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Política & Economía Nacional

Denunciaron penalmente a Patricia Bullrich, Marcos Peña y Gerardo Milman.

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La Oficina Anticorrupción (OA) denunció penalmente a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y el exjefe de Gabinete macrista Marcos Peña por supuesto direccionamiento en una compra de sistemas de seguridad para pasos fronterizos en 2016.

Los denunciantes dijeron que se trató de una licitación irregular en la que el Gobierno de Juntos por el Cambio (JxC) habría optado por la opción más costosa en perjuicio de las arcas estatales por 5 millones de dólares, entre otras irregularidades.

“No quedan dudas respecto de la voluntad de la entonces Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y del Secretario de Coordinación Planeamiento y Formación de dicho Ministerio, Alberto Fernando Föhrig, de favorecer a las firmas ganadoras en perjuicio de la administración pública”, sostiene la presentación de 26 páginas que la OA presentó ante la justicia, informaron fuentes del organismo.

También fueron denunciados, al igual que Bullrich, por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” el exjefe de Gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña, y los exfuncionarios Gerardo Milman (actual diputado nacional de Juntos por el Cambio) y Fernando Alberto Fohrig.

En ese escrito, en el que se detalla el paso a paso de la operación, el organismo remarcó que “las numerosas irregularidades administrativas descriptas confirman la decisión de obrar en beneficio del consorcio IAI-ELTA/Rafael Ltd. en forma rauda y expedita, despreocupándose por siquiera disimular mejor la maniobra”.

Esa “maniobra”, según la OA, consistió en direccionar la compra de sistemas de seguridad para pasos fronterizos a una empresa a la que Cambiemos le pagó 35 millones de dólares, 5 millones más de lo que ofrecían las demás competidoras en la licitación.

Bullrich “resolvió adquirir el millonario sistema de seguridad de fronteras a Israel Aeroespace Industries Ltd. (IAI), es decir a una de las firmas representadas por Barr Eitamar, mediante un procedimiento que exhibe las irregularidades que se describirán a continuación”.

“Las conductas concretadas por Marcos Peña, Patricia Bullrich, Gerardo Milman y Fernando Alberto Föhrig, en tanto, implicaron la adquisición y capacitación para utilizar aeronaves no aptas para volar en nuestro país al momento de su compra, quedarían encuadradas en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, detalló el organismo.

Para la OA, Peña, Bullrich, Milman y Föhrig, “abuso de poder mediante, se habrían excedido en la confianza otorgada o las obligaciones asumidas, violando sus deberes, y abusando de su posición”.

“La acción típica entonces es la de perjudicar los intereses confiados, que en la inteligencia del mandato jurídico subyacente que origina la relación titular/administrador, implica la violación de deberes por parte del agente”, se argumentó en la presentación.

En base a la investigación, “Patricia Bullrich y (el funcionario) Fernando Alberto Föhrig impulsaron y adquirieron un sistema `enlatado` sin previsión alguna de su adaptabilidad a la realidad y a la normativa vigente en el país, por razones ajenas al interés público y en perjuicio del patrimonio estatal”.

Pero, además, la OA advirtió que cargan con otra “conducta objeto de reproche penal, cual es la adquisición de dos vehículos aéreos no tripulados que conforme la normativa vigente al momento de la compra, no estaban autorizados a volar en la República Argentina”.

Incluso, en esa operación, el Estado le pagó a la empresa ganadora de la licitación el impuesto a las ganancias por 600 mil dólares a través de un ente cooperador.

Política & Economía Nacional

El poder adquisitivo de los argentinos no se recuperará en 2024.

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El salto inflacionario desde diciembre y el ajuste que lleva adelante el gobierno deprimió a los ingresos de la población a niveles que no se observaban en más de dos décadas en la Argentina. Y pese a que los precios muestran un descenso, no se lograría compensar la pérdida del poder adquisitivo del 2024.

El consumo se estima que se derrumbará un 10% este año mientras que el salario real -en el sector privado formal- caería en promedio 7%. Consultoras aseguran que recién en 2025 podría recuperarse tanto el ingreso disponible como la adquisición de bienes y servicios, según pronósticos optimistas.

La caída de ventas en los supermercados se estima podría promediar 11%, en 2024 mientras que en restaurantes será del 7,5% en este año. Sólo en marzo, la caída en los súper llegó al 19%, mientras que los restaurantes registraron una pérdida del 6,7%.

