexto adverso para el oficialismo en el Congreso.

“Si aún se diera la circunstancia de que el veto se cae, lo vamos a judicializar”, advirtió el presidente Javier Milei durante un acto en la Bolsa de Comercio. La declaración no hizo más que confirmar lo que ya se discutía en el círculo más cercano del mandatario desde el mismo momento en que el Senado convirtió el proyecto en ley.

El Ejecutivo considera que la ley podría ser inconstitucional o violatoria de ciertas competencias del Poder Ejecutivo, por lo que evalúa judicializar su implementación antes de que entre en vigencia formal.

Una nueva derrota en el Congreso

El rechazo al veto presidencial se produjo este jueves en el Senado, sumando así la vigésima derrota legislativa consecutiva del oficialismo en apenas 40 días. La sesión también dejó otras señales de tensión entre el Gobierno y el Congreso, especialmente por el avance del proyecto de modificación de la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que obtuvo media sanción.

Desde la Casa Rosada temen que esta modificación limite el margen de maniobra de Milei en la segunda mitad de su mandato, cuando planea intensificar el uso de herramientas ejecutivas para impulsar sus reformas sin necesidad del aval legislativo.

Qué implica la Ley de Emergencia en Discapacidad

La norma en cuestión declara la emergencia en materia de discapacidad y busca garantizar el acceso a prestaciones, servicios y cobertura de tratamientos para personas con discapacidad en todo el país. Fue aprobada con el respaldo de una amplia mayoría parlamentaria y vetada por Milei, quien argumentó motivos fiscales para frenar su aplicación.

Tras el rechazo del veto, la ley quedó firme. Sin embargo, su aplicación podría verse suspendida si prospera una eventual judicialización por parte del Ejecutivo.

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Con 56 votos a favor y 8 en contra, avanzaron con un cambio de la ley de decretos. Representa el 20° triunfo consecutivo de la oposición en la Cámara alta.

Desde el PRO hasta el kirchnerismo, pasando por radicales y provincialistas: nuevamente una amplia mayoría acompañó un proyecto opositor, que impone condicionalidades a los decretos de necesidad y urgencia (DNU) emitidos por el Poder Ejecutivo. El Senado tuvo otra jornada de confrontación contra el Gobierno, tras revertir el veto a la emergencia en discapacidad.

La iniciativa fue aprobada por 56 votos a favor y 8 en contra (dos abstenciones, seis ausentes), pero aún resta la media sanción de Diputados para que la propuesta se convierta en ley. En esa Cámara se acumulan una serie de proyectos para crear comisiones investigadoras (por fentanilo y ANDIS) y quedó pendiente el tratamiento del proyecto -con media sanción del Senado- para modificar el sistema para distribuir el impuesto a los combustibles. En ambos casos, no está clara la mayoría con la que cuenta la oposición.

Luego de esta jornada, se cumplen 20 triunfos consecutivos en las posturas opositoras, incluyendo el rechazo a los candidatos oficialistas para la Corte Suprema, el traspié de Ficha Limpia, el aumento jubilatorio, la distribución de ATN, la aprobación de emergencias por discapacidad y salud pediátrica, la ley de financiamiento universitario y el rechazo a cinco decretos. La particularidad en esta ocasión es que la iniciativa no tiene costo fiscal. ¿Será vetado de igual manera? ¿Bajo qué argumento?

El proyecto reforma la Ley 26.122, que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que emite el Poder Ejecutivo. Si se aprueba, ambas cámaras del Congreso cuenten con un plazo de 90 días para ratificar los decretos y no para revocarlos, como es hasta ahora, para lo que además solo se requiere la mayoría en una de las cámaras. De esta forma, se promueve que el Poder Legislativo tome una postura activa al respecto de los decretos y no termine convalidándolos por omisión.

Además, buscan delimitar los criterios de necesidad y urgencia y circunscribir cada DNU a un área técnica en particular, evitando megadecretos como el 70/2023, que modificó en simultáneo el régimen de alquileres, las regalías de las tarjetas de crédito, la decisión de obras sociales, una reforma laboral, una alteración de las sociedades anónimas deportivas y la transformación de la ley de tierras.

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