La defensora del Pueblo, Florencia Peñaloza, encabezó un amparo colectivo que logró una medida cautelar inédita: la Justicia Federal de San Juan ordenó a la ANDIS restituir, en 24 horas, las pensiones por invalidez suspendidas o retenidas
La Defensoría del Pueblo de San Juan, a cargo de Florencia Peñaloza, logró un fallo histórico que marca un antes y un después en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. El Juzgado Federal de San Juan hizo lugar al amparo colectivo presentado por el organismo y ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restituir, en un plazo de 24 horas, las pensiones no contributivas por invalidez que habían sido suspendidas o retenidas, además de depositar los montos adeudados. La funcionaria explicó como se gestó el trámite y el alcance que tuvo el mismo en una entrevista en Pelado Stream.
La sentencia, emitida el viernes pasado, extiende sus efectos a todo el país, lo que convierte la medida en una resolución sin precedentes en la provincia. “Nos llevamos la sorpresa y el orgullo de que la medida se hizo extensiva a toda la Argentina. Es un fallo inédito, pero sobre todo una prueba de que cuando se trabaja con convicción ante la vulneración de derechos, se logran resultados positivos”, expresó Peñaloza.
La Defensora explicó que el amparo fue presentado a comienzos de septiembre, luego de recibir numerosos reclamos de ciudadanos cuyas pensiones habían sido suspendidas. “Iniciamos un proceso colectivo, un amparo en beneficio de todas las personas con discapacidad que eran beneficiarias de pensiones no contributivas por invalidez, y que habían sido retenidas o dadas de baja sin justificación clara”, detalló.
En San Juan existen más de 36.000 beneficiarios de este tipo de pensiones, y se estima que unas 10.000 personas fueron afectadas por las suspensiones registradas en los meses de agosto y septiembre.
Peñaloza señaló además que la medida judicial busca restablecer un derecho básico y urgente, ya que muchas de las personas afectadas dependen de la pensión para cubrir su alimentación, tratamientos médicos y medicamentos. “Una pensión hoy, con el bono de $70.000, equivale a $298.000. Para muchas familias, es su único ingreso. El día anterior a la presentación del amparo, recibí a una beneficiaria que me dijo: ‘no tengo para comer ni para los medicamentos, la única opción que me queda es quitarme la vida’. Ese era el nivel de desesperación que vivían”, relató con preocupación.
La Defensora del Pueblo aclaró que el fallo no impide la realización de auditorías o controles, pero exige que estos se lleven adelante respetando los procedimientos legales y sin vulnerar derechos adquiridos. “No decimos que no se controle, pero debe hacerse conforme a la ley. En el medio no se puede recortar ni suspender beneficios sin fundamentos probados. Era una medida inhumana, y como tal, debía tener nuestra respuesta institucional”, subrayó.
Con esta decisión judicial, la Defensoría del Pueblo de San Juan se posiciona como una de las primeras del país en obtener una medida cautelar de alcance nacional en materia de discapacidad, reforzando su compromiso con la defensa de los sectores más vulnerables.
“Este fallo demuestra que el Estado puede y debe estar del lado de las personas cuando sus derechos son vulnerados. Es una victoria de la empatía, la justicia y el trabajo colectivo”, concluyó Peñaloza.
/C13