Ante este contexto, los consumidores optan por los comercios de cercanía (no hacen compras tan grandes) y elijen segundas o terceras marcas, además de estar atentos y aprovechar las promociones y descuentos.

En el caso de los electrodomésticos, quedaron muy relegados en la lista de compras. Se prevé una caída del 25% para 2024 debido a que la predisposición de compra sigue en caída en los primeros tres meses del año, y en marzo, registra una caída del 66.2% el nivel más bajo desde la pandemia.

El ingreso disponible de la población podría reducirse más del doble, producto del fuerte reacomodamiento de los precios relativos de las tarifas de gas, luz, agua, transporte público y combustibles, que se vienen ajustando muy por encima de la inflación impactando con fuerza en los bolsillos.

La inflación interanual a marzo fue del 290% pero los precios de muchos bienes o servicios claves para la vida cotidiana superaron con creces esta magnitud: electricidad y gas, aumentaron el 300%; pan y cereales, 352%; combustible y lubricantes, 364%; medicamentos, 379%; transporte público, 385%; entre otros.

Otros que también tuvieron subas importantes, pero no al nivel del IPC fueron las prepagas, con un 289% (aunque la Justicia dispuso devolver lo cobrado por encima de la inflación), restaurantes y hoteles, 266%, educación, 227%; prendas de vestir y calzado, y alquiler de viviendas, 149%. Y todavía muchos deben seguir ajustándose para recomponer los atrasos pasados.

Según estimó la consultora Abeceb, el año próximo las ventas en supermercados podrían crecer un 2,5%, la actividad en restaurantes mostraría un resultado positivo que alcanzaría al 4,5% y la venta de electrodomésticos crecería el 12,3%.

Pese a la caída registrada desde diciembre, marzo mostró leves signos de una insipiente recuperación. De acuerdo al índice Ripte, elaborado por la secretaría de Trabajo y que mide la variación de los ingresos “estables” de la economía, el tercer mes del año mostró una variación de 14%, contra una inflación que fue de 11% en ese mismo mes.

En diciembre ese índice salarial había dado como resultado una pérdida muy pronunciada: 8,3% de mejora nominal en los ingresos contra un 25,5% de inflación. En enero los salarios avanzaron 14,7% contra 20,6% de IPC; y en febrero los números fueron de 11,5% y 13,2%, respectivamente.

Si bien el índice Ripte es una de las maneras que tiene el Estado de medir la variación salarial, algunos economistas consideran que, en contextos de volatilidad marcada de precios como los últimos meses, puede ser un indicador poco representativo. E incluso la propia Secretaría de Trabajo se encarga de aclarar al afirmar que este indicador “no refleja necesariamente la evolución de los salarios del empleo registrado privado”.

Asimismo, las propias consultoras aclaran que la actualización de tarifas que se comenzó a aplicar en las últimas semanas tendrá un nuevo impacto en los ingresos, por lo que recién la recuperación podría llegar el año próximo.

@DiariodeCuyo

/Fuente de imagen: Diario de Cuyo

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Política & Economía Nacional

Ley Bases y paquete fiscal: quiénes son los senadores que podrían inclinar la votación.

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El Senado iniciará esta semana el tratamiento de la ley Bases y el paquete fiscal en comisiones, luego de que obtuvieran la media sanción de la Cámara de Diputadosel martes pasado. En este contexto, el oficialismo ya comenzó con el juego de seducción para abroquelar una mayoría que le permita contrarrestar a los 33 senadores que componen el bloque kirchnerista sobre 72.

La Libertad Avanza arranca con la cancha más que inclinada, con un bloque de apenas siete senadores. A este pelotón, al menos para la votación de ambos proyectos en general, contaría con el apoyo de los seis del PRO y de, al menos, 11 de la Unión Cívica Radical (UCR), de un bloque compuesto por 13. Las dudas en el radicalismo marchan por la postura que podrían adoptar tanto Martín Lousteau (CABA) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego).

