El exlegislador y su secretaria evitarían ser extraditados a la Argentina y tener que responder en una causa que instruye Arroyo Salgado por coimas. Las similitudes con el caso del operador macrista Pepín Rodríguez Simón.

Atrincherado en Paraguay. El exsenador Edgardo Kueider fue mandado a juicio oral por el delito de contrabando -haber ingresado 211.000 dólares de manera clandestina-, pero no es para él ni para su pareja, Iara Guinsel Costa, una noticia catastrófica. Lo fundamental para ambos es que no los manden a la Argentina, donde en lugar de estar en una casa cómoda, aterrizarían en el penal de Ezeiza. Todo el proceso amenaza con seguir el modelo de La Gran Pepín, en referencia a Pepín Rodríguez Simón, el operador judicial de Macri que estuvo tres años y medio en Uruguay pese a que lo reclamaba la justicia argentina. Kueider apelará aspectos de la decisión de mandar la causa al juicio oral por contrabando; apelarán también la resolución que pone en marcha el segundo juicio, el de extradición; y luego apelarán nuevamente lo que decidan los tribunales de alzada. Irán y volverán de la Corte Suprema guaraní. Hay conocedores del mundo judicial de Paraguay que pronostican que todo puede tardar -si así lo impulsa el poder político- diez años, con buenas chances de que Kueider y Guinsel Costa puedan transitar el proceso gran parte en libertad. En cuanto al poder político, es obvio que el gobierno de Santiago Peña, amigo de Javier Milei, jugará para que Kueider se quede en Paraguay sin que lo manden a la Argentina donde le harán preguntas incómodas. Por ejemplo, si el origen de los 211.000 dólares que llevaba en la mochila es la venta de su voto en la llamada Ley Bases. Todo parece calcado a lo de Pepín: el gobierno uruguayo de Luis Lacalle Pou sintonizaba con Mauricio Macri y el operador se pasó tres años paseando por las playas de Punta del Este sin que se cumpliera con el pedido de la justicia argentina.

Este miércoles, el juez Humberto Otazu resolvió elevar a juicio el expediente por la tentativa de contrabando de los 211.000 dólares. O sea, se sorteará un tribunal para que se haga cargo del proceso oral. Sin embargo, aspectos de la decisión son apelables -que el operativo fue inconstitucional, que se invaliden las cámaras y las filmaciones-, de manera que los abogados de Kueider presentarán un recurso ante la Cámara de Apelaciones. Y, si la Cámara confirma, irán hasta la Corte Suprema. Como sucede en Argentina, todo el proceso tardará lo que el poder político quiera: seguramente años.

La pena por tentativa de contrabando es relativamente baja: el máximo son cinco años de prisión, pero también está la alternativa de una multa. Quienes conocen la justicia de Paraguay creen que en un caso como el de Kueider, la pena puede rondar los 2 años y el equivalente a 500 dólares. Pero lo más trascendente es que el exsenador y su pareja se esconden detrás de esta causa, porque la ley paraguaya indica que no podrán ser extraditados hasta que cumplan con la pena. Es decir, que habrá un largo proceso con apelaciones hasta la Corte, luego el juicio, una pena, largas apelaciones hasta la Corte nuevamente y, al final, cumplir la pena. Mientras tanto, Kueider y Guinsel Costa seguirán en la casita de un buen barrio de Asunción y seguramente en unos meses pedirán que les permitan seguir el proceso en libertad. Según dicen en Asunción, no hay siquiera policías verificando que se cumpla la presión domiciliaria.

En los tribunales paraguayos aseguran que el proceso judicial de extradición, pedido por la jueza Sandra Arroyo Salgado, queda en pausa: no se puede hacer el juicio de extradición hasta que se haya terminado el caso de la tentativa de contrabando. Como se sabe, el juez Rolando Duarte concretó el martes la audiencia de reconocimiento de Kueider y Guinsel Costa en el marco del proceso de extradición. El magistrado le preguntó a ambos si aceptaban volver a la Argentina lo que fue rechazado por ellos y sus abogados. De manera que ese fue el primer paso hacia el juicio de extradición, el que queda en pausa por la causa del contrabando. Pero cuando ese proceso empiece a caminar, después asistiremos al espectáculo de las apelaciones, las idas y vueltas, tal cual ocurrió con Pepín Rodríguez Simón.

Sucede que el panorama que tiene el exsenador y su pareja es oscuro en la Argentina. Lo espera la causa que instruye Arroyo Salgado de coimas en la empresa de seguridad Securitas. Kueider era parte de la empresa y también directivo del gobierno entrerriano que contrataba los servicios de Securitas. La denuncia la hizo la propia empresa después de una auditoría interna y entregó frondosa documentación. La acusación la formuló el fiscal de San Isidro, Fernando Domínguez, quien hizo una larga investigación.

