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Política & Economía Nacional

Capuchetti delegó la investigación por el ataque a Cristina en el fiscal Rívolo.

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La jueza federal María Eugenia Capuchetti delegó en el fiscal Carlos Rívolo la investigación por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, informaron a Télam fuentes judiciales.

Lo hizo mientras la Cámara Federal porteña analiza si aparta o mantiene a la jueza en la investigación, a partir de una recusación planteada por la querella de la vicepresidenta que le reprochó a la magistrada haber frenado distintas líneas de investigación.

A pesar de haber rechazado su recusación y de haber elaborado un informe con el que pretendió contrarrestar las críticas de la querella, esta tarde la jueza Capuchetti buscó una salida alternativa para intentar descomprimir la tensión en torno a la investigación y la delegó.

“Encontrándose la recusación ante ese tribunal (la Cámara Federal porteña), debo hallar un remedio procesal que propenda a la mejor administración de justicia y a la validez de los actos que se tomen, en lo sucesivo, con ese norte”, sostuvo la jueza.

La magistrada tomó la decisión en la tarde, después de que se sustanciara la audiencia en la que los abogados de la querella de la vicepresidenta reclamaron ante la Cámara Federal porteña que Capuchetti sea apartada de la investigación y denunciaron que si les fue frustrada “la posibilidad de la prueba” pudo haber sido para ocultar algo.

“Si nos frustraron la posibilidad de la prueba es porque había gato encerrado”, expresó el abogado José Manuel Ubeira en la audiencia ante el juez de la sala I del tribunal de apelaciones Leopoldo Bruglia, quien ahora deberá decidir si sostiene o aparta a la magistrada.

En la misma dirección, al salir de los tribunales federales de Comodoro Py, el letrado expresó que “si seguimos investigando llegamos a donde no quiere llegar, a las terminales del PRO” y luego refirió que existe en la causa una pista vinculada al diputado nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman, además de “un discurso de odio de determinados lugares”.

Para los abogados de la querella, la jueza Capuchetti mostró una “completa falta de iniciativa” y habría “boicoteado” líneas de investigación, por lo que no puede seguir al frente del caso, según expresaron en la audiencia, en la que primero intervino el abogado Marcos Aldazabal (que enumeró las irregularidades en el manejo de la causa) y luego Ubeira.

“La investigación es imposible así”, sostuvo Aldazabal tras enumerar lo que la querella define como “irregularidades” en la instrucción del caso: aseguró que “no se investigó” ni a la Policía Federal (por las demoras en la detención de Brenda Uliarte y el reseteo del celular de Sabag Montiel), ni la pista ‘Milman´, ni la línea de Carrol”.

La “pista Milman” es aquella iniciada el 23 de septiembre a partir de la declaración testimonial de un asesor del diputado nacional de La Cámpora Marcos Cleri.

El asesor aseguró ante la justicia que en la tarde del 30 de agosto, en el bar Casablanca ubicado a metros del Congreso, escuchó que Milman le decía a dos mujeres la frase “cuando la maten yo estoy camino a la costa”.

La “línea Carrol”, en tanto, es la referida a Hernán Carrol, el referente de la Nueva Centro Derecha a quien el detenido y procesado Fernando Sabag Montiel -hombre que intentó asesinar a la vicepresidenta- le asignó la misión de designarle un abogado para que lo defendiera en la causa.

Las diferencias entre la jueza y la querella se volvieron insalvables a partir de la decisión de la magistrada de no hacer lugar al secuestro del celular de las asesoras de Milman que declararon como testigos en la causa y negaron primero haber estado en el bar Casablanca el 30 de agosto para luego corregirse cuando les fueron exhibidas imágenes que acreditaban su presencia.

“Si queremos enderezar el rumbo de este asunto, apartar a Capuchetti podría ser el comienzo”, dijeron los querellantes durante la audiencia entre el juez Bruglia, al que además le aclararon que no reclaman “resultado concreto” para la investigación sino que quieren “que se investiguen todas las líneas para conocer qué pasó”.

“La duda se transformó en algo insoportable, no podemos tolerar que la jueza siga siendo la jueza de esta causa. El mensaje que se da para afuera es que matar a una Vicepresidenta no tiene costo y ahora estamos en una campaña electoral. No sé si la clienta (Cristina Kirchner) se presentará o no (a elecciones), pero el próximo año va a hacer campaña”, enfatizó Ubeira durante su intervención.

“Es bueno que el fuero federal tome la debida nota que si exponemos a esta mujer y el día de mañana hay un atentado contra su vida porque estos animalitos siguen sueltos, alguien se va a tener que hacer responsable y a la cabeza la ponemos a Capuchetti”, remarcó el abogado.

