Las voces de los sobrevivientes de los campos de concentración resonaron por primera vez en los tribunales. Las calles pedían castigo a todos los culpables en línea con el reclamo del movimiento de derechos humanos, que ha mantenido durante estas décadas la misma exigencia. 

Más de 50.000 personas salieron a la calle el 22 de abril de 1985. Una pancarta reclamaba: “Los desaparecidos exigimos juicio y castigo a todos los culpables”. A partir de esa tarde, la Cámara Federal porteña iba a juzgar a los integrantes de las tres primeras Juntas Militares que habían usurpado el poder desde 1976, implementando un sistema de tortura, muerte y desaparición. Por el juicio –que se extendió hasta diciembre de ese año– desfilaron más de 800 testigos y se examinaron más de 700 casos, que terminaron probando que detrás de la metodología clandestina los perpetradores buscaban consagrar la impunidad de sus crímenes. El proceso terminó con las condenas a prisión perpetua de Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, las caras más reconocidas de la última dictadura, y marcó un hito imprescindible en un proceso de justicia que hizo de Argentina un ejemplo en el mundo. Un proceso de justicia que sigue en marcha y que registra 1197 condenados desde la reapertura de los juicios.

Ese mediodía, todos estaban nerviosos. Los jueces habían optado por calmar un poco la ansiedad con un almuerzo en La Emiliana, un restorán elegante que funcionaba en Avenida Corrientes al 1400, a unas pocas cuadras del Palacio de Justicia de Talcahuano 550. Hacia allá fueron los seis integrantes de la Cámara Federal: León Carlos Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Andrés D’Alessio, Guillermo Ledesma, Jorge Torlasco y Jorge Valerga Aráoz. Todos se habían incorporado al tribunal de apelaciones con la llegada al gobierno de Raúl Alfonsín.

El fiscal ante la Cámara, Julio César Strassera, y su adjunto, Luis Moreno Ocampo, se habían inclinado por un barcito ubicado en Talcahuano entre Lavalle y Corrientes. Con ellos estaban los “chicos” de la fiscalía, que se habían integrado meses antes para preparar la acusación. “Fue un día memorable”, dice Moreno Ocampo. “Nunca había pasado que hubiera una multitud de manifestantes en la Plaza Lavalle. Fue la primera vez en la historia que había gente demandando justicia ante los tribunales”.

En el Palacio, la sala estaba ocupada por los 100 invitados especiales que podían ocupar los bancos. Según recuerda Pablo Llonto en El Juicio que no se vio, había unos 150 periodistas distribuidos en dos palcos. El juicio era filmado por Argentina Televisora Color (ATC), pero no se difundía en directo ni se pasaban fragmentos con sonido. La decisión obedecía a no generar tensión con las Fuerzas Armadas.

Hubo un momento de tensión cuando le pidieron a Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, que se retirara el pañuelo –emblema de su lucha. Hebe se resistió, lo que generó preocupación entre los jueces. Tuvieron que acercarse los fiscales y mediaron también otros referentes del movimiento de derechos humanos como Emilio Mignone, Augusto Conte y Adolfo Pérez Esquivel hasta que finalmente cedió.

Horas antes del inicio de la audiencia, los organismos habían distribuido un comunicado en el que le daban significación al Juicio. “Somos la memoria del sacrificio de nuestro pueblo en la lucha por la liberación, y no la obsesión de la venganza. Miramos el pasado –al cual se refiere siempre la acción de la justicia– como una fuente de advertencia. Pero el pasado constituye en este caso, al mismo tiempo, la amenaza de su repetición. Quienes han perpetrado los más graves delitos contra la vida, la integridad física y moral y la libertad de las personas no solamente proclaman que lo que hicieron fue legítimo; sostienen su derecho a hacerlo nuevamente toda vez que lo consideren necesario, y desconocen la legalidad de los tribunales de la Constitución encargados de juzgarlos”, señalaba la declaración que firmaban Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), que puede leerse en Hacer Justicia, el portal que lanzó la ONG Memoria Abierta.

Por entonces, la presión militar se palpaba en el aire. La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) les había hecho llegar una propuesta horas antes del inicio del juicio a los camaristas: los excomandantes estaban dispuestos a asumir la responsabilidad, si se levantaba el juicio. No hubo concesiones y el juicio se hizo.

“A nosotros nos amenazaban de muerte, pero nada más –dice con ironía Moreno Ocampo. Los camaristas sufrían más presiones políticas. A nosotros nos dejaban hacer lo que quisiéramos”. El fiscal adjunto, para entonces, tenía una rutina: antes de subir a su auto, se tiraba al piso para comprobar que no tuviese una bomba.

