La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner realizará en las próximas horas una nueva presentación en la causa en la que se investiga el intento de asesinato en su contra y propondrá una batería de medidas de prueba vinculada a elementos que se encuentran en el expediente pero que aún no se abordaron con profundidad, según consideraron allegados a la expresidenta.

El escrito, redactado por sus abogados Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira, está ahora en manos del círculo más directo de la exmandataria que espera su lectura y aprobación para dar curso a la presentación ante el juzgado federal 5, a cargo de la magistrada María Eugenia Capuchetti, a primera hora de mañana.

Se trata de un escrito que apunta a reforzar la investigación de pistas que a criterio de la querella no fueron indagadas «a fondo», propone medidas de prueba y valora algunos elementos que hasta ahora «parecieron sido haber pasados por alto», como algunos mensajes hallados en el teléfono celular del procesado Gabriel Nicolás Carrizo, adelantaron las fuentes.

Carrizo, procesado con prisión preventiva como partícipe secundario del intento de asesinato de la Vicepresidenta, aparece en la historia del ataque como el jefe en la venta de copos de nieve de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, ambos procesados como coautores del homicidio en grado de tentativa.

El celular de Carrizo fue el elemento que lo llevó a prisión: de allí surgen mensajes que sugieren que el arma empleada para el atentado podría haber sido una que aportó él, asegura que el ataque estaba previsto para otra fecha e incluso habla con Uliarte sobre la posibilidad de volver a intentarlo.

«Esto estaba planificado para dentro de una semana. Hizo todo mal. Es un pelotudo», «Cristina tiene miedo, salió mal pero tiene miedo» y «Mi amigo estuvo a un segundo de convertirse en héroe nacional, Andrea. Las elecciones las van a volver a ganar ellos», son algunos de los mensajes que mandó desde su celular durante la madrugada del 2 de septiembre a horas del ataque fallido.

«Mirá, no sé si es una buena noticia pero el arma con la que intentó ponerla no es la mía, yo le di un 22 corto… recién hablé con la novia y la tiene ella así que mañana la vamos a ocultar y vamos a ir a Crónica a hablar. Todo el grupo de trabajo. Porque estoy recibiendo amenazas. Todos los del grupo estamos amenazados», escribió esa misma madrugada, en una seguidilla de mensajes que luego definiría como bromas de mal gusto que suele hacer.

Télam pudo saber de fuentes del caso que en el teléfono de Carrizo se encontraron más mensajes de WhatsApp que aún no fueron valorados en ninguna resolución judicial, pero que complicarían al jefe de la denominada banda de los «copitos» y que agregarían elementos sobre el supuesto aporte de una pistola que podría haberle hecho a Sabag Montiel y la planificación del hecho.

La presentación ocurrirá en la víspera de la audiencia ante la Cámara Federal porteña en la que la querella expondrá los argumentos por los que reclama el apartamiento de la jueza Capuchetti: el camarista Leopoldo Bruglia, a cargo del trámite de la recusación, fijó fecha para el miércoles próximo.

La querella le achacó en sus presentaciones escritas que la jueza Capuchetti haber adoptado «una serie de resoluciones netamente arbitrarias y la total parálisis investigativa», tras reprocharle la forma en la que condujo la investigación de las pistas conocidas como «Casablanca» y «Carrol».

La pista «Casablanca» es aquella que busca determinar si el diputado nacional de Juntos por el Cambios Gerardo Milman hizo referencias al atentado antes de que ocurriera, como lo denunció un testigo que dijo haberlo escuchado en el bar que lleva el nombre de la pista; mientras que la «Carrol» es la que se inició luego de que Sabag Montiel pidiera por carta que Hernán Carrol, de la Nueva Centro Derecha, le designara un abogado.

Las quejas por Revolución Federal

La querella también le reprocha a la jueza que no haya querido investigar la posible influencia de la organización conocida como Revolución Federal, nacida en redes sociales, en el intento de asesinato contra la Vicepresidenta.

«Cada vez hay más vínculos entre Revolución Federal y Uliarte, que parece haber estado, como mínimo, en dos marchas de esta agrupación (a las que, según su fundador, solo iban cuarenta personas). Además, sabemos que Jonathan Morel (su fundador) adelantó por Twitter, exactamente, la misma mecánica de ataque que ejecutó Sabag Montiel», sostuvo la querella en su recusación a Capuchetti.

La organización Revolución Federal es investigada en un expediente que está a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, en el que interviene el fiscal Gerardo Pollicita, en el que ya están procesados Morel y otros tres integrantes de ese espacio (Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile), acusados de formar una agrupación que buscó «imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor».

En ese expediente se sumaron elementos que acreditarían la participación de Uliarte en la denominada marcha de las antorchas, convocada por Revolución Federal, a la Casa Rosada, algo que ella misma había publicado en una de sus cuentas de Instagram, donde se hacía llamar Ambar.

«Siendo las 19:54 hs., se observa sobre la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, a la ya mencionada Sra. Brenda Uliarte, junto a una persona de género aparente masculino. Ambos se encuentran en el epicentro de la manifestación», reza un párrafo de un informe elaborado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria e incorporado a la causa el 14 de noviembre último.

El juez Martínez de Giorgi y el fiscal Pollicita investigan también si Revolución Federal contó con algún tipo de financiamiento para poder multiplicar sus actividades en redes sociales y en la vía pública desde mayo, siempre con consignas violentas orientadas a dirigentes políticos de distintos espacios.

Una de las líneas de investigación apunta a determinar si la firma Caputo Hermanos S.A. -vinculada a familiares del exfuncionario del Gobierno de Juntos por el Cambio Luis Caputo- contrató efectivamente los servicios de carpintería que ofrece Morel en provincia de Buenos Aires para amoblar un edificio en Neuquén, en la zona de Vaca Muerta, o si esa fue la pantalla para inyectarle fondos que le permitieran continuar con las actividades de Revolución Federal.

Días atrás el juzgado recibió los resultados de los allanamientos a domicilios vinculados con subcontrataciones que dijo haber hecho Morel para poder cumplir con los requerimientos que le habría hecho Caputo Hermanos S.A. en relación al mobiliario requerido: en algunos de los procedimientos se hallaron máquinas que podrían justificar subcontrataciones -por ejemplo para la confección de cortinados-, pero en otros los investigadores se encontraron con que no había nada que justificara una eventual subcontratación.

Un ejemplo se dio durante un allanamiento a un domicilio ubicado en Boulogne, provincia de Buenos Aires, donde la persona que recibió a las fuerzas de seguridad manifestó «conocer al Sr. Morel, a quien le hizo el favor de facturar las dos facturas antes mencionadas, debido a que Morel no poseía cupo para realizar las mismas», según surge del informe del procedimiento policial.