El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, afirmó este martes que «la mafia judicial convirtió ese odio en una sentencia ilegítima que lleva la firma del antiperonismo», al repudiar el fallo que condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner por administración fraudulenta en el juicio Vialidad.

«Hace más de una década Cristina Fernández de Kirchner fue condenada mediáticamente por el Grupo Clarín», afirmó Soria en su cuenta de Twitter.

Y aseveró que «hoy, la Mafia Judicial convirtió ese odio en una sentencia ilegítima que lleva la firma del antiperonismo y un deseo inconfesable: proscribirnos una vez más y controlar la democracia».

Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, planteó que la condena contra la vicepresidenta «estaba escrita» y completó:  «los peronistas ya conocimos la proscripción y la derrotaremos una vez más».

«Como dijo hace tiempo Cristina Fernández de Kirchner, la condena ya estaba escrita», sostuvo Taiana. 

También se expresaron en sus respectivas cuentas de twitter Mayra Mendoza, Andrés Larroque y Juan Grabois en repudio al fallo judicial que condenó a la dos veces presidenta de la Nación, actual vicepresidenta en ejercicio. 

Cafiero: «Una vez más, la justicia opera para perseguir y proscribir a la compañera Cristina»

El canciller Santiago Cafiero afirmó que «una vez más la justicia opera para perseguir y proscribir a la compañera Cristina Fernández de Kirchner», al rechazar el fallo que condenó a la exmandataria por administración fraudulenta con la obra pública en el juicio Vialidad.

«La causa es una mentira, por eso la sentencia ya estaba escrita», dijo Cafiero en Twitter.

«Una vez más la justicia opera para perseguir y proscribir a la compañera Cristina Fernández de Kirchner», sostuvo el canciller, quien aseveró que «como siempre, el pueblo peronista va a estar para acompañarla».

Martínez: «Nunca quisieron hacer justicia».

El presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, afirmó que Cristina Fernández de Kirchner «es inocente» y que «nunca quisieron hacer justicia», ya que «siempre buscaron perseguir descalificar, agraviar y proscribir».

Martínez expresó estos conceptos tras conocerse el fallo del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a la Vicepresidenta a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta con la obra pública en Santa Cruz.

«Nunca quisieron hacer justicia. Siempre buscaron perseguir, descalificar, agraviar y proscribir. Para nosotros, nada cambia. Porque @CFKArgentina es inocente», publicó en Twitter el titular del bloque de diputados del FDT.

Legisladores del Frente de Todos también publicaron tuits en la redes sociales bajo el hashtag «TodosconElla»

Por su parte, el vicepresidente segundo de la Cámara baja, José Luis Gioja, dijo que «el fallo es un mamarracho que nada tiene que ver con la realidad».

«Los fiscales y el director de Clarín escribieron la causa mientras tomaban mate frente al lago. No esperábamos otra cosa, si hasta se filtró la sentencia exacta. TodosConElla», agregó.

El legislador oficialista Leopoldo Moreau denunció que con esta sentencia «cumplieron con (el CEO de Clarín Héctor) Magnetto. El primer paso lo dio uno de la banda de los (magistrados) Mahiques. El segundo lo dio el corrupto juez (Julián) Ercolini. Todos aceptaron las dádivas de Clarín».

«La orden fue proscribir a Cristina. Las proscripciones fueron una tragedia en la historia», destacó Moreau.

El diputado del Movimiento Evita Leonardo Grosso señaló que «el partido judicial quiere torcerle el brazo al pueblo argentino y para eso castigan a quien más lo defendió desde la vuelta de la democracia».

Dijo que «buscan aleccionarnos y que no nos animemos más a pelear por la patria que queremos», y remarcó: «Hoy y siempre: el pueblo con Cristina».

Manzur: «Acusación sin sustento jurídico ni pruebas»

El jefe de Gabinete nacional, Juan Manzur, expresó su «afecto y solidaridad» para con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante su condena por administración fraudulenta en la causa Vialidad.

«Deseo transmitir mi afecto y solidaridad con @CFKArgentina, quien ha sido objeto de una acusación sin sustento jurídico ni pruebas materiales», sostuvo Manzur en Twitter.

«Sigo creyendo en la inocencia de nuestra vicepresidenta», aseveró.

La Secretaría de DDHH aseguró que el fallo contra la Vicepresidenta es «Concreción máxima del lawfare».

a Secretaría de Derechos Humanos aseguró hoy que el fallo del Tribunal Oral Federal 2 es un «cercenamiento de los derechos políticos» de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que constituye «la concreción máxima del lawfare en nuestro país», y llamaron a organismos internacionales a «realizar un escrutinio exhaustivo sobre estos procesos judiciales irregulares».

El Tribunal Oral Federal N° 2 condenó hoy a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Al respecto, la secretaría encabezada por Horacio Pietragalla Corti aseveró en un comunicado que «esta sentencia es inescindible del proceso electoral en ciernes y que concluirá con las elecciones presidenciales de 2023».

«El fallo dictado hoy, luego de un proceso judicial plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso, constituye un claro cercenamiento de los derechos políticos de la vicepresidenta y del electorado, que busca proscribirla políticamente de cara a las próximas elecciones», afirmó el documento.

La secretaría señaló que «para ser legítimos, este proceso judicial y la sentencia debían sustentarse en pruebas categóricas respecto a su responsabilidad penal y a un respeto irrestricto del debido proceso y el derecho de defensa que la ampara», pero «bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violaron las garantías fundamentales del Estado de Derecho».

«Sólo de esa manera el Tribunal, haciendo lugar a lo solicitado por los fiscales federales que intervinieron, pudieron construir y dictar esta condena ilegítima», indicó el texto.

En ese sentido, afirmaron que «la sentencia constituye la concreción máxima del lawfare en nuestro país, como práctica violatoria de los derechos humanos que opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública».

«Nos encontramos frente a un acto antirrepublicano del Poder Judicial», subrayaron.

Asimismo, especificó que «ante esta situación, y considerando que la sentencia tendrá un profundo impacto en la sociedad como conjunto, desde la Secretaría de Derechos Humanos reclamamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como máxima autoridad del Poder Judicial, que proteja el proceso democrático y la legitimidad del servicio de justicia».

«Está en juego ni más ni menos que el Estado de Derecho en nuestro país, y la amenaza en contra del proceso electoral es concreta y peligrosa», remarcó el comunicado.

Además, señaló que «como contracara de esta persecución a la principal referente política de este país, se mantiene en la impunidad a exfuncionarios que han permitido o avalado el endeudamiento criminal que ha condicionado al país y generado pobreza e indigencia en la población».

E hicieron foco en «los escasos avances de la causa por el atentado contra la Vicepresidenta, con la inexplicable división de las investigaciones entre autores intelectuales y materiales, y la reticencia para investigar las conexiones políticas», que «evidencian la falta de legitimidad del Poder Judicial».

«Al respecto, las pruebas sobre una reunión secreta entre jueces, el poder político y del poder económico en Lago Escondido son parte del mismo problema, como otra muestra de las relaciones espurias entre estos sectores», añadió.

Finalmente, indicaron que «la situación actual del funcionamiento del Poder Judicial y sus relaciones oscuras con el poder político y económico, que hoy cuenta con una sentencia ilegítima en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández, implica exponer la responsabilidad del Estado Argentino ante los organismos internacionales, quienes deberán realizar un escrutinio exhaustivo sobre estos procesos judiciales irregulares».