En sintonía con ese expediente, se instruyó en Entre Ríos otra causa por enriquecimiento ilícito a raíz del descubrimiento de cinco departamentos en un edificio de Paraná en que las expensas las pagaba una empresa llamada Betail S.A. La revista Análisis determinó que cada uno de los departamentos tiene un valor de 150.000 dólares, aunque uno asciende a 350.000.- Los pagos de expensas los hacía Guinsel Costa y Betail figuraba a nombre de Kueider y de un empleado suyo en el Congreso Nacional.

Para redondear, también hay un expediente en Comodoro Py sobre las irregularidades en los votos de la Ley Bases, en que Kueider, sorpresivamente, se dio vuelta a última hora y votó a favor. Fue el voto decisivo. En esa causa, que instruye el fiscal Carlos Stornelli, va a declarar la semana que viene la abogada Valeria Carreras. La letrada pedirá, como es lógico, que se analicen los celulares de Kueider y otros extraños votantes de la norma que le permitió avanzar a Milei con buena parte del ajuste.

La experiencia de Pepín en Uruguay demuestra que la clave de las extradiciones está en la política, no en la justicia. El gobierno de Luis Lacalle Pou miró con pasividad que el operador transitara cómodamente el proceso de extradición pedido por la jueza María Servini. El operador pasó tranquilos tres años y medio y volvió cuando consideró que en la Casa Rosada había un gobierno afín, el de Milei. Lo mismo parece ocurrir en Paraguay. El gobierno de Peña está en sintonía con Milei y ambos se referencian en Donald Trump. Peña tendrá la última palabra. Es que una vez que termina el proceso de extradición, el que decide es el Poder Ejecutivo, porque puede otorgar un refugio aduciendo que existe una persecución política. Todo indica que nadie -y menos que menos Milei- quiere a Kueider en Argentina. 

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 Ricardo Palacios, titular de la Unión Industrial de San Juan, alertó que muchas fábricas están dejando de producir para reconvertirse en comercios. Duras críticas al Gobierno Nacional por la falta de condiciones para competir.

Ricardo Palacios, presidente de la Unión Industrial de San Juan (UISJ), expresó su preocupación ante la reciente medida del Gobierno Nacional que reduce los aranceles para la importación de maquinarias y herramientas industriales. Si bien reconoció que puede representar un alivio puntual para ciertas empresas, advirtió que la industria local se encuentra en desventaja estructural y que esta apertura podría terminar por perjudicar a los fabricantes nacionales de maquinaria.

«Puede parecer positivo para quien tiene espalda financiera y puede comprar maquinaria para producir más. Pero muchas de esas máquinas se fabrican en nuestro país, y quienes las producen se verán directamente perjudicados», sostuvo. 

 «Una pelea desigual»
Palacio remarcó que la apertura indiscriminada de las importaciones, en un contexto de alta inflación, falta de crédito, costos energéticos elevados y fuerte presión impositiva, deja a la industria argentina en una situación extremadamente desfavorable para competir internacionalmente.

«Argentina no está preparada para esta pelea desigual con una cancha inclinada. No tenemos condiciones estables. La inflación sigue siendo de las más altas del mundo y el acceso al crédito es casi imposible: es escaso y carísimo». 

A eso se suma, según explicó, que el costo de la energía es más del doble que en otros países de la región, como Paraguay, y que el país tiene una de las cargas sociales más altas para el empleador.

«Pagamos entre el 50% y el 70% del salario en cargas sociales, mientras que en otros países es del 16% al 20%. Y transportar una mercadería desde San Juan al puerto puede salir lo mismo que enviarla de Buenos Aires a Japón». 

 «Estamos viendo industrias que se reconvierten en comercios»
El titular de la UISJ advirtió que la apertura de importaciones ya está generando un proceso de reconversión en muchas fábricas nacionales, que dejan de producir para convertirse en simples importadoras y revendedoras de productos terminados.

«Una industria que antes necesitaba 100 personas para fabricar un producto, ahora necesita solo 4 para venderlo importado. Sobran 96 personas. En el mediano plazo, esto va a generar un fuerte impacto en el empleo». 

Además, criticó la postura de algunos funcionarios nacionales que, según dijo, minimizan la importancia de la industria en el país.

«Escuché a un funcionario decir: ‘¿Para qué queremos tanta industria? Abrimos el mercado y listo’. Pero la industria es una de las principales generadoras de empleo y divisas. ¿Hay algún país desarrollado que no tenga una industria fuerte? No. Todos —Estados Unidos, China, Brasil, Europa— protegen su industria».

 Medidas de fondo: créditos, impuestos y reforma laboral
Consultado sobre qué alternativas serían más adecuadas para mejorar la competitividad, Palacio fue claro: no se trata solo de abrir o cerrar importaciones, sino de implementar reformas estructurales.

Entre las principales demandas del sector, mencionó:

-Reformas laborales: «Estamos operando con leyes laborales de hace más de 50 años. El empleo privado está estancado hace 13 años. Se necesita un sistema que brinde seguridad jurídica a ambas partes, como el de la construcción (UOCRA)«.

