Todos los testigos tendrán que volver a declarar en el nuevo juicio. La jueza del escándalo fue suspendida por 90 días, hasta que se haga el jury de enjuiciamiento.

“Hubo una persona que se equivocó (la jueza Julieta Makintach) y deberá seguir dando explicaciones, pero la Justicia no se mancha”. Con esta frase grandilocuente, pero que cayó mal, muy mal, en el Poder Judicial, los dos integrantes del Tribunal Oral número 3 de San Isidro les dijeron a todas las partes que el juicio por la muerte de Diego Maradona resultó nulo y que habrá que hacer otro juicio. En las cámaras superiores –la de Apelaciones de San Isidro y en la Casación y en la Corte Suprema bonaerense– creen todo lo contrario: la Justicia quedó manchada. Makintach actuó de manera parcial para quedar como una heroína de una condena, porque ella ya había decidido, de antemano, que al menos tres de los acusados iban a ser condenados y ella sería recibida como una de las estrellas de esa condena. Nadie la paró, nadie se dio cuenta. El golpe definitivo al juicio se lo dio la Corte, que usó calificativos como ”grave, inusitado, irregular, incumplimiento de los deberes” para suspender a Makintach y ponerla en camino a su destitución. Sus dos colegas del tribunal, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso, fueron mucho más suaves, aunque la conclusión fue la misma: juicio nulo, habrá que hacer otro. Los fiscales piden que sea este año, la mayoría de los abogados defensores y querellantes piensan que no hay chances de arrancar en 2025. Otros tienen diagnósticos aún peores

De esta manera, todo el proceso penal vuelve a foja uno. Es decir, se pierden los tres meses de audiencias realizados hasta el momento. La fecha oficial de su reinicio será confirmada más adelante, aunque trascendió que podría ocurrir en enero 2026.

Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso, los dos jueces que quedaron a cargo del juicio, aceptaron la recusación de Makintach, anunciaron que no se puede continuar con un juicio que está viciado y definieron su apartamiento del proceso.

Puntualmente, Savarino culpó a la magistrada Makintach por la nulidad del juicio al señalar que es «la única responsable» y aseguró que el proceso judicial «no corresponde que se reanude» en el mismo tribunal. «Los suscriptos no podemos asumir nuevamente el debate porque escuchamos a 40 testigos y una imputada», señaló.

«Hay que seguir adelante, vamos a volver a declarar, creo que va a haber justicia, si hay que hacerlo mil veces lo vamos a hacer», dijo Verónica Ojeda, madre del hijo menor del «Diez».

El juicio fue anulado a raíz de la revelación de las imágenes que pertenecen a Justicia Divina, una presunta serie-documental sobre el juicio por la muerte de Maradona, que se encontraba en desarrollo. La filtración de un tráiler y de un primer episodio en el que se mostraban imágenes del juicio, testimonios, e incluso primeros planos y declaraciones exclusivas de Makintach, hicieron suponer tanto a la querella como a los acusados que todo el proceso judicial había sido contaminado. 

Un juicio que se echó a perder por la frivolidad

Diego Armando Maradona falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020, víctima de un “edema agudo de pulmón” y de “una insuficiencia cardíaca”. Sin embargo, tras su fallecimiento, se suscitaron una serie de denuncias por omisión, es decir, por incumplimiento de deberes y atenciones al ídolo popular, quien contaba con severas complicaciones de salud.

Tras la denuncia que radicó la familia de «Pelusa», quedaron imputados por presunto el delito de «homicidio simple con dolo eventual» el médico Leopoldo Luciano Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Ángel Díaz; la jefa de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini; el coordinador de Medidom S.R.L, Mariano Ariel Perroni; el enfermero Ricardo Omar Almirón; y el médico clínico designado para la internación domiciliaria, Pedro Pablo Di Spagna. También está imputada la enfermera Gisela Dahiana Madrid, pero a diferencia del resto de los acusados, ella iba a enfrentar un juicio por jurados durante el segundo semestre, una vez que finalizara el debate principal.

En tanto, durante el juicio, que había comenzado en marzo, se habían realizado 19 audiencias, por las que pasaron más de 44 testigos, entre ellos, peritos, profesionales de la junta médica, familiares y cercanos a Maradona.

Uno de los puntos que se perderán con la determinación del Tribunal es la acusación contra el excustodio del futbolista, Julio César Coria, quien en medio del debate había sido detenido frente al Tribunal, acusado de falso testimonio. Sin embargo, por la nulidad, esta acusación perdió validez.

A su vez, todas las declaraciones desarrolladas a lo largo de las diversas audiencias tampoco serán tomadas en cuenta cuando se realice el nuevo juicio, por lo que todos los testigos deberán volver a dar testimonio.

En este sentido, se echaron a perder las declaraciones más importantes, por ejemplo, las referidas a la autopsia, la agonía que sufrió Maradona, la reunión previa a la externación, la duda sobre si hacía falta operarlo, cómo vivió sus últimos días, el entorno, y la historia clínica.