La audiencia, que estaba fijada desde la semana pasada, se realizó luego de que ayer la querella reclamara que se amplíe la indagatoria y se procese por asociación ilícita a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo y se ordenen de forma urgente nuevas medidas de prueba, tras detectarse una seguidilla de mensajes de Whatsapp que darían cuenta del accionar organizado de la banda.

“Recordá esta fecha”, “Esta hdp (sic) ya está muerta”, “No sabés que hicimos con esto”, “Generar miedo”, “Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo”, son algunos de los mensajes hasta ahora desconocidos y enviados desde el celular de Carrizo, jefe del grupo de supuesto vendedores de copos de nieve para el que trabajaban quienes agredieron a la Vicepresidenta, según surge de la presentación de la querella.

De acuerdo a la presentación a la que tuvo acceso Télam, los mensajes están consignados en un informe producido por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal (MPF) producido el 26 de octubre.

Tras repasar las supuestas irregularidades en la investigación y referirse a la presentación de ayer, el abogado Aldazabal sostuvo: “Tuvimos el error de confiar en que esas irregularidades se trataban de errores aislados, y que todos nos podemos equivocar, pero cuando pasó a ser una constante en la dirección de la investigación nos dimos cuenta que esto solo puede ser una enorme causa de falencia investigativa o mala fe. Ya es evidente que hay una enorme falta de imparcialidad”.

En la misma línea, tras salir de los tribunales, el abogado manifestó que en la causa existen líneas de investigación sobre las que la jueza pasa “horas o meses sin hacer nada” y luego aseguró que se trata de líneas a las que “boicotea” o sobre las cuales “se toman decisiones que hacen que la prueba se termine perdiendo”.

Política & Economía Nacional

Diputados de la oposición insisten para debatir el DNU

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El bloque de diputados de Unión por la Patria (UP) denuncia el accionar del titular de la Cámara baja, Martín Menem.

El bloque de diputados de Unión por la Patria (UP) insiste en debatir el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del Javier Milei y apunta contra el presidente de la Cámara, Martín Menem, por negar la sesión especial: “No tiene atribuciones para impedir que se desarrolle una sesión especial”.

A través de la cuenta oficial en X (ex Twitter), la fuerza opositora denunció el accionar de Menem: “El Presidente de @DiputadosAR no tiene atribuciones para impedir que se desarrolle una sesión especial. Le presentamos formalmente una nota a Martín Menem para que cumpla con lo estipulado en los art. 35 y 36 del reglamento”. Y agregaron: “Queremos tratar el brutal DNU 70/23”.

Más temprano, el jefe de la bancada, Germán Martínez, realizó declaraciones radiales y describió el escenario de conflicto.”El oficialismo convocó para que el día lunes comience una sesión especial para tratar la ley ómnibus y el paquete fiscal. Nosotros solicitamos para 24 horas después una sesión especial para rechazar el DNU 70/2023. ¿Qué hizo Martín Menem? Ratificó el pedido del oficialismo pero no el de la oposición“, explicó.

Además, sobre la ley Bases, la cual se debatirá la próxima semana, Martínez señaló que “el oficialismo tuvo una metodología distinta a lo que vimos en enero y febrero. En aquel momento hubo mucho debate en las comisiones y después llegaron desordenados al recinto. Ahora tienen un mayor orden interno en el tratamiento del tema.

Diputados: se cayó la sesión para tratar el DNU que impulsaba Unión por la Patria

El conflicto surgió este viernes, cuando Unión por la Patria convocó a una sesión especial en Diputados para tratar el DNU, que cuenta con el rechazo del Senado desde el 14 de marzo. Sin embargo, la presidencia de la Cámara pidió prorrogarlo a una nueva fecha debido al tratamiento de la ley Bases, que inicia el lunes.

Con la firma de 88 diputados del bloque peronista, la sesión fue convocada para el próximo martes. Sin embargo, Martín Menem revirtió la iniciativa dado que obstaculizaría el tratamiento en el recinto de las 156 páginas y 232 artículos que conforman la ley Bases. De esa manera, el tratamiento del DNU tendrá que esperar al menos una semana más para ser votada en la Cámara Baja.

La Comisión Bicameral trató los primeros DNU de la era Javier Milei

Esta semana, además, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo volvió a reunirse y comenzó a tratar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) promulgados durante los primeros meses de gobierno del presidente Javier Milei. Además, también debatieron 67 decretos con objeto cumplido de la gestión de Alberto Fernández. Fue en simultáneo al plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, donde se discutía los detalles finales de la Ley de Bases y el paquete fiscal.

