Mientras Sergio Massa baja línea de austeridad en cada despacho de la Casa Rosada, el kirchnerismo en el Senado avanza con un proyecto de «refuerzo de ingresos» que apunta a reducir la indigencia. Luego de que el gobierno nacional le bajara el pulgar al Salario Básico Universal, la senadora Juliana Di Tullio, con el aval de Cristina Fernández de Kirchner, comenzó a trabajar en una propuesta alternativa a la de las organizaciones sociales. La iniciativa propone, al igual que el SBU, un ingreso mensual equivalente a una canasta básica alimentaria, pero, a diferencia del proyecto de Patria Grande, apunta a un universo mucho más reducido (lo que la vuelve más amigable al mandato de ahorro massista). En el Senado aseguran que no se enfrentarán al «superministro» y esperan poder reunirse con él la semana que viene para estudiar cómo financiar la medida. Mientras tanto, sin embargo, la organización que lidera Juan Grabois se impacienta y pone en marcha la cuenta regresiva: si a un mes de la asunción de Massa no hay anuncio para los más pobres, los diputados de Patria Grande romperán con el bloque oficialista en Diputados.

«Massa tiene que cumplir la meta del déficit, pero lo tiene que hacer con la gente adentro», advierten voces del kirchnerismo que rondan los pasillos del Senado. En esta línea, el cristinismo presentó el lunes un proyecto de refuerzo de ingresos destinado disminuir radicalmente la indigencia y garantizar, de mínima, una adecuada alimentación para les más de 2 millones de mayores de edad que se encuentran en una extrema situación de vulnerabilidad.

El proyecto –que firmó todo el interbloque del Frente de Todos pero cuya verdadera autora es Juliana Di Tullio– fue un guiño a las organizaciones sociales que venían reclamando medidas concretas para los sectores más empobrecidos, pero también un reversionamiento propio y «peronista» de la bandera que ya habían recogido los movimientos populares y sindicales: el Salario Básico Universal. 

A diferencia del proyecto de SBU de les diputados de Patria Grande, el Refuerzo de Ingresos apunta a un universo mucho menor. Si el primero incluía a más de 7,5 millones de personas –entre desocupados, trabajadores informales y la categorías más bajas del monotributo–, el de Di Tullio beneficia a más de 2 millones de personas entre 18 y 59 años (varones) o entre 18 y 64 años (mujeres) que se encuentran por debajo de la línea de indigencia. Originalmente el proyecto de Di Tullio refería sólo a les mayores de 25 años, teniendo en cuenta que les jóvenes por debajo de ese rango etario podían contar con el programa Progresar y el objetivo era asistir al grupo etario que contaba con menos transferencias directas de parte del Estado (los menores de edad tienen AUH y los que están por encima edad jubilatoria tienen las pensiones por vejez). Pero la senadora lo modificará de modo que los jóvenes de entre 18 y 25 puedan percibir tanto el Progresar como el refuerzo que propone su proyecto. Para el resto de los grupos etarios, sin embargo, será condición sine qua non no percibir otro tipo de programa social.

El refuerzo de ingresos se constituirá como una prestación mensual no contributiva equivalente al monto de una canasta básica alimentaria (hoy en 15.057 pesos) y será de carácter temporal, es decir que se otorgará solo por un año (aunque con la posibilidad de renovarlo). El costo fiscal de la medida se calcula en 0,12 por ciento del PBI para 2022 y 0,56 por ciento del PBI para 2023 –el SBU, en cambio, es más del triple, ya que estima un 2,1 por ciento del PBI– y es en este dato donde se concentra el foco del problema: cómo hacer para financiar una medida que le exigirá miles de millones de pesos al Estado en un contexto de ajuste en las cuentas públicas. «No lo vamos a poner en problemas a Sergio, él tendrá que ver de dónde sacar la plata», advirtieron desde el Senado.

A diferencia de lo que fue la relación en el pasado con Martín Guzmán, les senadores del FdT aseguran que no avanzarán sin discutir previamente con el nuevo ministro de Economía sobre el origen de los fondos de financiamiento (que podrían ser de distintas reasignaciones presupuestarias). La semana que viene Di Tullio tiene planeado mantener una reunión con Massa para analizarlo.

El panorama, sin embargo, no es muy auspicioso. La frase de cabecera del massismo por estos días es «ordenamiento fiscal» –una expresión más amable para no hablar de ajuste– y la lupa de Economía está puesta en sostener techos de gasto. Así lo perciben también las organizaciones nucleadas en la UTEP y Patria Grande, que han resignado –temporalmente– la posibilidad de avanzar con un SBU y ahora apuntan, de mínima, a que el Ejecutivo tome la posta y anuncie una medida similar a la que plantea Di Tullio en su proyecto. «Sabemos que es lo máximo que podemos lograr», se sinceró un dirigente de Patria Grande. 

El frente que lidera Grabois celebró la presentación del proyecto de Di Tullio, al que identifican como un respaldo de CFK a sus reclamos, pero el enojo por la ausencia de medidas de parte del Ejecutivo a las clases más vulnerables se mantiene. Si bien esta semana Grabois se reunió con Massa, desde Patria Grande anticipan que de no haber nuevas medidas la próxima semana volverán a manifestarse en la calles.

La fecha límite es la primera semana de septiembre, cuando se cumpla un mes de la asunción de Sergio Massa: si para entonces el ministro no anuncia una transferencia de ingresos a los sectores más empobrecidos, el Frente Patria Grande avanzará con un quiebre institucional con el FdT en la Cámara de Diputados, rompiendo con el bloque oficialista y armando un subbloque con los tres diputados que tiene. 

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