Política & Economía
ATE anunció el pago de un bono de fin de año de 20 mil pesos para el personal de salud.

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Hugo Godoy, confirmó hoy que los trabajadores de la salud del Estado nacional percibirán un bono de fin de año de 20 mil pesos en reconocimiento a «sus tareas esenciales».
Los trabajadores públicos de la salud cobrarán el bono en reconocimiento a «sus tareas esenciales y esfuerzos» durante la pandemia de coronavirus, sostuvo Godoy.
El director del Departamento de Negociación Colectiva y Áreas Temáticas Nacionales del gremio, Flavio Vergara, detalló en un comunicado que «el bono era imprescindible para reconocer el enorme esfuerzo del personal de la salud», y adelantó que «está pendiente de discusión la revisión del bono de capacitación otorgado este año para que continúe siendo pagado en 2022 y sea aumentado de 6.500 a 10.000 pesos».
El coordinador de la Mesa Nacional de ATE Salud, Rodolfo Arrechea, señaló además que «otro tema pendiente es la conformación de una mesa de diálogo para constituir una carrera sanitaria y poder tener en 2022 una paritaria para el sector que beneficie a todos los trabajadores de los Estados municipales, provinciales y nacional».

NacionalPolítica & Economía
La Justicia suspendió el cierre de la Dirección de Vialidad

Dio lugar a un amparo presentado por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines que advirtió que el cierre busca «concluir la aniquilación de los organismos estatales».
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2 dio lugar a la medida cautelar que impide el cierre de Vialidad Nacional. El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines había presentado un recurso de amparo ante la Justicia para declarar como inconstitucional el decreto firmado por el presidente Javier Milei que se publicó en el Boletín Oficial el pasado 7 de julio.
La medida del gremio, que contó con el patrocinio de los abogados Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia, busca «la declaración de inconstitucionalidad, por ilegalidad y arbitrariedad manifiesta (art. 43, primer y segundo párrafo, C.N.) del Decreto Delegado 461/25″. El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo N°23, a cargo de la jueza Marta Rey.
La medida busca impugnar el decreto 461/2025 por el cual se disolvió esa Dirección Nacional: alegan que viola derechos laborales y que el Ejecutivo no tiene la potestad para tomar la medida. Según el argumento de la presentación, el decreto es considerarlo inconstitucional y “violatorio de derechos laborales y humanos fundamentales”. El objetivo central es preservar el organismo que ostenta más de 93 años de historia y tiene presencia con más de 5 mil empleados en toda la Argentina, octavo país del mundo en extensión territorial.
La presentación del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines ante la Justicia se produjo luego del anuncio de Manuel Adorni sobre el cierre de Vialidad Nacional, que luego fue oficializado en el Boletín Oficial. «Este organismo se inventó para simplificar la corrupción», advirtió el vocero presidencial en una conferencia de prensa en la Casa Rosada el 7 de julio.
En este marco, señaló que «el Gobierno dará la apertura de la licitación de 9.120 kilómetros de ruta, que tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes en la historia de nuestro país».
Los argumentos
Con el patrocinio de los doctores Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia, el escrito radicado en el Juzgado Nacional del Trabajo Nº23, a cargo de Marta Rey reclama “la declaración de inconstitucionalidad, por ilegalidad y arbitrariedad manifiesta (art. 43, primer y segundo párrafo, C.N.) del Decreto Delegado 461/25”, del que se valió el presidente Javier Milei para “concluir la aniquilación de los organismos estatales, con afectación a la permanencia de la fuente de trabajo, así como la estabilidad de los trabajadores y servidores públicos comprendidos por las áreas de seguridad vial, ciencias y tecnologías aplicadas, y la salud pública”.
En total son 5.245 empleados en la DNV. El amparo reclama que, en caso de sostenerse el cierre del organismo, los trabajadores/as sean absorbidos por otras reparticiones con los mismo derechos, condiciones, antigüedad y beneficios. En tanto, la medida cautelar de no innovar busca que mientras avance el expediente judicial se garantice el cobro de los salarios y la continuidad laboral.
Entre los argumentos, los demandantes aseguran que la ley Bases y las facultades delegadas no le dieron la potestad al Poder Ejecutivo de disolver entes como Vialidad Nacional. Es porque el Artículo 76 de la Constitución Nacional prohíbe la delegación legislativa al Ejecutivo, salvo en algunas excepciones y por un límite determinado de tiempo. De esta manera, afirman que la eliminación de la DNV, que es autárquica y creada por ley, no puede ser vía decreto ni por facultades delegadas.
Romper antes que mantener
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, cuestionó el cierre de Vialidad Nacional anunciado por el Gobierno, junto a la concesión en manos privadas de 9.120 kilómetros de rutas en todo el país. Aseguró que «se entró en un nuevo mundo desconocido» y puso duda la aplicación de la medida y el futuro del organismo.
“No tenemos idea de cómo van a ser los próximos pasos ni cómo va a funcionar (la medida)», señaló el titular de Camarco a Ámbito, a la vez de resaltar que “en todos los países hay un organismo como Vialidad” aunque en Argentina “está todo concentrado”.
Por su parte, según datos de Cámara Argentina de la Construcción, el mantenimiento anualmente del sistema vial, nacional y provincial, tienen un valor de u$s4.213 millones, pero recuperar una infraestructura deteriorada implica un desembolso de hasta u$s40.773 millones.
/Ed
San JuanPolítica & Economía
Deuda de Caucete con Decsa: Rosas prepara la demanda judicial

