Funcionarios y legisladores junto a abogados y miembros del Poder Judicial rechazaron con duros cuestionamientos la asunción del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, como nuevo titular del Consejo de la Magistratura.

Lo acusaron de perpetrar un «asalto» a las instituciones y lo señalaron como un ataque en particular al Congreso de la Nación, al recordar que «la Justicia no debe legislar».

Uno de los primeros en expresar su repudio fue el ministro de Justicia, Martín Soria, quien advirtió que la Corte Suprema dio un «golpe institucional« con el desembarco de Rosatti al frente del Consejo de la Magistratura, y sostuvo que «no están salvando la República«, sino «protegiendo a los saqueadores de la Argentina y sus cómplices«.

En el mismo sentido se expresó el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, para quien la situación es «absolutamente anormal e ilegal», porque «no está previsto en la Constitución Nacional que la Corte Suprema emita fallos inconstitucionales» advirtió en declaraciones radiales.

«En términos legislativos, el fallo de la Corte es contra el Congreso, es muy interesante cómo los legisladores aceptan alegremente que otro poder del Estado cercene sus facultades y se las secuestre», argumentó el viceministro.

En tanto, la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, definió la acción de Rosatti como «un atropello institucional y un avasallamiento al Poder Legislativo« que «pone en peligro el Estado de Derecho» ya que -reiteró- «la Justicia no debe legislar».

Desde el Poder Judicial también surgieron críticas, como las del presidente saliente del Consejo de la Magistratura, el camarista Alberto Lugones, y el titular del Juzgado federal N° 1 de La Plata, Alejo Ramos Padilla.

«Rosatti no podría asumir sin incumplir el fallo que él mismo dictó«, planteó Lugones, camarista y docente de Derecho Constitucional, en declaraciones a AM750.

En ese sentido, detalló que el fallo de la propia Corte sobre la Magistratura es «contundente» porque especifica que el titular del máximo tribunal va a poder asumir «recién cuando se integren los demás miembros hasta llegar a los veinte de la ley derogada».

«Hay gente muy apurada porque asuma Rosatti«, alertó Lugones.

Por su parte, Ramos Padilla calificó el hecho como «un golpe de Estado institucional« y afirmó que la Corte Suprema «se está arrogando facultades legislativas al dictar un fallo contrario a la Constitución».

Además, el magistrado se mostró partidario de que el Ejecutivo dicte «un decreto de necesidad y urgencia estableciendo un Administrador General para el Consejo de la Magistratura y desconociendo toda decisión que pueda tomar el Consejo hasta tanto haya una ley que lo regule».

«Esto –continuó Ramos Padilla- se debe asumir como un conflicto de poderes y, al no haber ley que regule el Consejo, no hay Consejo».

En ese sentido, el juez agregó que las decisiones «que tome un Consejo de la Magistratura que no es tal» no deberían ser acatadas ni por el Ejecutivo ni por el Legislativo.

Además, Ramos Padilla adelantó que está promoviendo una nueva manifestación frente al Palacio de Justicia para el 24 de mayo.

Desde el Congreso, la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, alertó que con sus decisiones de hoy la Corte «está quemando la Constitución Nacional», y equiparó la situación con «un golpe institucional«.

«Las papas no están quemando sino que la Corte está quemando la Constitución nacional. Quiere aplicar una ley que derogó el Congreso y, aunque sea ‘suprema’, eso no la vuelve legislador», argumentó la letrada al insistir con el principio de que el Poder Judicial no tiene funciones legislativas.

En ese marco, Peñafort explicó que la Corte no puede dictar este fallo «porque no se puede ser juez y parte» y sostuvo que se trata de «un desquicio de competencias y funciones».

En sintonía con esos planteos, los diputados y senadores del Frente de Todos encuadraron la acción de la Corte como «un asalto al estilo Rambo«, según palabras del neuquino Oscar Parrilli, y coincidieron en que el máximo tribunal está protagonizando «un golpe institucional«.

Según Parrilli, la Corte está «asaltando el Consejo de la Magistratura al estilo Rambo«, y luego adjudicó la intervención por parte del máximo tribunal a «una maniobra de (Mauricio) Macri para lograr impunidad en el Consejo de la Magistratura, como ya la tiene en la Corte, frente a la avalancha de denuncias que tiene».

También el jefe del bloque del FdT en Diputados, Germán Martínez, describió el episodio como «un escenario de gravedad institucional».

«Si hoy el presidente de la Corte asume la Presidencia del Consejo de la Magistratura, se consolidará un hecho gravísimo para la vida institucional argentina. Los posibles caminos están bien definidos: darle tiempo al Congreso para legislar, o insistir en un escenario de gravedad institucional«, insistió Martínez.

En la misma línea, el diputado entrerriano Marcelo Casaretto (FdT) pidió a los miembros de la Cámara baja y del Senado que integran el Consejo de la Magistratura no convalidar el «desembarco» del presidente de la Corte, a quien atribuyó «desesperación y ambición de poder».

«La ley (para reformar el Consejo) está en tratamiento. En el Senado ya consiguió media sanción, ahora tenemos que tratarla en Diputados. Convoco a todas las fuerzas políticas a que debatamos esto y no convalidemos este desembarco de Rosatti en el Consejo de la Magistratura sin ninguna ley que lo respalde», convocó Casaretto.

Anoche, la vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, se había referido al tema desde sus redes sociales, donde planteó sus críticas a la «casta de la que nadie habla», por la escasa cobertura que tuvo el domingo la acción de la Corte y haciéndose eco del tuit de un periodista que recordaba que Rosatti asumiría hoy «gracias a un fallo dictado por él mismo».

/Página 12.