-Reducción de impuestos distorsivos: «Tenemos impuesto al cheque, ingresos brutos múltiples por jurisdicción, IVA alto, impuesto a las ganancias… El sistema tributario asfixia a las pymes».

-Infraestructura y logística: «Transportamos casi todo por camión. El tren debe ser una solución real para reducir costos logísticos en un país tan extenso».

-Costos energéticos: «La energía industrial es carísima. Hay que revisar la matriz energética para ser competitivos».

La industria no es prescindible: es el motor de todo»
Finalmente, Palacio reafirmó que la industria argentina no puede ser considerada como un sector prescindible. Por el contrario, dijo que es la base para la reactivación económica y el desarrollo nacional.

«La industria dinamiza el comercio, la construcción, la recaudación y el empleo. Le da de comer a todos. No podemos seguir funcionando con parches. Necesitamos que el sentido común prime en la política». 

Palacio concluyó que, si bien algunos sectores con proyección exportadora pueden verse beneficiados por la quita de aranceles, la gran mayoría de las pymes industriales que abastecen al mercado interno hoy están perdiendo competitividad, rentabilidad y puestos de trabajo.

«Antes no podías producir porque no te dejaban importar ni insumos. Ahora podés importar todo, pero ya no sos competitivo. Nos fuimos de un extremo al otro. Y en el medio está desapareciendo la industria nacional», concluyó. 

/DZ

La ministra de Gobierno de San Juan y miembro del Consejo de la Magistratura, Laura Palma, consideró que incorporar un examen de idoneidad sería beneficioso en la selección de magistrados, en un contexto de alta responsabilidad y búsqueda de liderazgo para cargos clave como el de fiscal general.

La ministra de Gobierno de San Juan y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Laura Palma, dijo en el Café de la Política que “sería bueno incorporar un examen de idoneidad”. Además, contó el perfil que busca en el nuevo fiscal general y el mandato que le baja el gobernador Marcelo Orrego.

Palma compartió su perspectiva sobre el rigor con el que asume su rol en el Consejo: «Mi función en el Consejo de la Magistratura te puedo decir que los que se han postulado a diferentes cargos, del año pasado y este, lo tomé con mucha responsabilidad preguntándole mucho y finito, incluso algunos integrantes me dijeron que no habían sido tan incisivos sobre la capacidad de los que postulan».

En el centro de la discusión actual se encuentra el crucial concurso para designar al próximo fiscal general de San Juan. Sobre este cargo, Palma fue enfática: «Esperamos que el que lo ocupe tenga la idoneidad y la capacidad para llevar adelante la función no solo en lo profesional, y conocimiento técnico, sino también el liderazgo porque tiene mucha gente a cargo». La ministra destacó que para ella «no es un requisito excluyente que sea del Poder Judicial, lo que importa es que sea capaz e insisto en que debe tener gran capacidad de liderazgo», lo que abre la puerta a profesionales de diversas trayectorias que puedan aportar una visión fresca y efectiva.

Como se contó en Diario Huarpe, se lanzó el concurso para ocupar la vacante al cargo de Fiscal General ante la Corte de JUsticia que se dio tras la muerte de Eduardo Quattropani. En este contexto es que Palma indicó que «teniendo en cuenta el calendario que se lanzó de parte del Consejo de la Magistratura imagino que en septiembre iniciaremos con las entrevistas, y dependiendo de la cantidad de postulantes es cuándo terminaremos enviando la terna a la Cámara de Diputados».

Finalmente, la ministra ratificó la amplitud del proceso y la autonomía con la que opera: «Todos tienen derecho a anotarse, cualquier profesional, y cuando sea la entrevista tengo el compromiso de preguntar todo lo que se requiera. El gobernador no me dice a quién tengo que proponer, solo me pide que lo ejerza con responsabilidad».

La polémica por la avenida

La ministra Laura Palma, pocitana ella, no dudó en abrir la polémica sobre el nombre de la avenida Joaquín Uñac o calle Mendoza. La funcionaria dijo que “todos los pocitanos siempre dijimos calle Mendoza”.

Además, la ministra dijo que “hay que preguntarle a los pocitanos cómo le dicen, te aseguro que todos la nombran como calle Mendoza”. Con esta afirmación le dio lugar a la discusión de cómo debería llamarse una de las arterias principales de Pocito, que desde hace tiempo se le cambió el nombre como al fallecido exintendente Joaquín Uñac, padre de Sergio y Rubén.

Textuales

Laura Palma / Ministra de Gobierno

«Para mí, no es un requisito excluyente que el próximo fiscal general sea del Poder Judicial, lo que importa es que sea capaz e insisto y gran capacidad de liderazgo”.

«El gobernador Marcelo Orrego no me dice a quien tengo que proponer en el Consejo de la Magistratura, solo me pide que lo ejerza con responsabilidad”.

/DH