La Policía y pesquisas judiciales allanaron durante la tarde de este ayer, el edificio donde funciona la Obra Social Provincia (OSP) y también el local de la empresa involucrada en el escándalo por supuestos pagos de servicios no brindados que salió a la luz.

Se trata del escándalo por presuntos pagos de servicios no brindados. Los efectivos secuestraron documentación de interés para la causa y también material informático.

Este martes por la tarde personal policial y judicial llevó a cabo un allanamiento en el edificio donde funciona la Obra Social Provincia (OSP) y también en la empresa involucrada en el escándalo por supuestos pagos de servicios no brindados.

La misma gira bajo el nombre de «Garder» y tiene sede en Capital, por calle 25 de Mayo. Mientras que el edificio allanado de la OSP es el situado sobre calle Agustín Gnecco, también en Capital.

Las medidas fueron dispuestas por el fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales Iván Grassi y se llevaron a cabo sobre las 18. El fiscal Grassi es quien comanda la investigación penal tras la denuncia que recibió por las presuntas irregularidades que la OSP detectó en algunas prestaciones.

La investigación penal servirá para echar luz a la causa e identificar posibles responsables.

El caso.

Este martes al mediodía desde la OSP informaron que detectaron presuntas irregularidades relativas a prestaciones que no se habrían brindado y cuyo pago se efectuó por sistema.

Consecuentemente se dio intervención inmediata a la Fiscalía de Estado, sin perjuicio de la intervención de la Asesoría Letrada de Gobierno de la Provincia de San Juan

En base a ello y a la documentación recabada se procedió a realizar la denuncia correspondiente, poniendo en conocimiento de las autoridades judiciales del Sistema Acusatorio los hechos auditados y la documentación recabada para que la Justicia determine los posibles responsables del presunto hecho ilegítimo.

Debido a que se están investigando varias prestaciones, la OSP se exime de brindar mayores detalles hasta que la Justicia tome acabada información en relación a dichos hechos.

Cada tres meses la obra social realiza auditorías internas a los proveedores. Fue a través de estos controles rutinarios que se detecta un crecimiento exponencial en un tipo de prestación realizado por Garder S.A. ¿Cuál es ese servicio? El servicio de alimentación para afiliados que tienen internación domiciliaria.

Al notar este crecimiento sin precedentes, los controles se profundizan y se detectan cuatro posibles maniobras irregulares: servicios de alimentación para afiliados muertos; servicios de alimentación para afiliados internados en geriátricos y que figuraban como internaciones domiciliarias; servicios de alimentación cobrados, pero que no se brindaron y servicios de alimentación cuya prestación fue incompleta.

Todo ese cúmulo de presuntas irregularidades llevó a las autoridades de la OSP a consultar en Fiscalía de Estado, que aconsejó denunciar los presuntos hechos ilícitos. La denuncia de Greco fue por estafa a la administración pública y está siendo investigada por el fiscal de la UFI de Delitos Especiales Iván Grassi.

Si se determina la existencia del delito, lo que más espera el Estado es la cuantificación de los daños. Es que en base a esto la Provincia podría demandar a Garder S.A por daños y perjuicios en la justicia civil. En cuanto a las medidas que se tomaron desde la OSP, Auditoría Interna suspendió preventivamente los pagos de este tipo de prestaciones.

Según explicó el fiscal que indaga si existió el delito de estafa, por el momento no hay una causa, aunque sí una investigación inicial que determinará si corresponde o no efectuar el pedido de medidas preliminares por parte del representante del Ministerio Público. Para ello, Grassi tiene 15 días para evaluar la denuncia y realizar los requerimientos necesarios, como solicitar allanamientos u otras acciones que le competen.

Ahora bien, para impulsar la formalización del caso y dar comienzo a la Investigación Penal Preparatoria tiene hasta 90 días para profundizar, de ser necesario. No obstante, señaló que, si cuenta con material suficiente que respalde las sospechas de la comisión de un ilícito, el pedido de imputación se haría en lo inmediato contra la empresa proveedora del Estado que quedó en la mira.

“Descubrieron prestaciones que eran estables en el tiempo en tanto a cantidad y que de un momento a otro se tornaron exorbitantes. Esto motivó a que la auditoría ponga foco en eso”, dijo el fiscal de Estado Adjunto, Gastón Orzanco, a Canal 8. “Se trata de la prestación de servicio alimentario destinado a afiliados de la OSP que tienen ciertas patologías. Descubrieron que hay presuntas irregularidades: prestaciones que fueron pagadas y no realizadas; otras informadas como ejecutadas pero inexistentes; y otras que no fueron realizadas de acuerdo al régimen contractual, e incluso sobre afiliados fallecidos”, destacó el fiscal. En este contexto, se trata de unos 25 hechos que serían de una sola empresa. Sin embargo, Orzanco explicó que “en la denuncia se ha hecho reserva de poder ampliarla porque siguen auditando casos”. A partir de esto, aguardan las medidas que determinará el fiscal Iván Grassi en el marco de la investigación por la presunta estafa millonaria.

La firma.

Garder Salud S.A es una empresa registrada en la AFIP el 7 de julio del 2020. Entre las actividades que brinda la firma figuran en forma oficial servicios de proveedores de atención médica domiciliaria (incluye las actividades llevadas a cabo en domicilios de pacientes con alta precoz y que ofrecen atención por módulo) y también, servicios de internación excepto a instituciones relacionadas con la salud mental.

Garder Salud informa su domicilio en calle 25 de Mayo 299 (oeste) planta baja, Capital. Tiempo de San Juan se dirigió a la dirección informada a la AFIP pero no hay información identificatoria en el portero de las torres.