Por el lado de Milei, por el momento sólo se trataron dos de sus decretos. Uno de ellos fue el que modificó las funciones en la Procuración del Tesoro de la Nación y sus requisitos para acceder al cargo, lo que permitió la designación de Rodolfo Barra en el organismo.

El otro decreto debatido, el 8/23 de Milei que modificó la ley de Ministerios, generó controversia y un cruce entre las diputadas kirchneristas Vanesa Siley y Ana Carolina Gaillard y el diputado radical Francisco Monti.

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Política & Economía Nacional

Advierten que la ley Bases pone en peligro al Banco Nacional de Datos Genéticos

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Un comunicado de la UCR expresa su preocupación por el futuro de la base de datos que colaboró en la construcción de Memoria, Verdad y Justicia tras la dictadura.

Este viernes, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) se expresó a través de un documento donde “instan a los diputados y diputadas de la Nación a que garanticen la preservación del Banco Nacional de Datos Genéticos“, una herramienta clave para la detección de niños secuestrados en la dictadura. Preocupación por el impacto de ley bases.

A través de un comunicado, el partido centenario señala que “entre los organismos sujetos a potencial disolución por parte del Poder Ejecutivo Nacional se encuentra el BNDG. Así surge del dictamen de mayoría de la Ley Bases, que en su artículo 3 no explicita la situación futura del Banco, poniendo en riesgo su existencia“.

“El BNDG nació en 1987, por ley 23.511 sancionada durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín. Su objetivo es claro y conocido: asistir a la reconstrucción de la identidad y de lazos familiares de niños y niñas arrancados a sus familias en los años de la represión ilegal. Gracias a su trabajo, hoy tenemos muchísimos nietos que pudieron conocer su filiación”, detallan.

Finalmente, recuerdan que “estamos a tiempo de defender el BNDG en el Recinto, honrando nuestros más preciados valores. Apelamos para ello a la responsabilidad histórica de todos los legisladores nacionales. El respeto a los derechos humanos -los de ayer, los de hoy y los de mañana- debe ser un compromiso de todas las fuerzas democráticas”.

Qué es el Banco Nacional de Datos Genéticos

El Banco Nacional de Datos Genéticos es el archivo público y sistemático de material genético y muestras biológicas de familiares de personas secuestradas y desaparecidas durante la dictadura militar argentina.

Sirve para poder identificar vínculos biológicos entre personas que sospechan ser hijos de desaparecidos durante el Terrorismo de Estado y sus familias de origen. Su análisis consiste en el estudio de las secuencias de nucleótidos (unidades que constituyen el ADN) que se encuentran en los cromosomas humanos.

En cuanto a la fiabilidad de sus resultados, las probabilidades de paternidad, hermandad o abuelidad son lo suficientemente altas como para confirmar o descartar prácticamente un vínculo genético.

La genética al servicio de la sociedad: cómo surgió el Índice de Abuelidad

Todavía en dictadura, la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo emprendió la búsqueda de nietos y nietas que habían sido apropiados. Sin embargo, necesitaban encontrar una manera de probar a ciencia cierta el parentesco con sus familiares.

En ese momento, todavía no había pruebas que permitieran analizar el ADN para determinar parentescos y era todavía más difícil cuando, en gran parte de los casos, ambos padres estaban desaparecidos.

Ante este problema, recurrieron a un grupo de investigadores liderados por Mary Claire King en Estados Unidos, y junto al genetista argentino Víctor Penchaszadeh, lograron desarrollar el “Índice de Abuelidad”.

A partir de un trabajo estadístico y matemático, este índice permitió establecer, con el material genético, vínculos entre abuelos y abuelas y nietos y nietas con un 99,99% de eficiencia. Por el alto grado de confiabilidad que aseguraba el análisis, la Justicia lo aceptó como prueba fehaciente.

La recuperación de Paula Eva Logares en 1984 fue el primer caso en el que la Justicia utilizó como prueba de filiación los análisis genéticos.

Tres años más tarde, el Congreso de la Nación impulsó la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, un archivo público y sistemático de material genético y muestras biológicas de familiares de personas secuestradas y desaparecidas durante la dictadura.

Desde entonces, el Banco colaboró en el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad vinculados con el terrorismo de Estado, y ayudó en la búsqueda e identificación de personas nacidas en cautiverio.

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Política & Economía San Juan

Los empleados públicos tendrán acreditados sus haberes el 30 de abril

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Así lo confirmó el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda.

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda informa la fecha de pago de los haberes de la Administración Pública correspondiente al mes de abril de 2024.

El mismo se encontrará acreditado en cajeros el día 30 de abril del corriente. Los haberes se percibirán con el 11% de incremento.

Cabe destacar que el plus se abonará en planilla complementaria.

@SiSanJuan.

/Imagen principal: SiSanJuan/

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