El presidente Javier Milei anunció este miércoles un DNU de desregulación de la economía, en el que anunció que derogará más de 300 leyes. Los 30 puntos que detalló el mandatario en cadena nacional, generaron una ole de opiniones de abogados constitucionalistas, que analizaron la presentación del megadecreto del Gobierno publicado.

Además, en el marco de los reclamos y protestas con cacerolazos en todo el país, referentes y dirigentes políticos de la oposición criticaron el DNU que salió a la luz este jueves.

Féliz Lonigro, abogado constitucionalista, dijo que «la Constitución, si hay circunstancias de carácter urgente, le permite ejercer atribuciones del Congreso al Presidente», explicó. Ante la eventualidad de una emergencia, «este mecanismo le permite saltar el trámite parlamentario» por la excepcionalidad de los hechos, dijo.

Para el especialista, el DNU de Milei «tiene que pasar con el Congreso y con una sola cámara puede aprobarlo. A partir de hoy, desde el octavo día, se toma como fecha de inicio de la medida», explicó. «El Congreso se ve en un brete de aprobar más d 300 leyes. Veremos que dice la Corte Suprema del DNU», agregó.

Por su parte, Daniel Sabsay, especialista y profesor de derecho constitucional, calificó al paquete de medidas como «una locura» y agregó: “No recuerdo una cosa así, ni en la época de Menem, ni en el gobierno militar”.

El experto aseguró que el decreto «es inconstitucional» y se va a judicializar dado que «no existen las circunstancias excepcionales que exige la Constitución para el dictado de un DNU”.

Antonio María Hernández, abogado de la Universidad de Córdoba, en diálogo con La Nación criticó que Milei le haya dado la espalda al Congreso y coincidió con Sabsay.“El Poder Ejecutivo no puede en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Esto tiene que ver con el equilibrio de los Poderes”, analizó. Y agregó: “El jefe de Gabinete Nicolás Posse tiene que presentarlos ante la Comisión bicameral de los DNU dentro de diez días de plazo y esta comisión tiene 10 días para emitir el despacho”.

En cuanto al camino del DNU, este debe contar con la mayoría en las cámaras para no ser rechazado. En ese sentido, Pedro Caminos advirtió que se trata de una estrategia «prohibida» que “entra en vigencia y mientras no es derogado, el decreto surte sus efectos”.

Otro de los expertos que se expresó férreamente en contra del DNU fue Andrés Gil Domínguez, quien en su cuenta de Twitter comentó: «El art. 99 inc. 3 de la Constitución establece como regla que el Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones legislativas bajo pena de nulidad absoluta e insanable y que los DNU son una excepción reglada».

«Derogar 300 leyes y modificar más de 300 leyes mediante DNU es un intento de suma del poder público vedado por el art. 29 de la Constitución que transforma al PEN en la Comisión de Asesoramiento Legislativo del siglo 21. Es la extinción del Congreso como corazón de la democracia», añadió.

El abogado constitucionalista y profesor de la UBA, Raúl Ferreyra, trazó un preocupante panorama sobre el decreto de necesidad y urgencia publicado por el presidente Javier Milei, opinó que es «abiertamente inconstitucional» y sentenció que se trata de «una suerte de suicidio de la democracia».

«El decreto es abiertamente inconstitucional, porque la legislación que se quiera llevar a cabo con vocación de permanencia tiene que ser hecha por el Congreso. Es una atribución de la suma del poder público que se dirige al artículo 36 de la Constitución, que dice que es un atentado al orden democrático», explicó en diálogo con el periodista Gustavo Sylvestre en Radio 10. «Esto es una suerte de suicidio de la democracia», resumió.

Ferreyra no descartó que la decisión derive en la posibilidad de iniciar un juicio político al Presidente. «Han dado vuelta el orden institucional, si un estudiante nos dice que estas materias puedes ser legisladas por DNU, lo mandamos a estudiar de nuevo», graficó.

Respecto a los mecanismos para intentar frenar los efectos de la medida, el letrado fue escéptico debido a que «la ley de control de los DNU es malísima, lo que provocó que ningún decreto de necesidad y urgencia haya sido controlados y rechazados. Es tan mala que no tiene plazo».

En el caso de intentar una presentación judicial, adelantó que «hay que ver si sea hace una impugnación global o punto por punto», aunque tampoco se mostró optimista.

«El per saltum es una manera de llegar rápido a la Corte, pero para eso hay que tener una sentencia favorable o desfavorable en primera instancia, es decir que hay que presentar una demanda y alcanzar una decisión. ¿Uno puede creer que la respuesta va a ser en el ámbito judicial? La Corte siempre fue reacia al control de las políticas económicas», recordó.

Por lo que, en su opinión, la respuesta está en el Congreso: «Es una tarea enorme que tienen los senadores y diputados, la respuesta recae sobre ellos», cerró.

@Ambito

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