El descenso a los infiernos

–Señores de pie– se escuchó a las 15.25. 

Se pusieron todos de pie menos los acusados, que no estaban. La Cámara había dispuesto que solo sería necesario que estuvieran presentes en los alegatos. Quienes asistieron al juicio ese primer día se quedaron con las ganas de ver en el banquillo de los acusados a Videla, Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna, Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo.

El primer testigo fue Ítalo Luder, expresidente provisional del Senado que ejerció la primera magistratura cuando María Estela “Isabel” Martínez de Perón estuvo de licencia. A Luder lo habían convocado para explicar los decretos de aniquilamiento que los militares invocaban para justificar su accionar criminal.

La voz de los exdetenidos-desaparecidos recién se escuchó una semana después. La primera sobreviviente de los campos de concentración en testificar fue Adriana Calvo. Física, docente universitaria, Adriana Calvo fue secuestrada de su casa cuando cursaba un embarazo avanzado. Más tarde, los grupos de tareas se llevaron a su marido, Miguel Laborde. Adriana relató cómo parió a su beba, Teresa, mientras estaba con los ojos vendados y las manos atadas en el asiento atrás de un patrullero que iba a toda velocidad desde la Comisaría 5ª de La Plata hasta el Pozo de Banfield. Cuando llegó a ese centro clandestino, el médico policial Jorge Bergés le extrajo la placenta de un solo golpe. Le dieron un balde para que limpiara y recién después pudo tener en brazos a su bebita.

–Señor presidente: ese día hice la promesa que, si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todos los días de mi vida para que se hiciera justicia– le dijo Adriana al juez Ledesma.

Nadie se atrevió a pronunciar palabra después del relato del horror que había hecho la sobreviviente del Circuito Camps. Lo mismo pasó cuando semanas más tarde declaró Iris Pereyra de Avellaneda, sobreviviente y madre de un adolescente, Floreal “Negrito” Avellaneda, que había sido torturado hasta la muerte y arrojado en un vuelo de la muerte.

Los testimonios se extendieron hasta agosto de 1985. Los últimos que se escucharon fueron los que retrataban lo que había sucedido en el Hospital Posadas, el policlínico de la zona oeste que fue ocupado militarmente después del golpe. Medio centenar de trabajadores pasaron a integrar las listas negras y fueron detenidos ilegalmente. Para fines de 1976, empezó a funcionar un centro clandestino dentro de un chalet que estaba en el predio. La enfermera Gladis Cuervo estuvo allí secuestrada, donde fue sometida a feroces tormentos y presenció lo que padecieron sus compañeros de trabajo. Gil Lavedra escribió en La hermandad de los astronautas que con la declaración de Gladis fue la última vez que lloraron en el juicio.

Osvaldo Barros es sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Él y su compañera, Susana Leiracha, fueron testigos en el juicio. “Fue un caso muy difícil por un lado y muy emocionante por otro. Desde la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) se hablaba mucho con la fiscalía y se ayudó con la selección de los testigos. Nosotros estamos muy agradecidos con los pibes de la fiscalía, que nos acompañaban y tranquilizaban”, recuerda.

“Mi impresión es que el juicio fue muy importante para hacer conocer al conjunto de la sociedad la magnitud de lo que había sucedido. Hasta entonces no se sabía. Estaba el informe Nunca Más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), pero el juicio tuvo mucha presencia en los medios. Lo malo fueron las condenas irrisorias”, añade Barros.

Los excomandantes debieron estar en la sala cuando Strassera y Moreno Ocampo los acusaron. El final del alegato del fiscal invocando el Nunca Más despertó llanto y aplausos en el Palacio de Talcahuano. Algunos de los exintegrantes de las Juntas salieron mirando al piso; otros dedicaban improperios hacia las gradas.

El 9 de diciembre, la Cámara dio a conocer la sentencia. Solo Videla y Massera fueron condenados a prisión perpetua. Viola recibió una pena de 17 años; Lambruschini, de ocho y Agosti, de cuatro años y medio. Los demás acusados fueron absueltos. Después vinieron las leyes, los indultos y casi dos décadas de impunidad. En 2005 –casi 20 años después del Juicio a las Juntas– la Corte Suprema dio el paso necesario para reabrir las investigaciones e iluminar todos aquellos rincones del terrorismo de Estado que aún seguían en la oscuridad.

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