A través del decreto 426/2025, el Ejecutivo oficializó la eliminación de la agencia que regulaba el cannabis medicinal y el cáñamo industrial, junto a otras dependencias estatales. Las funciones pasarán a manos de ministerios y secretarías.

El Gobierno nacional oficializó una profunda reestructuración del Estado con la publicación del decreto 426/2025, firmado poco antes de que vencieran las facultades delegadas por la Ley Bases. Entre las medidas más destacadas se encontró la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).

Según lo detallado en el decreto, la eliminación del organismo respondió a un informe que detectó una estructura jerárquica sobredimensionada, en relación con la cantidad de personal. Además, se argumentó que el esquema vigente no diferenciaba con claridad entre los usos y productos derivados de la planta de cannabis, lo que generaba trabas regulatorias y afectaba la competitividad de la industria.

Con la disolución de la ARICCAME, las tareas vinculadas al cáñamo industrial y la biomasa quedarán bajo la órbita del Ministerio de Economía, mientras que ANMAT asumirá el control de los productos con fines medicinales.

El mismo decreto también suprimió al Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), cuyas funciones pasarán al Ministerio de Economía, que además ejercerá como autoridad de aplicación de la Ley 27.118. Sólo permanecerán el Registro Nacional de la Agricultura Familiar y algunas tareas básicas de fiscalización.

Otro de los organismos disueltos fue el Instituto Nacional de Semillas (INASE), junto con la Comisión Nacional de Semillas. Sus competencias pasarán a la Secretaría de Agricultura, que ahora contará con un Comité Asesor de carácter honorario para tareas de inspección y control.

En paralelo, el Gobierno decidió transformar el esquema de funcionamiento de otros entes autárquicos. El INTI dejó de operar como organismo descentralizado y pasó a depender directamente de la Secretaría de Industria. En tanto, el INTA y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) fueron convertidos en entes desconcentrados, con el objetivo de mejorar su articulación y eficiencia.

Estas medidas forman parte del plan de reestructuración estatal impulsado por el presidente Javier Milei, centrado en reducir el gasto público, eliminar organismos considerados ineficientes y redirigir funciones a áreas con mayor poder de ejecución dentro del Gabinete.

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La fiscalía profundiza la pesquisa ante la presunta venta de favores para sorteos de casas, que prometían cupos por sumas que alcanzaban los 400.000 pesos.

La causa por las presuntas estafas en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) reveló nuevos detalles este martes. La denuncia, interpuesta la semana pasada en la UFI en Delitos Especiales y Estafa, fue presentada formalmente por el abogado Diego Agustín Mercado, jefe de asesores letrados del IPV, a partir de información recibida en el celular de la directora Elina Peralta. Los indicios iniciales, según lo manifestado por el fiscal Nicolás Schiattino en radio Estación Claridad, señalan que las personas sindicadas en la denuncia «serían del Ministerio de Familia y de Acción Social».

Según lo detallado por la titular del IPV, Elina Peralta, se han recabado entre tres y cuatro denuncias, con al menos dos casos documentados con facturas emitidas por 400.000 pesos con el logo de gobierno y la leyenda «Instituto Provincial de la Vivienda». Estas facturas corresponderían a la «venta dirigida del sorteo hacia un barrio específico», ofreciendo la posibilidad de «salir en el sorteo, dirigidos a un barrio». Una de las personas identificadas por los damnificados, quien modificaba su apellido en las facturas vistas por Peralta, sería una mujer de nombre Agustina.

Peralta ha sido enfática en descartar en radio Sarmiento que el personal del IPV esté involucrado en estas maniobras, afirmando que la gente del instituto es «responsable» y trabaja «codo a codo» con la dirección. Además, subrayó la imposibilidad de manipular el sistema de sorteo del IPV, ya que es un «procedimiento muy complejo» que se realiza en conjunto con la Caja de Seguros, lo que hace «inviable la posibilidad de que salga una bolilla dirigida a alguien».

Por su parte, el fiscal Nicolás Schiattino confirmó que la investigación se encuentra en una «etapa que se llama investigación previa a la formalización», lo que significa que aún no hay elementos suficientes para imputar a una persona. Para avanzar, será crucial la citación de la directora del IPV, Elina Peralta, a la UFI de Delitos Especiales para realizar una «copia espejo de los mensajes que le han llegado a su celular». Esto busca determinar la veracidad de los mensajes y si las personas mencionadas en ellos «efectivamente trabajan dentro del Estado o son personas que no trabajan en el Estado y usan los nombres de personas que sí trabajan».

El fiscal también señaló la complejidad del caso, dado que los «presuntas víctimas» que pagaron el dinero podrían no denunciar por haber incurrido ellos mismos en un delito de «cohecho activo». Hasta el momento, el único elemento probatorio en mano del fiscal es un «recibo» o «tipo de factura» con un monto de 400.000 pesos y una firma sin aclaración, sin poder determinar si es de quien pagó o de quien cobró. La investigación, que requerirá analizar cámaras, teléfonos y cuentas, se enfrenta al desafío de la falta de colaboración de los damnificados.

Mientras la justicia avanza en esta compleja investigación, el IPV ha alertado a la población sobre la inexistencia de mecanismos para dirigir el resultado de los sorteos de viviendas, que son un procedimiento transparente y aleatorio.