A la duda que genera la posición de Lousteau y Blanco se le suman la postura de los senadores de Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano. Ambos responden directamente al gobernador Claudio Vidal, quien ya le mostró los dientes al Ejecutivo en marzo, durante la votación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

Por su parte, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que pertenecer al Frente Renovador de la Concordia Social, también tendrán un rol preponderante. El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, lanzó un guiño para la Casa Rosada y llamó a “no entorpecer el camino del Gobierno”.

Mientras tanto, los de Unidad Federal (peronismo no kirchnerista) todavía no manifestaron ni dejaron entrever sus posiciones para la votación en general. Se trata de Edgardo Kueider (Corrientes) y Carlos Espínola (Entre Ríos). El bloque también lo integra Alejandra Vigo (Córdoba) quien se inclinaría por la afirmativa.

Por otro lado, el bloque Cambio Federal, que lo integran las senadoras Andrea Cristina y Edith Terenzi (ambas de Chubut) y el senador Juan Carlos Romero (Salta). De estos tres porotos (en la votación general), dos acompañarían al oficialismo: Cristina y Romero. Terenzi, en duda. Fue una de las que se plegó al rechazo del DNU.

En este contexto, quedan los unibloques de Comunidad Neuquén, en representación de Lucila Crexell (Neuquén); Juntos Río Negro con Mónica Silva (Río Negro) y Por la Justicia Social con Beatriz Ávila (Tucumán). De los tres votos, el Ejecutivo encontraría apoyo en general de Silva y Ávila.

Por lo que el poroteo, para la votación general en favor del Gobierno, quedaría con 29 escaños casi asegurados: Cambio Federal (2); PRO (6); Juntos Somos Río Negro (1); La Libertad Avanza (7); Por la Justicia Social (1); Unidad Federal (1); UCR (11). Son 10 los votos que aún están en aire y por los que el Ejecutivo deberá negociar para contrarrestar los 33 del kirchnerismo.

Ley Bases y paquete fiscal: optimismo en el oficialismo, pese al masivo rechazo de UP

Francisco Paoltroni, uno de los referentes de La Libertad Avanza en el Senadoplanteó la posibilidad de alcanzar el Pacto de Mayo con la aprobación de la ley Bases y el paquete fiscal. A pesar de que el bloque oficialista cuenta con apenas 7 senadores en su bancada, la suma de aliados abre perspectivas para un votación reñida.

Soy muy optimista, por sentido común se debería aprobar. El jueves 17 de mayo la Ley Bases y el paquete fiscal podrían ser ley. Creo en el apoyo de los gobernadores”, señaló Paoltroni en una entrevista en Radio Metro este viernes, y apuntó que pueden recibir acompañamiento de legisladores del justicialismo: “El kirchnerista no tiene nada que ver con el peronista clásico”.

Del otro lado de la bancada oficialista, el jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, aseguró que todos los senadores que integran el espacio votarán en contra del proyecto del presidente Javier Milei: “Los 33 senadores de UP vamos a votar en contra”.

El legislador aseguró en declaraciones con Radio 10 que los 33 senadores de Unión por la Patria votarán en contra de la Ley Bases, porque “votamos de acuerdo a la Constitución Nacional el artículo 29, donde no podemos ceder prorrogativas al Poder Ejecutivo”.

Además, a contrapartida de lo ocurrido en Diputados la semana pasada, Mayans aseguró que desde UP se ofrecerá el tratamiento de la ley artículo por artículo. “Acá hay que trabajar tema por tema, no hay que lavarse las manos. Todo esto proviene de una ley, bueno ¿qué quieren hacer con cada una de las empresas del estado?. Acá se lavan las manos y entregan facultades amplias para que se haga lo que se quiera, no es así”, señaló.

@Ámbito

/Fuente de imagen: Ámbito

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Paro total e indefinido en el Registro del Automotor.

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Los trabajadores del Registro del Automotor han anunciado un paro total e indefinido a partir del próximo lunes 6 de mayo, en respuesta al reciente anuncio del gobierno de cerrar el 40% de los registros seccionales encargados de la documentación vehicular en todo el país.

Este cese de actividades comenzará a las 8:30 de la mañana y perdurará hasta que los representantes del sector sean convocados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para dialogar sobre la situación.

La decisión de paralización surge tras el comunicado emitido por la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor, donde se informa que la medida “abarca a todos los Registros Seccionales y sus trabajadores registrales”, enfatizando que durante este período “no habrá recaudación para girar” al ministerio correspondiente.

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