La justicia federal de Bariloche dispuso un allanamiento a la estancia de Lago Escondido del magnate británico Joe Lewis, en el marco de la causa en la que se investiga el viaje realizado en octubre pasado a ese lugar por un grupo de jueces, funcionarios del Gobierno porteño y directivos del Grupo Clarín.

El operativo para secuestrar documentación y elementos de interés para el expediente lo realizó este lunes personal de fuerzas federales de seguridad, según pudo reconstruir Télam de fuentes con acceso a la investigación.

La medida se produjo en el marco de la causa en la que la fiscal María Cándida Etchepare imputó a los jueces y funcionarios que participaron de la escapada sureña.

La fiscal había impulsado la investigación la semana pasada después de llevar a cabo una pesquisa preliminar en la que declaró el presidente de la empresa Hidden Lake S.A., que es la que administra Lago Escondido.

“El nombrado cumplió con el requerimiento efectuado y aportó las facturas emitidas en favor de algunos de los denunciados por la suma de USD 605 cada una, que acorde a la cotización imperante al 28 de octubre del año en curso en que fueron emitidas, equivaldría a $97.707,5”, sostuvo la fiscal.

“Una vez más, los documentos evidencian una clara discordancia con el momento en que se habrían alojado en el establecimiento, ya que el servicio se brindó los días 13, 14 y 15 de octubre, mientras que los comprobantes datan del día 28”, sostuvo.

“También llama la atención que no se hubiera emitido factura alguna, justamente, a los dos individuos que no detentan el carácter de funcionarios públicos y que, por tanto, tienen mayores libertades para ser invitados y no pagar por los gastos erogados”, afirmó en relación al exespía Leonardo Bergroth y al empresario Tomas Reinke.

En la primera repercusión política tras el allanamiento, el diputado Leopoldo Moreau publicó este martes en Twitter: «La fiscal de la causa que investiga a los jueces y fiscales mafiosos que fueron invitados por Clarín y Telecom allanó durante varios horas la mansión de Lago Escondido. Se llevó mucha documentación y testimonios. Parece que Casal y Casanova fracasaron y no la pudieron intimidar».

Este lunes, en tanto, se conoció que la Policía Federal allanó las oficinas y el hangar de Flyzar, en San Fernando (provincia de Buenos Aires), la empresa dueña del avión en el que el grupo se trasladó hasta Bariloche (Rio Negro) para hospedarse luego en Lago Escondido en octubre pasado.

El allanamiento se llevó a cabo durante el fin de semana y busca establecer quién pagó la escapada a Lago Escondido de la que participaron también directivos del Grupo Clarín.

Al impulsar la investigación, la fiscal federal Etchepare había requerido que se investigue la posible comisión de delitos vinculados con el pago y la aceptación de dádivas por parte de los viajeros.

Los nombres de los investigados

Los investigados en esta causa son los jueces Julián Ercolini (Criminal y Correccional Federal), Pablo Yadarola (Penal Económico), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo Federal) y Carlos Mahiques (Cámara Federal de Casación Penal); el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro; el exagente de inteligencia Leonardo Bergroth y el presidente de Mediabit S.A. Tomás Reinke.

La fiscal también imputó a Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A., y Jorge Rendo, CEO del mismo medio de comunicación, quienes no habrían compartido el vuelo con el resto de los imputados pero sí se reunieron con ellos en el aeropuerto de Bariloche, según surge de los registros fílmicos incorporados al expediente en la investigación preliminar.

En el requerimiento de instrucción, la fiscal detalló que el avión en el que se trasladaron la mayoría de los investigados pertenece a una empresa que posee un nombre de «fantasía», conocido como «Flyzar», que pertenece al empresario aeronáutico Gustavo Fernando Carmona.

«A su vez, la firma acompañó -a pedido de esta sede- copia de las facturas emitidas en favor de los denunciados, muchas de ellas datadas el mismo 13 de octubre por la suma de $120.000, a excepción, de las que corresponden a Bergroth de fecha 17 y 19 del mismo mes por la suma de $120.000 y $60.000, respectivamente. Es decir, estas últimas resultan posteriores a la fecha en que habrían viajado y por un monto superior. Llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados en la modalidad ´contado´ y que el pago se realizara el mismo día del vuelo», remarcó la fiscal.

Esos señalamientos de la fiscal generaron una batería de medidas de prueba tendientes a determinar cómo se financió el viaje para lo cual deberá comprobarse si los comprobantes aportados al expediente son genuinos o corresponden a una maniobra urdida para tapar que en realidad el viaje no fue pagado por los jueces y funcionarios que lo abordaron.

Etchepare consignó también en su requerimiento de instrucción de la semana pasada que inició actuaciones a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco a fines de octubre, quien puso en conocimiento de la fiscal que el 13 de ese mes viajaron desde Buenos Aires a Bariloche los involucrados mencionados.

El viaje se llevó a cabo en un avión privado de la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A., con matrícula LV-GCK, según consta en la denuncia.

«Todos ellos retornaron al aeropuerto de San Fernando el día 15 del mismo mes y año, tal como surge de la Declaración Jurada acompañada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria ante el requerimiento de esta Fiscalía», remarcó la funcionaria judicial.

Etchepare indicó que «en cuanto a los pasajeros arribados» a Bariloche ese día «no figura en ninguno de los vuelos el expresidente Macri, pero de ellos sí surgió la presencia de dos altos directivos del Grupo Clarín S.A, Pablo Casey y de Jorge Carlos Rendo».

Además, la integrante del Ministerio Púbico Fiscal detalla haber requerido a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) «la remisión de las filmaciones captadas por las cámaras del Aeropuerto Internacional Teniente Candelaria, en las que se puede ver el arribo del grupo en el vuelo privado antes indicado».

«Teniendo en cuenta los datos de la denuncia formulada, en cuanto a la posibilidad de que los funcionarios hubiesen sido alojados en la conocida estancia ‘Lago Escondido’, puede advertirse en las filmaciones que se observa que el contingente fue recibido personalmente por Nicolás Van Ditmar, presidente de Hidden Lake S.A., circunstancia ampliamente conocida a nivel local, principalmente en virtud de los públicos conflictos de la empresa y distintas organizaciones por el acceso al Lago Escondido, ubicado dentro de la citada estancia», añadió.