Dudas sobre la disponibilidad de los fondos para intervenir en el mercado, la dolarización de carteras pre electoral y el crecimiento de la exposición de Argentina con un acreedor privilegiado.

El Gobierno aceleró su hoja de ruta para arribar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, pese a que el organismo aún no anunció un entendimiento a nivel staff, el presidente Javier Milei firmó un DNU que lo habilita a sellar un nuevo programa. Con la definición cada vez más cerca, los analistas advierten sobre tres riesgos: el uso de los fondos, la dolarización de carteras pre electoral y el crecimiento de la exposición a un acreedor privilegiado.

El ministro de Economía, Luis Caputo, le puso fecha: “Los desembolsos llegarán en el primer cuatrimestre”, dijo en reiteradas ocasiones. Para que eso ocurra, todavía debe anunciarse el acuerdo a nivel staff y luego ser ratificado por el directorio, que está formado por los representantes de los países que integran el organismo.

En cualquier caso, Javier Milei ya aclaró que el convenio incluirá el desembolso de fondos frescos. Sobre este punto, el escenario es incierto en cuanto a los montos, el cronograma y los usos. En lo que no hay dudas es en que el Gobierno necesita reforzar las reservas: las brutas están en su punto más bajo desde septiembre, las netas siguen siendo negativas.

Además, el Banco Central sigue vendiendo divisas para intervenir en los dólares financieros y ya lleva ocho meses consecutivos de cuenta corriente negativa. El último, enero, fue por más de u$s1.656 millones, según los datos que la propia entidad provee.

¿Podrá intervenir?

Ante este escenario, más allá de los argumentos de tipo contable que exhibe el Gobierno, para el equipo económico se vuelve indispensable contar con dólares frescos, frente a las vulnerabilidades propias del entorno local y la volatilidad que se registra a nivel internacional.

Sin embargo, algunos analistas advierten que en el acuerdo podría haber restricciones en cuanto al uso de los fondos. Por ejemplo, la Alyc Bull Market, vinculada a Ramiro Marra, advirtió en su último informe que el Gobierno no podrá contar con esos dólares a la hora de intervenir en los mercados financieros.

El mismo documento señala que las divisas “serán usadas para cancelar deudas con el BCRA y el FMI«. Además, arriesga algunos plazos específicos, dice que la primera recompra de letras será el 1° de junio de 2025, por u$s10.000 millones nominales y que recién en 2029 volverían los grandes vencimientos por cifras cercanas a los u$s12.000 millones.

El riesgo pre electoral y de devaluación

“Vos vas al Fondo cuando estás mal, no cuando estás bien”, dijo Emmanuel Álvarez Agis, titular de la consultora PxQ en una entrevista este jueves. El economista desacredita el argumento contable que presenta el Ejecutivo y enfoca la centralidad de las conversaciones con el Fondo en el financiamiento en moneda extranjera que implicará.

El último informe que la firma giró a sus clientes detalla el impacto que tendrán para las cuentas del Tesoro y el balance del Banco Central los fondos frescos, pero advierte: “Es relevante pensar qué pasa el día después si, como es evidente, esas reservas se utilizan (con o sin autorización del FMI) para intervenir en el mercado CCL, esa intervención tiene lugar vía una reducción de reservas que va en contra del balance del sector privado”.

Sobre este punto, remató: “El riesgo de este acuerdo es que, si la dolarización de cartera pre-electoral es de magnitud, podría ocurrir la paradoja de que el BCRA reduzca sus reservas, pero el Tesoro siga con su deuda con el FMI, por más que la deuda se pague con superávit fiscal, si la posición de reservas del BCRA es débil, esos pagos requerirán a futuro o bien una reducción del consumo por vía directo o por vía indirecta mediante una depreciación del peso”.

Tensión entre acreedores

Otro punto hasta ahora poco explorado es el efecto que podría tener para el resto de los acreedores que Argentina incremente su exposición con el Fondo, que al tratarse de un organismo multilateral tiene privilegios por encima del resto, como por ejemplo, no realizar quitas ante una eventual reestructuración.

Sobre esto puso la lupa Miguel Pesce, que como ex presidente del Banco Central estuvo en la primera fila de las negociaciones del acuerdo que se firmó en 2022. “Cuando uno incrementa la deuda con un organismo como el Fondo, que es un acreedor privilegiado, esto le puede sumar un problema para acceder al mercado”, dijo en diálogo con Radio 10.

En ese sentido, remarcó que “si se incrementa en u$s10.000 o u$s20.000 millones la deuda con el FMI, esto relega al resto de los acreedores que no tienen el privilegio del FMI y se hace más difícil que te presten, que salgas al mercado voluntario a colocar deuda porque se afecta el derecho del resto de los acreedores”.

Consultado sobre este punto, Daniel Marx, Director Ejecutivo de Quantum Finanzas, agregó que “siempre hay una tensión entre acreedores privilegiados y los que no lo son. Algunos lo pueden ver como un potencial conflicto, pero otros pueden ver que es bueno que aparezca algún actor que desembolse fondos y mitigue los riesgos asociados” y remarcó: “Creo que hoy se le da más valor a esto último que a lo primero”.

Los economistas más escépticos recuerdan que ya en otras ocasiones los programas con el Fondo llegaron bajo la premisa de que permitirían recuperar el acceso a los mercados y lejos estuvieron de cumplir ese objetivo. En el Gobierno insisten: «Esta vez es distinto”.

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