Las muertes por fentanilo contaminado en todo el país llegaron a 96, aunque sigue la investigación sobre algunos fallecimientos. 

Las autoridades judiciales investigan la trazabilidad de nueve casos en Bahía Blanca, cuya procedencia es dudosa por lo que está en pleno análisis, motivo por el cual existe la posibilidad de que la cifra se reduzca.

En la jornada del martes se confirmó que se logró incautar la totalidad de las ampollas de fentanilo distribuidas en todo el país. 

Se trata de más de 100 mil ampollas adulteradas con las bacterias Ralstonia pikettii y Klebsiella pneumoniae que fueron secuestradas y las cuales no se le aplicó a ningún paciente. De esta manera, ya ningún hospital tendría el opioide contaminado.

El pasado viernes 8 de agosto se llevó a cabo un allanamiento en la clínica Vélez Sarsfield, en la provincia de Córdoba, donde se secuestraron historias clínicas.

Pedido de informes al Gobierno

La comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen unificado sobre los proyectos de pedidos al Gobierno sobre los controles que debieron existir a los laboratorios que produjeron el fentanilo contaminado.

El presidente de la comisión, Pablo Yedlin, anunció el consenso entre los cinco proyectos presentados por diputados de Unión por la Patria, el PRO, Democracia para Siempre y el socialismo. Por lo tanto, hubo un solo dictamen sobre el pedido de informes al Gobierno.

El proyecto solicita al Poder Ejecutivo un informe sobre los controles a los laboratorios involucrados en el fentanilo contaminado, la cantidad de muertos ocasionados por este opioide y las alertas sanitarias activadas por el Ministerio de Salud y la ANMAT.

“Me atrevo a decir que esta es la peor situación de intoxicación medicamentosa en la Argentina desde la creación de la ANMAT, por eso queremos que ese organismo nos de explicaciones”, indicó Yedlin al abrir la reunión.

Por su parte, el diputado de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, afirmó que la cifra de casi un centenar de muertos por el fentanilo contaminado es “superior a los fallecidos en la tragedia de Once y la voladura de la AMIA”. “Nadie investiga, no hay un solo responsable en la cadena de compra y distribución, ni en los permisos otorgados al laboratorio que provee esta droga”, agregó.

El pedido de informes al Gobierno nacional incluye consultas sobre:

• «El total de casos confirmados, probables y sospechosos asociados al uso de fentanilo contaminado, discriminados por fecha de inicio de síntomas, jurisdicción, institución de salud y condición clínica alta, en tratamiento y fallecidos”.
• «El número total de fallecimientos confirmados con detalle de edad, sexo, comorbilidades, situación clínica previa, institución de salud y jurisdicción”
• Precisiones sobre “la cronología de la detección del brote: primera notificación, alertas sanitarias nacionales, comunicaciones oficiales y protocolos activados por el Ministerio de Salud, ANMAT y otras jurisdicciones”.
• Detalles sobre las “acciones de la ANMAT desde los primeros casos: inspecciones, clausuras, sanciones, retiro de productos, alertas sanitarias y modificaciones en protocolos de control de calidad y trazabilidad”.
• El “estado de habilitación de HLB Pharma y Ramallo S.A. al momento de la producción y distribución y grado de cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura” y las “medidas para garantizar el retiro efectivo de los lotes, con porcentaje recuperado y stock remanente potencialmente en circulación con detalle de droguerías que distribuyeron, instituciones de salud y jurisdicción adonde se encuentran”.
• El “listado completo de expedientes, inspecciones y sumarios iniciados por la ANMAT contra HLB Pharma y Ramallo S.A. desde marzo de 2020 hasta la fecha, con fechas, motivos, hallazgos, medidas correctivas, sanciones y estado de las actuaciones”.

/P12

Ariel Eduardo Lucatto fue suspendido por un año por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan tras comprobarse la alteración de un documento digital oficial.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan suspendió la matrícula del contador Ariel Eduardo Lucatto por un año, luego de constatar que el profesional modificó un documento digital que ya había sido aprobado oficialmente por la institución. La sanción, dictada por el Tribunal de Ética, estará vigente hasta el 4 de agosto de 2026.

Sobre su trayectoria, Lucatto estudió en la Universidad Nacional de San Juan entre 2005 y 2012. En noviembre de 2013, compartió en su Facebook -que es público- los festejos por la obtención de su título.

El profesional se desempeñó como auxiliar contable y en un reconocido grupo empresarial de la provincia, en base a los datos expuestos en su perfil de LinkedIn. Según el registro de Cuit Online, también ejerció profesionalmente ofreciendo servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial.

Según informaron desde el organismo, la conducta de Lucatto se considera grave no solo por la alteración en sí, sino también por tratarse de una infracción reincidente. El profesional ya había sido sancionado anteriormente, y esta nueva falta motivó una respuesta más severa.

El presidente del Tribunal de Ética, Alejandro Pérez, detalló que todos los documentos legales emitidos por contadores deben pasar por un proceso de certificación electrónica, que valida la firma y garantiza que el contenido cumpla con estándares legales. En este caso, Lucatto imprimió el documento y realizó modificaciones posteriores, lo que constituye una violación ética grave. El Consejo aclaró que cualquier cambio tras la validación digital anula la legalidad del documento.

Tras cumplir la suspensión, Lucatto podrá retomar su actividad profesional. Pese a ello, el Consejo enfatizó que continuarán supervisando estrictamente el cumplimiento de las normas éticas para evitar futuras irregularidades.

/TSJ

El proyecto, impulsado por diputados bloquistas, busca asegurar que la población pueda llegar de forma gratuita y pública a las riberas y espejos de agua provinciales, incluso donde hoy el paso está restringido.

Este jueves tomará estado parlamentario en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que apunta a garantizar en toda la provincia el acceso público, libre y gratuito a las riberas de ríos, diques y espejos de agua de dominio público provincial, con fines recreativos, turísticos, sociales, deportivos y ambientales.

La iniciativa, presentada por los legisladores del Bloque Bloquista Luis Rueda y Federico Rizo, se fundamenta en la Constitución Provincial, que reconoce estos bienes como de uso común, y en el Código Civil y Comercial de la Nación, que regula el uso de las riberas.

Hay sectores como en los diques Ullum, Punta Negra o Cuesta del Viento que presentan espacios donde el acceso está limitado por concesiones o propiedades privadas. El proyecto plantea que, cuando exista un bloqueo o restricción, la autoridad de aplicación pueda intervenir, de oficio o por pedido, para habilitar accesos públicos mediante servidumbres o expropiaciones, respetando derechos vigentes de los contratos.

En cuando a la normativa, los autores del proyecto pensaron también en establecer sanciones para quienes obstruyan accesos habilitados, obliga a registrar y señalizar los ingresos públicos, y dispone que toda nueva subdivisión o concesión junto a cuerpos de agua contemple este derecho. Esta parte sancionatoria para quienes se encuentren violando la normativa, se encuentra plasmado en el articulado 5° del texto original, aunque esto puede ser modificado al momento de la discusión en las comisiones.

En caso de ver luz verde la iniciativa, la autoridad principal de aplicación será el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, según el proyecto presentado, ya que esta cartera coordinará acciones con otras áreas provinciales y municipios para garantizar un uso ordenado, seguro y ambientalmente responsable de estos espacios.

/C13