Acerca de los dos allanamientos llevados a cabo en la Clínica Olivos, lugar donde operaron a Maradona del hematoma subdural, y la empresa Medidom, que se encargó de la internación domiciliaria del jugador, las pruebas secuestradas tampoco serán legítimas.

Qué pasará con la jueza Julieta Makintach

Tras la divulgación de las polémicas imágenes del documental, el Tribunal Nº3 de San Isidro había decidido apartar a Makintach del juicio. En tanto, la Corte Suprema de Justicia bonaerense suspendió a la magistrada por 90 días.

“Prima facie se trata de una conducta alejada de la sobriedad, la mesura y la corrección exigibles a todo servidor de este poder del Estado”, insistió la Corte. 

Con la suspensión, la jueza pasará a cobrar la mitad del sueldo. Cuando se terminen los 90 días, se estima con que se renovará la suspensión por otros 90 días, y así sucesivamente hasta que se haga el jury de enjuiciamiento, lo que podría tardar muchos meses.

Asimismo, este lunes fue suspendida por tiempo indeterminado como docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, que a su vez le inició un sumario.

/P12

Quien fue capturado por efectivos policiales es un sujeto que cuenta con un amplio prontuario.

En las últimas horas se concretó una nueva detención en la provincia de San Juan. En esta ocasión se trata de un delincuente que era buscado desde hace tiempo, ya que tenía pedido de captura por distintos delitos.

Desde la Policía de San Juan informaron que el sujeto que estaban rastreando las autoridades es Nahuel Zalazar. Se trata de un joven de 29 años de edad, el cual cuenta con un amplio prontuario por haber cometido varios hechos contra la propiedad.

Sin embargo, en esta ocasión era buscado al tener un pedido de captura vinculado a una causa por lesiones y amenazas agravadas por el vínculo. Debido a esto, desde CAVIG pidieron su aprehensión, algo que se concretó el pasado jueves 29 de mayo.

Los autores de la detención fueron agentes de la Unidad de Apoyo Investigativo (D-5). Ellos lo encontraron circulando por Avenida España y Comandante Cabot, en Capital. Allí lo capturaron y lo pusieron a disposición de la Justicia.

/C13

Durante la audiencia de este miércoles, una testigo reveló que la empresaria le ofreció dinero para firmar una prestación falsa. Tras su negativa, habrían falsificado su firma. El fiscal pidió la detención de De la Fuente, pero el juez la rechazó.

Marilina De la Fuente, la dueña de Garder Salud, quedó aún más comprometida en el juicio que investiga una millonaria estafa contra la Obra Social Provincia (OSP). Durante la audiencia celebrada este miércoles, una testigo clave aportó un dato contundente que agrava la situación judicial de la empresaria: aseguró que, hace un año y medio, cuando el escándalo estaba por estallar, De la Fuente la llamó para ofrecerle dinero a cambio de firmar una prestación domiciliaria en favor de su padre que nunca se realizó. Al negarse, la acusada habría falsificado su firma.

A raíz de esta grave acusación, tanto el fiscal del Ministerio Público, Adrián Grassi, como el abogado de Fiscalía de Estado, Carlos Herrera, solicitaron la detención inmediata de De la Fuente por considerar que está intentando entorpecer el curso de la investigación. No obstante, el juez de Garantías Matías Parrón no hizo lugar al pedido. Pese a esto, se abrió una nueva causa en la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en Jáchal.

El caso Garder

La causa involucra a cuatro imputados: Eduardo Guzmán, Marilina De la Fuente, Florencia Molina De la Fuente y la médica María Noel Becerra. Los tres primeros están acusados como coautores de 26 hechos de defraudación a la administración pública y adulteración de instrumento privado; Becerra, como partícipe necesaria en un hecho.

El fiscal Grassi anticipó que pedirá penas de hasta 3 años de prisión condicional para los principales responsables y 2 años en suspenso para la médica. Sin embargo, desde Fiscalía de Estado buscarán penas de cumplimiento efectivo, debido a la gravedad de los delitos.

Las maniobras detectadas incluyen el cobro por prestaciones médicas y entrega de insumos que nunca se realizaron. Entre ellas, se documentaron ocho casos de falsos módulos alimentarios y 18 internaciones domiciliarias inexistentes. Una auditoría externa de la empresa Nivel Salud fue clave para descubrir el fraude, que luego derivó en una denuncia penal.

Becerra, por su parte, está acusada de haber emitido una receta utilizando el recetario y sello de otro médico, lo que violaría normas éticas y legales.

Juicio caliente

El proceso se anticipa largo, con abundante prueba documental, pericias y testimonios. En la audiencia pasada, llevada adelante el 16 de mayo, la defensa de los acusados negó los hechos. Diego Molina, abogado de Florencia Molina, aseguró que su clienta solo participó en la conformación legal de la sociedad y que su vínculo con la empresa fue mínimo

/TSJ