Los abogados contratados por el Gobierno nacional informaron que la suspensión es por tiempo «indeterminado». Se cayó el riesgo de desacato, tras la reciente intimación de la jueza Loretta Preska de acceder al pedido de los fondos buitre.

Los jueces de la Corte de Apelación del Segundo Circuito de Nueva York suspendieron por «tiempo indeterminado» la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos buitres que ganaron u$s16.099 millones en el jucio por la expropiación de la petrolera ocurrida en 2012.

Con esta decisión, se puso un freno a la embestida judicial que inició la jueza Loretta Preska contra el país, que incluía un ultimátum de 72 horas para hacer efectiva su orden de transferir las acciones de la compañía.

Según indicaron fuentes vinculadas al caso, «en principio» la decisión de la Corte de Apelaciones es «por tiempo indeterminado» y hasta que un nuevo plazo sea fijado por un tribunal, que deberá será convocado especialmente en este caso.

Pero al mismo tiempo, dejó de correr el ultimátum de 72 horas lanzado por Loretta Preska para entregar el 51% de las acciones de YPF o sino dictaba un desacato contra la Argentinas.

Los motivos del rechazo de la Argentina a la sentencia de Loretta Preska

En el caso Eton Park, los abogados del Estado hablaron de “la naturaleza excepcional y cuestiones legales sin resolver” y destacaron que se trata de un caso sin precedentes, con un fallo en apelación y fundamentos jurídicos complejos. “Incluso el gobierno de Estados Unidos ha manifestado diferencias con la interpretación del tribunal”, destacan.

El temor del gobierno de EEUU es que el cumplimiento de un embargo forzado de empresas argentinas abra una jurisprudencia internacional que viole las leyes estadounidenses, porque al mismo tiempo permitiría -en un futuro hipotético- que haya algún tipo de reciprocidad y que la Argentina pueda hacer lo mismo -quedarse forzadamente- con alguna empresa o un activo soberano de EEUU.

Otro argumento es el daño irreparable e imposibilidad de cumplimiento legal, ya que ejecutar el “turnover” forzaría a la Argentina a violar su legislación nacional y a perder el control estatal sobre YPF de manera irreversible. Como dijo Axel Kicillof, las acciones de YPF «sólo se pueden entregar por una ley votada por dos tercios del Congreso» como lo establece la ley que se aprobó en 2012 por amplia mayoría parlamentaria.

Por último, se esgrimió la ausencia de perjuicio para los demandantes e interés público. Según la defensa argentina, no existe daño concreto si se suspende la ejecución, dado que la legislación local impide la venta de acciones sin aval legislativo. Además, avanzar con la orden afectaría a terceros no involucrados -como provincias y bonistas- y podría activar cláusulas perjudiciales para YPF.

/ámbito

Desde este miércoles 16 de julio, una empresa contratista trabajará en Av. Libertador para renovar una cañería cloacal. El corte durará cinco días.

Obras Sanitarias informó que, a partir del miércoles 16 de julio, se llevarán adelante importantes tareas de reemplazo de una colectora cloacal en el departamento Capital. La intervención se realizará en la calzada norte de Avenida Libertador, entre calles Urquiza y Ameghino, y obligará al corte total del tránsito vehicular en ese tramo.

Los trabajos estarán a cargo de una empresa contratista, que sustituirá una cañería existente de hormigón simple (HS) de 150 mm de diámetro por una nueva de PVC de 200 mm. La obra demandará aproximadamente cinco días de ejecución.

Desde la empresa aseguraron que la zona se encuentra debidamente señalizada, con carteles indicativos que orientan a los conductores sobre los desvíos habilitados y las calles alternativas para circular durante el período de intervención.

Para más información, Obras Sanitarias puso a disposición sus canales de contacto: el WhatsApp 264 506 4444 y la línea gratuita 0800-222-6773.

/DZ

El Gobierno de San Juan aún evalúa cómo afrontar el costo de incorporar 120 nuevos efectivos al Servicio Penitenciario, de un total de 400 egresados, en un contexto de estricta austeridad fiscal.

El Servicio Penitenciario Provincial de San Juan se encuentra a la espera de una decisión clave que impactará directamente en su estructura y, por ende, en las arcas provinciales. Tras meses de evaluación y planificación, se confirmó la inminente incorporación de 120 nuevos efectivos, puntualmente en 45 días, que elevará la planta total del Penal de Chimbas a 1.500 trabajadores. 

Enrique Delgado, titular de la Secretaría de Seguridad, confirmó que «en los próximos 45 días se inciorporarán a los 120 nuevos agentes del Servicio Penitenciario Provincial». Además, el funcionario dijo que «la decisión ya está tomada y antes de que quede inaugurado el nuevo sector 5, ya estaremos sumando más personal». 

El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, ya había adelantado que “la incorporación responde a una necesidad estratégica: mejorar las condiciones de seguridad dentro del penal, que ha experimentado un aumento en su capacidad de alojamiento con la construcción de nuevas plazas, y garantizar una gestión más eficiente en la custodia de los detenidos. La demanda de personal es palpable y el refuerzo es visto como indispensable para optimizar las operaciones diarias.

Estos 120 nuevos efectivos no son improvisados; forman parte de un universo de 400 estudiantes de la escuela penitenciaria que ya finalizaron con su formación y que aguardaban su nombramiento. Su incorporación permitirá no solo cubrir vacantes existentes, sino también ampliar significativamente la capacidad operativa del penal. Con el aumento de la población carcelaria y la expansión de la infraestructura, el ingreso de estos agentes es fundamental para mantener el orden y la seguridad interna.

El desafío para el Gobierno radica en cómo cuadrar estos nuevos egresos con la premisa de la austeridad. Cada sueldo adicional representa un impacto en el presupuesto provincial, y la administración actual se ha caracterizado por un estricto control del gasto público. La balanza entre la inversión necesaria en seguridad ciudadana y el compromiso con la disciplina fiscal es delicada. La decisión no solo marcará el rumbo del Servicio Penitenciario, sino que también será una clara señal del equilibrio que el Gobierno busca mantener entre sus prioridades.

/DH