/DH

Durante sábado y domingo se repitieron incidentes en cancha de Alianza y Trinidad. El detalle cronológico de los episodios violentos que siguen manchando la redonda.

No fue un fin de semana más en el fútbol sanjuanino en Primera División. En dos de los cuatro choques válidos por Cuartos de final, los encuentros se vieron manchados por la violencia: hinchas, jugadores y hasta policías quedaron envueltos en la polémica. El primero de los episodios fue el sábado en cancha de Alianza donde el local se midió ante Marquesado, mientras que el domingo la escena vergonzosa se repitió en Trinidad donde el León se medía ante Desamparados.

Todo comenzó el sábado en Alianza. El local había arrancado ganando casi desde los vestuarios con gol de Gerardo Morales antes del minuto de juego pero Marquesado lo empató al partido a los 23 minutos del segundo tiempo a través de Ignacio González. A esa altura el equipo del Far West jugaba con 9 jugadores. Si bien con ese resultado el clasificado se definiría desde los penales eso finalmente no pasó porque los hinchas de Alianza, aprovechando la escasa -casi nula- presencia policial en las tribunas, cruzó desde la cabecera norte a la sur, donde estaban ubicado unos 25 dirigentes y familiares del plantel de Marquesado. Los violentos lanzaron piedras provocando la corrida de los visitantes. Ante esto, algunos de los jugadores de Marquesado, lejos de intentar calmar la situación respondieron con más violencia, lanzando piedras desde el campo de juego hacia los hinchas de Alianza que rápidamente volvieron a su lugar en la tribuna.

El árbitro Jesús Allegue si bien recibió las garantías de la Policía de San Juan, que en cuestión de minutos envió refuerzos al estadio santaluceño, decidió suspender el encuentro debido a que dos futbolistas manifestaron haber sido golpeados por piedras lanzadas por los hinchas de Alianza. Martín Preziosa y Gonzalo González quedaron tendidos en el piso. Si bien Preziosa se recuperó, González no lo hizo y ante la ausencia del personal médico, el árbitro decidió suspender el encuentro.

¿Qué pasará? La terna arbitral ya presentó el domingo el informe arbitral donde contaron lo sucedido y este lunes a primera hora el Tribunal de Penas le corrió traslado a ambos clubes, teniendo en cuenta que este miércoles deben disputarse las semifinales, tanto Alianza como Marquesado deberán presentar su descargo antes de las 20 horas de este lunes.

Entre las posibilidades está que el encuentro continúe en cancha neutral y a puertas cerradas, esto si el Tribunal decide sancionar a Alianza con suspensión de cancha teniendo en cuenta que sus hinchas provocaron el desencadenante. En el caso que sea así, habrá que ver si se sancionará también a los futbolistas que quedaron registrados en las imágenes lanzando piedras e incluso agrediendo a un fotógrafo.

Otra de las alternativas sería sancionar a ambos equipos y que ambos queden eliminados, si bien es la alternativa menos probable que suceda, existe un antecedente de hace unos años entre Del Bono y Arbol Verde donde por un hecho similar, el Tribunal decidió eliminar a ambos.

Trinidad y Desamparados y otro hecho lamentable

Apenas un día después de lo ocurrido en Santa Lucía, en el barrio Atlético se repitió la misma escena. El encuentro entre Trinidad y Desamparados se jugó con ambas hinchadas. El partido estuvo parado por más de media hora cuando Trinidad pasó a ganar por 4 a 2 y un reducido grupo de 7 u 8 hinchas de Desamparados rompieron la tela para ingresar al campo de juego. Lanzando piedras hacia el campo de juego, fue inmediato el accionar policial que decidió retirar a los hinchas del Víbora del estadio cuando faltaban más de 10 minutos.

Ese accionar se vio desmedido por parte de las fuerzas policiales que lanzaron gases lacrimógenos y balas de gomas para apurar la salida de los hinchas donde incluso habían mujeres, niños y muchos familiares de jugadores. Los violentos respondieron lanzando piedras y hasta los jugadores de Desamparados intervinieron teniendo en cuenta que los efectivos policiales tenían en el suelo y reducidos por la fuerza, a dos jugadores de la Cuarta División de Desamparados que se encontraban en la tribuna observando el encuentro.

Incluso posterior al encuentro se hicieron virales videos donde se pueden observar a efectivos de la Policía respondiendo con gestos polémicos a los hinchas. En las imágenes se observa a uno de los efectivos en actitud desafiante y provocadora para con los hinchas. En otro de los videos también puede observarse a varios efectivos respondiendo con gestos polémicos cuando los hinchas le reclaman que habían golpeado a un joven que padece una

Lo cierto es que ese encuentro sí pudo terminar, no sin antes tener en el ojo de la polémica otro episodio violento que se dio cuando el futbolista de Desamparados Franco Lepe golpeó con su cabeza al lateral de Trinidad Roberto Martín, quien quedó tendido en el piso, perdió el conocimiento unos minutos y tuvo que recibir asistencia médica.

El jugador del León pudo retirarse del estadio por sus propios medios, mientras que para Lepe habrá que esperar que sanción leaplicará el Tribunal de la Liga Sanjuanina.

/DC