La intendenta de Caucete confirmó que iniciará acciones legales para dirimir la abultada deuda que le reclama la empresa Decsa por el servicio de alumbrado público.
Caucete se planta frente a Decsa. La intendenta Romina Rosas encendió las alarmas y advirtió que el municipio llevará a la Justicia el conflicto con la empresa distribuidora de energía por una abultada deuda que la compañía le reclama. La comuna sostiene que Decsa incurrió en «errores enormes» y cobró de más, sin la debida autorización del EPRE (Ente Provincial Regulador de la Electricidad), lo que generó un desfasaje millonario que los cauceteros ya habrían aportado.
«Desde la comuna le estamos diciendo a Decsa: devuélvanos lo que nos cobraron de más sin tener el aval del EPRE», afirmó Rosas con contundencia en diálogo con radio Amanecer. Según la jefa comunal, el problema se remonta a un período específico: «Decimos que hay un período, desde diciembre de 2022 hasta enero de 2025, en el que no se valoró ni se contabilizó lo que cada caucetero aportó en su factura». Este desajuste, según el municipio, es la clave de la controversia.
La intendenta explicó que los errores de Decsa ascienden a una cifra impactante. «Hubo errores enormes por parte de Decsa, cerca de 500 millones que no consideraron como parte de lo que los cauceteros aportaron», detalló Rosas. A raíz de este cálculo defectuoso, «dicen que al municipio le queda esto por pagar, pero también solicitamos que se revisen los errores de medición y cálculo del gasto».
Ante este escenario, la comuna tiene una doble estrategia. Por un lado, está dispuesta a negociar un acuerdo, pero sin renunciar a la vía judicial. «Nosotros haremos un plan de pago con ellos, pero también presentaremos el tema en la justicia, porque entendemos que hay que cumplir con ciertos requisitos», aseguró la intendenta. Además, cualquier plan de pago propuesto por el municipio debería considerar los montos que Decsa cobró indebidamente. «Ese plan de pago debe surgir también de lo que Decsa dejó de cobrar en el alumbrado público mal cobrado», señaló.
Actualmente, el municipio y la empresa se encuentran en un compás de espera de un mes para revisar los números. «Eso es lo que estamos buscando en esta especie de espera, que nos tomamos un mes entre Decsa y el municipio para revisar cuánto es lo que realmente se gasta en alumbrado hacia adelante, y con eso, poder también realizar este plan de pago», informó Rosas. Sin embargo, la mesa de diálogo no detendrá la acción legal. «Esto no impide que vayamos a la justicia en torno a la resolución que hemos generado», sentenció la intendenta, dejando claro que el conflicto tiene un camino definido hacia los tribunales.
/DH
San JuanPolítica & Economía
Orrego en Sarmiento: «Gobernar cerca de la gente es llevar soluciones concretas»

Sarmiento, fue el punto de encuentro para una nueva edición de los operativos integrales San Juan Cerca, en articulación con el Tren del Ministerio de Capital Humano de la Nación.
La histórica estación de trenes de Cañada Honda, en Sarmiento, fue el punto de encuentro para una nueva edición de los operativos integrales San Juan Cerca, en articulación con el Tren del Ministerio de Capital Humano de la Nación. El gobernador Marcelo Orrego, junto al ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; el intendente de Sarmiento, Alfredo Castro; y demás funcionarios provinciales y municipales, recorrieron el dispositivo.
En este contexto, el gobernador Orrego dijo: “Feliz de poder recorrer el interior de nuestra provincia y de acompañar al intendente en este tren de Capital Humano, que ya ha brindado más de 12.000 asistencias a sanjuaninos. Este trabajo se complementa con el programa Más Cerca, que nos permite llegar a todos los distritos, incluso los más alejados, con soluciones concretas en salud, trámites y programas sociales. Esta semana ha sido muy consistente en obras, con inauguraciones en salud, infancia y saneamiento. Seguiremos por este camino, articulando con Nación, para ofrecer respuestas integrales que también fortalecen nuestra identidad cultural”.
De este modo, vecinos y vecinas accedieron sin turno previo a múltiples prestaciones en el horario de 9 a 16 horas. En los 11 vagones del tren sanitario nacional se realizaron controles médicos en distintas especialidades como pediatría, odontología, oftalmología, salud mental, clínica médica, enfermería, fonoaudiología, mamografías, radiografías, vacunación y entrega de medicamentos. Uno de los servicios más destacados fue la entrega gratuita de anteojos para niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 14 años sin obra social.
Por su parte, el operativo San Juan Cerca permitió a los asistentes gestionar trámites relacionados con los ministerios del Gobierno provincial, como consultas de IPV, acceso a Ciudadano Digital, Tarifa Social, EMICAR, subsidios de servicios y tarjeta SUBE, entre otros.
También estuvieron presentes organismos nacionales como ANSES y RENAPER, donde se realizaron gestiones vinculadas a beneficios sociales, jubilaciones y renovación del DNI. Para todas las actividades se entregaron números de atención hasta agotar los cupos diarios, y se solicitó únicamente la presentación del DNI y copias del mismo, dependiendo del trámite a realizar
/SJ8
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