Ministros, funcionarios y abogados manifestaron este lunes su apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner luego de que presentara un pedido de recusación contra el presidente del Tribunal Oral Federal (TOF) 2, Rodrigo Giménez Uriburu; y el fiscal Diego Luciani, quienes intervienen en la causa que investiga supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz.

A raíz de una nota publicada este domingo en Página 12, donde se ve a Luciani y Giménez Uriburu cuando integraban un equipo de fútbol en un torneo organizado en la quinta Los Abrojos del expresidente Mauricio Macri, la defensa de la vicepresidenta presentó esta mañana un pedido para que estos funcionarios judiciales sean apartados del caso y se declare la nulidad del proceso.

El ministro de Justicia, Martín Soria, sostuvo en declaraciones a Télam que «algunos jueces o fiscales en Comodoro Py, más que integrantes del Poder Judicial, son como el ‘Club Social y Deportivo Comodoro Pro'» y señaló: «Como decía la vicepresidente, son todos parte del mismo equipo».

«Es una vergüenza. Vuelve a mostrar el nivel de promiscuidad entre funcionarios políticos del macrismo, actores de la justicia -en este caso un juez y un fiscal- y obviamente el poder mediático que utilizaron para montar este aparato durante cuatro años de persecución política, jurídica y mediática», subrayó Soria.

En tanto, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, consideró que la fotografía que salió a la luz constituye una «ratificación» de la persecución política que «venimos cuestionando, denunciando y criticando severamente desde hace muchos años sobre cómo fue el armado de estas causas en las que se decidió usar la administración de justicia para llevar adelante una persecución política».

Y señaló en declaraciones a Radio 10 que este «grado de amistad se lleva puesto directamente el Código Procesal y toda la reglamentación legal sobre cómo debe ser la actuación de los funcionarios judiciales».

Asimismo, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirmó que el vínculo que comparten Luciani y Giménez Uriburu «no hace más que confirmar que no hay sed de justicia sino de venganza» contra la vicepresidenta.

«Los responsables de administrar la justicia, quienes están juzgando a la vicepresidenta, juegan al fútbol en la casa del expresidente. No hay un partido de fútbol, hay un partido judicial», denunció Katopodis en declaraciones a radio FutuRock.

«Va más allá de Cristina. Es impune, brutal, no podemos naturalizarlo», subrayó el ministro y agregó que con este accionar cualquier ciudadano «es susceptible al condicionamiento del sistema democrático».

Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y sus ministros de Desarrollo, Andrés Larroque; de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; y de Salud, Nicolás Kreplak, mostraron su apoyo en redes sociales retuiteando en las última horas el posteo de la expresidenta.

Además, Larroque escribió: «Sin Cristina no hay peronismo. Sin peronismo no hay país».

También el diputado nacional por el Frente de Todos Eduardo Valdés compartió a través de su cuenta de Twitter las fotografías e ironizó «está claro que la canción preferida de La Liverpool que suena en el vestuario del Poder Judicial de Los Abrojos es ‘Una pequeña ayuda para mis amigos’, de los Beatles».

En tanto, la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Juliana di Tullio, compartió una captura de pantalla de Gimenez Uriburu durante la audiencia de hoy tomando un mate con el escudo del equipo y escribió: «Se llama provocación e impunidad ¿Si jugara al fútbol en lo de Báez? Imparcialidad es lo único que no hay».

Sobre esta misma imagen, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, tuiteó: «No es una chicana, ni un gesto provocador, es un claro mensaje mafioso del poder que goza de impunidad».

Para el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, este juicio «es una muestra más de la descomposición que tiene un sector del Poder Judicial en la Argentina».

«Ratifica lo que veníamos diciendo que desde el mismo momento en que asumió (Mauricio) Macri se inició una campaña de persecución política y judicial sobre distintos dirigentes del kirchnerismo pero principalmente sobre Cristina», remarcó Rossi en declaraciones a Télam.

Asimismo, evaluó que «todo lo que se mostró alrededor de la causa de Vialidad es una gran operación política» y que hay «una clara intencionalidad política, se les nota en la cara a los funcionarios del Poder Judicial macristas».

Por su parte, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, subrayó en diálogo con El Destape Radio que «la imparcialidad de los jueces es una obligación legal inexcusable y tener trato frecuente con una de las partes debió llevar a los jueces a no intervenir».

Al ser consultada sobre cómo seguirá la recusación, explicó que «el propio Tribunal debe definir si hace lugar a la recusación y luego, si lo rechazan, está la instancia de Casación, que está llena de jueces que están en las visitas a Olivos y la Casa Rosada» durante el Gobierno de Macri.

Peñafort explicó que si la recusación es rechazada también en la instancia de Casación queda la alternativa de apelar ante la Corte Suprema, aunque también cuestionó a esa máxima instancia judicial al decir que «está plagado de llamadas» entre Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, exasesor judicial de Macri, y miembros de ese tribunal.

En este mismo sentido, el abogado que representa a la vicepresidenta en causas civiles, Gregorio Dalbón, dijo en declaraciones a radio AM 530 que «van a seguir saliendo» más pruebas que demuestran «todas las miserias que están haciendo para tratar de condenar» a la vicepresidenta.

En tanto, el sociólogo y analista político brasileño Emir Sader opinó en diálogo con Télam Radio que las acusaciones judiciales contra Cristina Kirchner se deben a la imposibilidad que tiene la derecha de «derrotarla electoralmente y de forma democrática», por lo que buscan a través de la Justicia «expulsarla de la política», haciendo un paralelismo con la situación que vivió el expresidente brasileño Lula Da Silva, quien pasó 540 días preso con acusaciones no probadas.